En Guatemala hay audiencias que no empiezan, expedientes que no caminan y procesos que parecen haber sido diseñados no para llegar a una sentencia, sino para quedarse suspendidos como una amenaza. El caso de Claudia González Orellana —importante abogada de derechos humanos y gran defensora— ya no puede leerse solamente como un proceso penal. A estas alturas, debe leerse como una radiografía del país: una justicia que cita, acusa y posterga; una institucionalidad que exige comparecencia al ciudadano, pero que tolera la ausencia del poder.

El 5 de mayo de 2026 debía iniciar el juicio contra González por supuesto abuso de autoridad. No inició. El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal constató la ausencia del Ministerio Público y el debate fue reprogramado para el 12 de mayo de 2027. Es decir: un año más de espera para una persona que ya fue detenida en 2023, que ya pasó más de dos años bajo la sombra de un proceso penal y que, según su propia defensa, busca precisamente llegar al debate para demostrar su inocencia. La Fiscalía no llegó; la justicia, tampoco.

En un Estado de derecho, el proceso penal no debería ser una sala de espera interminable. La acusación debe probarse, la defensa debe ejercerse y el tribunal debe resolver. Pero cuando el juicio se aplaza una y otra vez, el castigo deja de estar en la sentencia y se traslada al trámite. La pena se vuelve la incertidumbre; el expediente, una forma de vigilancia; la fecha judicial, una promesa que siempre se corre hacia el futuro.

El eMePé sostiene que González no tenía facultades para actuar; sus defensores y varias organizaciones sostienen que ella trabajaba como mandataria de la CICIG, no como funcionaria pública guatemalteca. Esa discusión debería resolverse en juicio, con prueba, contradicción y publicidad. Precisamente por eso resulta tan grave que el juicio no empiece.

El relevo en el Ministerio Público con García Luna no borra automáticamente los daños acumulados. Una institución no se reconstruye solo cambiando la placa de la oficina principal. Se reconstruye revisando criterios de persecución penal, depurando prácticas, respetando el debido proceso y dejando de usar el expediente como castigo anticipado. El nuevo eMePé tendrá que decidir si hereda la inercia o si corrige la ruta.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿qué clase de país obliga a una persona a esperar hasta 2027 para empezar a defenderse plenamente de una acusación formulada años antes? En el lenguaje frío de los tribunales, esto se llama mora judicial. En el lenguaje humano, se llama desgaste. Y en el lenguaje político, se llama advertencia: quien toque ciertos intereses puede quedar atrapado en una maquinaria que no necesita ganar el caso para arruinarle la vida.

Claudia González no necesita privilegios. Necesita un juicio justo, pronto y público. Necesita que el Estado, si la acusa, comparezca. Porque cuando el Ministerio Público falta, no solo falta una fiscalía a una audiencia: falta el Estado a su deber más básico.

Porque cuando el Ministerio Público falta, no solo falta una fiscalía a una audiencia: falta el Estado a su deber más básico.

Hoy estoy con Claudia, hoy estamos con Claudia.

#NosQueremosLibres