Hay magistraturas que pasan a la historia por lo que hicieron. Y otras, como esta Corte de Constitucionalidad, por todo lo que decidieron no hacer mientras el país ardía. Hoy, algunos de sus integrantes pretenden retirarse envueltos en un relato épico: el de haber “defendido la democracia” en 2023. Pero conviene decirlo con claridad, sin adornos ni mitologías: no defendieron la democracia, simplemente dejaron pasar lo que ya no podían detener.

Sí, hubo elecciones. Pero no por la valentía de la Corte, sino por la presión social, internacional y por la resistencia ciudadana que desbordó cualquier cálculo autoritario. La Corte no lideró, no contuvo abusos, no puso límites claros. Se limitó a administrar la inercia, a no bloquear lo inevitable, y ahora pretende cobrarlo como una gesta heroica.

Mientras tanto, permitió, por acción u omisión, todos los desmanes del Ministerio Público, la persecución penal selectiva, el uso del derecho penal como garrote político y la normalización del abuso judicial. Permitió que jueces funcionales al poder siguieran operando sin freno, sin control constitucional efectivo, sin consecuencias. La Constitución fue citada, pero no defendida.

No se debe olvidar tampoco que en 2022 esta misma Corte avaló la continuidad de un proyecto de destrucción institucional, cerrando los ojos ante violaciones evidentes al principio de independencia judicial y a los estándares más básicos del Estado de derecho. Esa decisión no fue neutra: tuvo efectos concretos, medibles y devastadores sobre la justicia y sobre cientos de personas criminalizadas arbitrariamente.

La Corte también decidió ignorar sistemáticamente los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre la tierra, tratándolos como un asunto secundario, incómodo o prescindible. No hubo un solo gesto serio para proteger esos derechos frente al despojo, la criminalización o la violencia estructural. La Constitución multicultural quedó reducida a retórica vacía.

Y cuando la criminalización alcanzó a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y liderazgos comunitarios, la respuesta fue la misma: silencio, formalismo y evasión. La Corte no fue un dique frente al abuso; fue, en el mejor de los casos, un espectador sofisticado.

Para cerrar su ciclo con broche de oro, en abierto conflicto de interés, esta magistratura decidió excluir a las ciencias afines de la elección de magistraturas por el Colegio de Abogados, restringiendo artificialmente la participación y empobreciendo deliberadamente el debate jurídico. Una decisión regresiva, corporativa y funcional al control del proceso.

Y como si no bastara, jamás hizo nada para exigir la renovación de los 23 cargos vencidos en el Consejo Superior Universitario de la USAC, permitiendo que la ilegalidad se normalizara. Hoy, el cinismo alcanza niveles obscenos cuando una de las magistradas salientes pretende participar y ser electa precisamente por esos cargos ya vencidos, como si el conflicto de interés fuera un detalle menor y no una burla al orden constitucional.

Esta Corte se va. Se renueva. Pero no se limpia. La historia no recordará el relato auto celebratorio de sus integrantes, sino su pasividad selectiva, su doble rasero y su renuncia deliberada al papel que la Constitución les confió.

Porque no basta con no estorbar a la democracia cuando ya no se puede aplastar. La verdadera prueba es defenderla cuando hacerlo tiene costo. Y esa prueba, esta magistratura, la reprobó.