Los procesos de elecciones de segundo grado están en una etapa candente. Ahora aparecen los nombres y apellidos de quienes se apuntan para ser considerados en las diversas arenas en juego. Tenemos ante nosotros cuatro grandes pantallas, cada una de las cuales presenta diversas ventanas.

Aunque de momento los procesos van en curso (desde la perspectiva formalista), en cualquier momento pueden tomar otro giro. Las diversas acciones de amparo presentadas (y otras a futuro) pueden tornar el escenario en uno más complicado. Incluso, debemos plantear la posibilidad de la no continuidad de alguno o todos. Los intereses en juego son descomunales y, por lo tanto, si las condiciones no apuntan a la continuidad (objetivo deseado por algunos), podemos entrar en una espiral incendiaria que buscaría alterar el tablero.

Pero en medio de los nubarrones, salen a luz factores que debieran conformar la agenda del necesario “Pacto por la Justicia”, planteado como el espacio de diálogo y acuerdos imprescindibles que debemos acometer como tarea inmediata a la finalización de los eventos 2026.

El formato de comisiones de postulación ha fenecido, incluso desde procesos anteriores. Pero en esta ocasión, está dejando una estela de terribles consecuencias. Rescatar ese mecanismo, por la vía de reforma a la Ley, resulta inviable porque conllevaría más de lo mismo. Por el contrario, es preciso diseñar un nuevo instrumento para nunca más pasar por ese filtro manipulable decisiones relevantes.

Las herramientas necesarias para una selección objetiva es otro punto relevante del pacto que se propone. Es evidente que las tablas de gradación, a pesar de no ser vinculante, en la práctica se está utilizado como factor para acomodar a los candidatos consentidos. El ejemplo de la manipulación que plantea la tabla usada actualmente en el proceso de Fiscal General suscribe lo anterior, preocupación que incluso ha obligado a la presentación de una acción de amparo; dado que requisitos incluidos son inconstitucionales.

Otro tema para discutir en el Pacto es la participación de las universidades y colegios profesionales en estos procesos. Es claro que el sentido original de las postuladoras ya no tiene cabida. La despolitización por la vía del involucramiento de la “academia” ha sido echada por la borda.  La composición de la postuladora del TSE es aberrante. Los cuatro representantes de las “universidades” son claros aliados y operadores de intereses oscuros. La reforma de la Ley de Universidades Privadas es un imperativo para poner fin al uso y abuso de la conformación de seudo instituciones de educación superior con claros intereses de jugar en una arena que ni siquiera es política, es criminal y antinatura de toda orientación que se precie de ser universitaria.

Una base para esta fundamental discusión es la propuesta para modificar la integración de la Comisión de Postulación de candidatos a ocupar los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público incluida en el proyecto de reformas constitucionalidades elaborada años atrás por las universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar, y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

Estos y otros temas requieren abordaje serio bajo la premisa que los sucesos en desarrollo deberían ser irrepetibles. Para ello, aún quedan capítulos por verse. El balance es inicial, pero deja una estela incluso más preocupante que los escenarios previstos.