El pasado 14 de agosto se celebró la décima Reunión Ordinaria de la Red de Integridad del Organismo Ejecutivo, misma que está configurada para ser un espacio de diálogo, la interacción institucional, el aprendizaje, el compartimiento de buenas prácticas y en esencia la verificación de los procesos en materia antifraude y lucha anticorrupción.

Este evento reunió a servidores públicos del Organismo Ejecutivo, representantes de toda la sociedad civil y expertos en gobierno abierto. Fue una jornada que no sólo permitió ese intercambio de experiencias, sino que abrió la oportunidad para reflexionar críticamente sobre lo que significa hablar de integridad en el servicio público.

La pregunta es ¿qué tanto están permeando estos procesos en las instituciones y si realmente existen los avances necesarios para luchar contra la corrupción y minimizarla o si sólo son estos encuentros y estas unidades de Probidad un mero ejercicio y figuras plasmadas en ley que quedan sin un trasfondo real y no son verdaderamente aplicables?

Luego de un muy interesante diálogo y entrecruce de ideas entre todos los participantes presentes, se pudo tener la oportunidad de verificar que sí existen avances, que existe dentro de muchas instituciones avances significativos e importantes, pero aún falta camino por recorrer.

Durante el panel, en el que tuvimos el gusto de participar tres Consejeros Delegados de esta instancia de Consejería de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) pudimos tocar importantes puntos que sirvieron para generar un diálogo muy nutritivo, que permitió responder en ese espacio a varias preguntas, dentro de ellas una fundamental: ¿qué significa que un servidor público deje de ver la integridad como un mero cumplimiento formal y comience a ejercer un liderazgo genuino en la prevención de la corrupción?

Se pudo observar, que a pesar de lo mucho que hace falta por desarrollar e implementar, la ciudadanía lo tiene claro: ésta necesita servidores públicos coherentes, que conviertan los principios y valores en acciones tangibles y de forma que pueda ser vívida y no solo plasmada en un cuerpo legal, pudiendo liderar aquellos con el ejemplo con valentía para romper y denunciar esas prácticas dañinas que durante años han debilitado la institucionalidad.

La ciudadanía que actúa con honradez y honorabilidad, lo tiene claro y es momento de cerciorarse que así lo tengan todos aquellos funcionarios y servidores públicos que estén detrás de un escritorio, actuando en representación del Estado.

Tras las respuestas obtenidas y el diálogo generado en torno a todas estas preguntas, se pudo percibir una buena voluntad de querer alcanzar algo esencial y único que presupone una alta calidad en los servicios públicos, en trabajar bajo la premisa de decisiones transparentes, una activa participación ciudadana y una nueva oportunidad de confiar en las instituciones.

Es importante resaltar que todo este trabajo, aunque pareciera hoy poco perceptible y tangible, puede ser el cambio en el desempeño de la función pública y el retorno a la credibilidad en la misma.

Se ha iniciado este trabajo con buenas intenciones y se están labrando los caminos para que este sistema llegue a su máximo de operatividad, pero hay que tomar en cuenta que si no se cuenta con lo en absoluto respaldo de todas las instituciones y sus altos mandos para seguirlo fortaleciendo y brindándole los insumos necesarios, todas estas acciones quedarán sólo en buenas intenciones, que no serán jamás suficientes para generar un cambio absoluto que minimice considerablemente esa corrupción, que aún impera en el país.

De está claro que todo es un proceso, pero es y será muy importante tomar nota del tiempo y lo que éste apremia y que falta mucho por hacer y mucho por activar.

Si se quiere vencer esas redes de corrupción que opera deberá permitirse y trabajarse mucho por la implementación de otra red que opere a favor de la integridad y esto conlleva también la incorporación de ese elemento trascendental para lograr un gobierno realmente transparente y este es, la digitalización, misma que contribuirá a disminuir la discrecionalidad en el funcionario, generando una trazabilidad clara, precisa y concreta, que permita grandes avances en esta lucha contra el fraude.

Se percibe que el esfuerzo está teniendo frutos, por lo que resulta importante seguir posicionando este tema tanto en el diálogo como en la agenda nacional, para no correr el riesgo de no tener algo sólido que sea fácilmente destruido en un futuro no lejano.

Un sistema de integridad que no impacta positivamente en la vida cotidiana de las personas y que la misma no tiene pilares sólidos para evitar su fractura y lograr su perdurabilidad, corre el enorme riesgo de quedar en letra muerta.

Por lo anterior, tanto la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), la Red de Integridad y la propia ciudadanía, tienen el desafío de trascender la visión del “checklist normativo” y transformar la prevención de la corrupción en un esfuerzo genuino y permanente.

La defensa de principios éticos, así como la transparencia con la que se actúe dentro del Estado y la que permita rendir al pueblo cuentas, no debería ser la excepción en el servicio público, sino la regla que guíe cada decisión.

Este evento, sus conclusiones y el trabajo aún por realizar, deberá traducirse no sólo en un plazo normativo para la implementación de dicho Sistema, el cual se desea prontamente constituirse en el punto de partida para lo que verdaderamente importa, si realmente se desea minimizar la corrupción.

Ese cambio y lucha verdadera no comienza precisamente ahora, pues su verdadero reto estará, en continuar con el compromiso de ejercer un rol más activo, propositivo y valiente.

No basta con inaugurar políticas ni con cumplir requisitos, que de sobra sabemos pueden ser el paso inicial, sin embargo, hoy Guatemala necesita servidores públicos que, conscientes de considerarse también ciudadanos, deberán asumir la integridad como un deber cotidiano y un legado para las próximas generaciones.

En conclusión, la reunión de ese 14 de agosto no fue, ni debe ser un evento.

Concibamos ésta como una etapa más en donde cada servidor público tiene la responsabilidad de ser referente de ética, donde el gobierno abierto y la participación ciudadana se consoliden como mecanismos reales de prevención de la corrupción, en donde la confianza de la población pueda, poco a poco, ser recuperada.

La integridad no puede seguir siendo un discurso. Debe vivirse y ser la práctica diaria que permita transformar al Estado, para devolver la esperanza a la ciudadanía.

Que no se olvide, es el verdadero mandato que hoy se demanda y el cual nos convoca.