Estamos a pocas semanas que inicie el frenesí del primero de los procesos claves, de los cuales depende el futuro mediato de nuestro país (al menos el de los próximos cinco años). A estas alturas, percibo que aún no queremos darnos cuenta de lo que en realidad está en juego. O nos hacemos los desinteresados, porque en realidad no nos importan; o porque creemos que poco o nada tienen que ver con “mi” metro cuadrado, u otras motivaciones, pero hoy en día, son temas que no están en la primera línea de la opinión pública; a pesar de su importancia crucial.

En anteriores columnas he mencionado algunos factores de preocupación que determinan los procesos 2026, desde la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, pasando por el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas y dos procesos adicionales, aún no visualizados de manera pública: el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Presidente del Banco de Guatemala.

Al menos cinco de las seis instancias están, de manera evidente, sumidas en una ola de retroceso significativa. Su involucramiento ha sido, y sigue siendo, determinante, para explicar los niveles de corrosión de la institucionalidad. En poco menos de una década, las cinco arenas son espacios donde reina la impunidad, el descalabro respecto a las funciones para las que fueron creadas. Se han convertido en recintos donde las perversidades se generan, expanden y consolidan; donde la corrupción campea a lo largo y ancho para, a su vez, aceitar otros engranajes que limitan; no solo el deseable proceso de recuperación de la institucionalidad, sino, por el contrario, persiguen la subordinación y la complicidad de quienes, formalmente, sean responsables de los ejecutivos y legislativos de turno.

Precisamente por el último de los factores enunciados, los procesos que culminarán en 2026 son el preámbulo de las elecciones generales de 2027. Si las decisiones resultan en la escogencia de perfiles similares a los actuales, el devenir político estará determinado por aún mayores retrocesos significativos. Estamos ante dos escenarios generales: la continuidad y consolidación de las redes oscuras que tienen el control pleno de los cinco espacios, o bien, la posibilidad de iniciar el lento proceso de recuperación y estabilidad. No hay para más. La segunda opción depende que se amplíe la preocupación ciudadana, que se hagan más públicas y se desmonten las negociaciones (turbias) que desde meses se vienen fraguando para lograr las correlaciones deseables para las mafias y otros actores que quieren entrar en el mismo juego.

No podemos esperar a que los actores oscuros, deseosos de participar en el reparto del pastel, se peleen entre ellos, se anulen mutuamente y así, con facilidad, se inicie el proceso de recambio institucional. Aunque los codazos y traiciones son parte de esos juegos de poder, no podemos quedar como simples expectantes ante una de varias posibilidades en marcha. No olvidemos que las mafias también suelen apostar por los pactos, que, aunque sin mayor adhesivo, favorecen las condiciones para anular a los opositores, por mucho que estos últimos impulsen las rutas deseables.

Lo que está en juego son espacios reales de poder, donde la razón, los fundamentos y las buenas intenciones tienen poca o ninguna cabida.