El pasado viernes se otorgó la Orden del Quetzal a dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad quienes hace 32 años con el serranazo se opusieron al golpe de Estado, junto a recordados juristas como Epaminondas González, Jorge Mario García La Guardia y otros no menos importantes. Se trató de una digna condecoración a Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano y Gabriel Larios Ochaita.

En su emotiva alocución Rohrmoser mencionó los riesgos que corrían, pero recibieron el respaldo de países amigos y de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos. Además, la sociedad civil jugó un papel ejemplar en aquella época, incluyendo grupos antagónicos que se agruparon y repelieron el ataque institucional.

El acto también sirvió para conmemorar 40 años de la actual Constitución Política. Asistieron personalidades de peso que encabezan un avance por estos tiempos, y hay que decirlo que, como sancarlista, se extraña la total ausencia de sus principales cabezas en esos ambientes; no así la Universidad Rafael Landívar cuyo rector SJ Miquel Cortés y la actual presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala Patricia Gámez son figuras renovadas que están encabezando una nueva vanguardia de cambio.

Adicionalmente, llama la atención la invitación no sólo para revisar los capítulos de justicia y electoral de la actual Constitución Política, sino el llamado de varios ex constituyentes para iniciar un debate en pro de la refundación del Estado. ¿Qué significa esto? Veamos:

Hace algún tiempo escribí unos cuadernos de investigación sobre la necesaria transformación del Estado guatemalteco, y ello corría paralelamente a las exigencias del movimiento social conocido como La Plaza que surgió con el detonante de las corruptelas de Otto Pérez Molina y Roxana Baldettii en los casos conocidos como La Línea I y La Línea II.

También, en 2017 para ser más exactos, junto con Elena Diez, actual subdirectora del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica Y Social -ILPES- con sede en Santiago de Chile, escribimos para el Baker Institute de Rice University el estudio denominado Guatemala: del Estado Burocrático-Autoritario al Estado Fragmentado.

El objetivo del mismo es el de la contribución a una comprensión de las características de las políticas públicas de Guatemala, determinar su estabilidad a largo plazo y su adaptabilidad a las condiciones cambiantes del entorno. Se enfoca en actores políticos y su habilidad para lograr resultados cooperativos, lo que depende en buena medida del juego político, y de los procesos de debate. Por ello es que suena muy oportuno este llamado encabezado de los exconstituyentes, que no sólo invita a reformar temas de justicia y elecciones, sino a un debate sobre la refundación del Estado.

En el foro, celebrado en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, la conocida abogada Anabela Morfín muy bien apuntó a las reformas constitucionales de 1993 y la necesidad de revisar propuestas como la relativa a las comisiones de postulación que han politizado el quehacer de los colegios profesionales y de diversas decanaturas muy importantes de las universidades privadas y por supuesto la única estatal.

Haciendo a un lado los propios análisis jurídicos, la refundación del Estado tiene que ver con un desarrollo más igualitario y con resultados claros y concisos de la política pública, a través de las políticas económicas y sociales esperando su puesta en práctica aún, y de los resultados de un presupuesto público que en tiempos de la ANC era de Q1,700 millones, mientras que hoy llega a Q148 mil millones.

La crisis política de los tiempos del estudio y la de ahora pone en evidencia los profundos rezagos de la democracia, que además están asociados a la precariedad económica y social, junto a la corrupción y el ascenso del crimen organizado y el narcotráfico.