La captura del viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, bajo los cargos de “terrorismo” y “asociación ilícita”, marca un punto crítico en la actual ofensiva del Ministerio Público (MP) guatemalteco. Lejos de representar una acción aislada o estrictamente legal, esta detención se inserta en una estrategia más amplia de guerra jurídica (lawfare) que apunta a desarticular los sectores sociales y políticos que encabezaron la resistencia contra el golpe electoral encubierto de 2023 y que posibilitaron la elección de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Esta guerra jurídica, un proyecto burdo y grotesco de restauración de la impunidad y el viejo orden oligárquico, busca criminalizar la disidencia, intimidar a los movimientos sociales, debilitar al Ejecutivo y reinstalar la hegemonía de los actores corruptos que dominan las instituciones judiciales del país.

Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, es una figura emblemática del liderazgo indígena y comunitario comprometido con la defensa de la democracia y los derechos colectivos. Su papel fue fundamental en la movilización pacífica que enfrentó al intento del Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, de revertir los resultados electorales mediante acciones judiciales carentes de legitimidad democrática.

La acusación de “terrorismo” y “asociación ilícita” contra Pacheco, anunciada sin transparencia en el marco de un caso bajo reserva, reproduce un patrón conocido en regímenes autoritarios: la reconfiguración del aparato judicial como instrumento de represión. El uso de delitos como el terrorismo y la asociación ilícita, definidos de manera ambigua y manipulable, permite al MP convertir el ejercicio legítimo del derecho a la protesta en una amenaza a la seguridad del Estado. Lo que está en juego aquí no es solamente la integridad de un funcionario, sino el intento de socavar todo un ensamblaje de articulación democrática emergente desde abajo.

Tres noticias recientes de La Hora confirman que el MP no actúa como órgano independiente y técnico, sino como un actor político decidido a dinamitar la precaria gobernabilidad del Ejecutivo y reconstituir la red de corrupción e impunidad interrumpida brevemente por la victoria de Arévalo:

1. “El MP acelera el paso en el caso que ha vuelto su prioridad #1” muestra cómo el caso de las protestas de 2023, bautizado por el MP como una “conspiración terrorista”, ha pasado a ser la prioridad máxima de la Fiscalía. En lugar de investigar redes de corrupción o estructuras criminales de cuello blanco, el MP redobla sus esfuerzos en criminalizar a los ciudadanos que, de forma legítima y masiva, se manifestaron para proteger la voluntad popular.
2. “El MP dice tener plenas pruebas, pero declara en reserva caso por protestas 2023” revela una contradicción esencial del proceso: si existen pruebas tan “contundentes”, ¿por qué mantener el caso bajo reserva? Esta opacidad socava cualquier principio de legalidad democrática. En la lógica de la guerra jurídica (lawfare), el secretismo judicial se convierte en táctica para sembrar el miedo y debilitar la defensa legal de los acusados.
3. “A pesar del derecho de antejuicio, el MP dice que actuará contra el presidente Arévalo” deja claro que la Fiscalía no solo quiere castigar a quienes protestaron en las calles, sino también minar directamente la figura presidencial y todo el proyecto político de Semilla y sus simpatizantes y colaboradores/as. La amenaza contra Arévalo se convierte en una advertencia a todos los actores del Ejecutivo: nadie está a salvo si desafía el viejo régimen de la corrupción y la impunidad.

Estos movimientos se corresponden con lo que hemos planteado en nuestro análisis “Yo, Porras”, es decir, con una estrategia sistemática de cooptación de la justicia por actores vinculados al Pacto de Corruptos. El MP, lejos de ser un órgano técnico-jurídico, ha sido convertido en el brazo judicial de una restauración institucional en curso. Buscan por todo medio posible la defenestración del gobierno de Arévalo y Herrera y, por extensión, de todo proyecto de cambio.

Lo que está en marcha es, por tanto, más que una simple persecución judicial: es una restauración autoritaria y total en clave judicial. Esta restauración no necesita tanques ni golpes militares, por ahora; le basta con jueces, fiscales y operadores mediáticos comprometidos con reinstalar el viejo orden oligárquico. Permítanme un ejemplo.

La cuenta de X conocida como @__VaderGT ha sido identificada por diversos observadores/as como manejada por múltiples personas vinculadas a los grupos corruptos e impunes de poder. Esta cuenta ha sido señalada por difundir información pública y privada y realizar campañas de difamación y desprestigio contra defensores de derechos humanos, periodistas, operadores/as de justicia comprometidos/as con la democracia y opositores políticos progresistas en Guatemala. La filtración de información reservada de investigaciones judiciales, aunque ocurra porque el trol tiene acceso privilegiado a los archivos del MP, es algo no autorizado, puede constituir una violación de los sistemas informáticos públicos y sugiere posibles brechas de seguridad o violaciones al deber de reserva. Esa cuenta trol y otros “netcenters”, como lo demuestra una investigación de Ocote y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), también ha accedido y publicado de modo no autorizado información privada de muchos/as activistas, profesionales del derecho, periodistas, etc. con el objetivo de amedrentar e infundir terror al viejo estilo de los escuadrones de la muerte. Este delito está tipificado en el artículo 274 “F” del Código Penal, “Uso de información”, una legislación que busca proteger los sistemas informáticos tanto públicos como privados.  Dada la gravedad de las acusaciones, el impacto potencial en la seguridad y la democracia del país y ya que el MP no está dispuesto a hacerlo, es esencial que Arévalo mismo ponga a trabajar a Christian Esaú Espinoza Sandoval y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado sobre este caso e inicie una investigación exhaustiva sobre las actividades de la cuenta @__VaderGT. Recordemos que la SIE debe identificar, anticipar y ayudar a contrarrestar cualquier amenaza al Estado de Guatemala. Esta investigación debería centrarse en identificar a los responsables detrás de la cuenta y determinar si han cometido delitos relacionados con la difamación, la incitación al odio, la desinformación e incluso el espionaje informático que amenazan la integridad del Estado.

Ya en un análisis titulado La vía peruana en Guatemala que publicamos en agosto de 2023 advertimos con toda claridad sobre una estrategia sistemática que buscaba desmantelar los avances democráticos en el país, incluyendo el resultado de las elecciones, mediante el uso instrumental y perverso del sistema judicial. Esta estrategia, similar a la implementada en Perú contra el presidente Pedro Castillo, se caracteriza por la manipulación de las instituciones legales y legislativas para perseguir a líderes políticos y sociales, con el objetivo de defenestrar a un gobierno democráticamente electo y restaurar un régimen de impunidad y corrupción. Ya en ese momento destacamos la urgencia de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público para garantizar su independencia y evitar su utilización con fines políticos, subrayando que la defensa de la democracia requiere no solo resistir estas ofensivas, sino también transformar las estructuras que las permiten. Hasta hoy el gobierno de Arévalo/Herrera ha fallado en esta tarea y el congreso de la república, dominado en gran parte por los partidos de la corrupción y la impunidad, ha estado auto-sumido en la distracción y las componendas – el parlamentarismo negro.

La ofensiva judicial actual revela, de nuevo, una lógica extraordinariamente reaccionaria: el retorno del régimen de impunidad se presenta como una “defensa del orden” frente al supuesto caos que habría generado la “horda popular” de 2023. Esta narrativa busca deslegitimar la protesta como un acto de irracionalidad, violencia y “terrorismo”, invisibilizando el hecho de que fue precisamente el MP quien puso en crisis el orden constitucional al intentar revertir los resultados de las urnas e implementar un golpe de Estado.

La judicialización de la política no solo criminaliza la disidencia; también redefine lo que es aceptable como ejercicio político. Así, el liderazgo indígena, la protesta popular, y la movilización comunitaria pasan a ser “ilícitos”, mientras que la corrupción estructural, los pactos oscuros y la manipulación del sistema judicial quedan naturalizados como parte del orden. Para muestra, ver la impunidad total de la que hoy disfrutan Miguel Martínez y Alejandro Giammattei.

En este contexto, hablar de “Estado de derecho” en Guatemala resulta profundamente problemático. Recordemos que toda legalidad concreta expresa una jerarquía de derechos: algunos derechos son protegidos, mientras que otros son sacrificados en nombre del “orden”. La guerra jurídica actual revela con claridad esta jerarquía: el derecho de manifestación, la libertad de expresión y la soberanía popular quedan subordinados al derecho de las élites a conservar sus privilegios. El derecho a la “certeza jurídica” de las elites empresariales y los políticos y oficiales corruptos tiene prioridad por sobre el derecho a la libre manifestación y la resistencia pacífica de la ciudadanía.

El concepto mismo de “terrorismo” es instrumentalizado para invertir los roles: quienes protegieron la democracia por más de 100 días de protesta continua son ahora perseguidos como criminales, mientras que quienes atentaron contra el proceso electoral (desde el MP, la CC y la alianza con sectores empresariales) gozan de impunidad. Este uso invertido del derecho produce una profunda distorsión del espacio público: la legalidad deja de ser el marco de lo justo para convertirse en una tecnología de la dominación.

Lo que se juega en este momento no es solo el futuro de Luis Pacheco o del presidente Arévalo, sino el proyecto de una democracia pluralista, inclusiva, con participación indígena y popular efectiva. La captura de Pacheco, la amenaza contra Arévalo y su gobierno y la intensificación de los casos judiciales espurios contra líderes sociales y activistas apuntan a una desmovilización estratégica de la articulación política emergente que rompió la clausura oligárquica en 2023. El mensaje es “otra Guatemala NO es posible”.

Es absolutamente crucial que todo/a diputado/a del Congreso de la República que todavía conserve un mínimo de reserva moral salga de la cloaca legislativa en que se encuentra y considere de urgencia nacional una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta reforma debería incluir mecanismos para garantizar la independencia del Ministerio Público y evitar su utilización con fines políticos o de persecución selectiva. Una fiscalía independiente y transparente es fundamental para relegitimar la manoseada idea del estado de derecho y la empobrecida realidad democrática en Guatemala. Nada, absolutamente nada, es más urgente para el poder legislativo en el momento presente. Pero esta esperanza desesperante no es ni debe ser el centro de la resistencia ciudadana.

La restauración judicial en curso es una forma perversa de guerra fría desde adentro. La retórica política y el discurso mediático de los actores oscuros disfrazados de personajes malvados de la Guerra de las Galaxias lo tipifica claramente. Ya no se trata de desaparecer físicamente a los líderes, como en los años de dictadura militar, terrorismo de Estado y genocidio, sino de desaparecerlos/as o aniquilarlos/as legal, simbólica y políticamente y así darles una “muerte civil”. Esta forma de represión se presenta como “legal”, “constitucional”, “imparcial”, cuando en realidad actúa como un dispositivo de poder selectivo, excluyente y represor.

La única respuesta posible ante esta ofensiva reaccionaria y restauradora es la articulación amplia de los sectores democráticos, populares y progresistas del país. La estrategia institucional de Arévalo o la estrategia legislativa de Semilla han fracasado en lo más esencial y, si quieren retener alguna semblanza de legitimidad ante quienes los eligieron, no les queda otra carta más que jugarse la presidencia misma ya sea destituyendo de inmediato a la jefa del MP o convocando a la ciudadanía a la resistencia pacífica (Art. 45, CPRG).

Más allá del sempiterno institucionalismo ferroso de Arévalo y su gobierno, al igual que más allá de lo que pueda ocurrir en el legislativo, es necesario que la ciudadanía comprometida con la democracia entienda claramente el carácter golpista y la envergadura totalitaria de la guerra jurídica. Por tanto, es hora de pasar de la demanda y la denuncia a la insurgencia y resistencia democrática en las calles entendiendo que la resistencia pacífica, la participación ciudadana y la articulación son elementos fundamentales de cualquier esfera pública mínimamente democrática.

La articulación no puede limitarse a una defensa reactiva, institucional y procesal del orden corrupto. Debe ser audaz y capaz de ensamblar una guerra de posiciones efectiva y construir una contrahegemonía moral, cultural y política que derrote no solo a los/as defensores/as de la corrupción y la impunidad y detenga los casos judiciales espurios e ilegales, sino que se proponga desmantelar todo el orden estructural e institucional que hace posible esta forma de dominación judicial perversa. La hora de defender las instituciones ya se ha agotado. Esta es la hora de buscar su refundación.