Hoy empiezo una nueva etapa en eP Investiga con esta columna. DES·EN·RED·ando no es un juego de palabras. Es una toma de posición. Un intento deliberado por desenredar las redes de poder que estructuran la política guatemalteca y exponer cómo se conectan territorios, instituciones y negocios. Porque mientras sigamos mirando los síntomas por separado, el sistema seguirá intacto. Esa será mi tarea y espero cumplirla con dedicación.

En Guatemala seguimos fingiendo sorpresa ante problemas que llevan décadas operando a plena vista. Se habla de pandillas como si fueran una anomalía reciente, de la elección de Cortes como si fuera un debate técnico entre juristas, y de los proyectos municipales como si fracasaran por falta de estudios. Esa narrativa no es ingenua: es funcional. Fragmentar el análisis permite ocultar lo esencial. Cuando se conectan los hechos, lo que aparece no es desorden, sino un sistema.

Las alianzas políticas con estructuras criminales, la captura del Colegio de Abogados y de las Cortes, y el uso de la municipalidad como plataforma de clientelismo y negocios responden a una misma lógica de poder. No son episodios aislados ni excesos individuales. Son engranajes de una arquitectura que combina control territorial, impunidad judicial y extracción sistemática de recursos públicos.

Las pandillas son buen ejemplo de este modelo. Durante años se les ha tratado como un problema policial de inseguridad, mientras se ignoraba su utilidad política. En determinados territorios, estas estructuras no solo ejercen violencia: administran control social, regulan economías informales y funcionan como intermediarios políticos. Son actores funcionales allí donde el Estado no esté presente. No gobiernan, pero hacen posible que otros gobiernen sin reglas.

Ese control territorial sería inviable sin impunidad. Por eso la elección de Cortes y el control del Colegio de Abogados no son discusiones académicas ni disputas corporativas. Son batallas centrales por el sistema de justicia. Quien controla las Cortes controla el ritmo de las investigaciones, decide qué casos avanzan y cuáles se archivan, y garantiza que ciertos nombres nunca lleguen a juicio. La captura judicial no es un efecto colateral de la corrupción: es su seguro de vida.

En este esquema, la municipalidad de la ciudad capital ocupa un lugar clave. No puede entenderse la política guatemalteca sin reconocer el dominio ejercido durante más de cuarenta años por la familia Arzú, sostenido en una modelo clientelar (como lo demostró la CICIG) que convirtió la municipalidad en un feudo con reglas propias. Ese control no se explica solo por votos, sino por una red de lealtades territoriales, contratos, favores y dependencias construidas a lo largo de décadas, gracias a los recursos de los ciudadanos y al uso direccionado de fondos de cooperación, para alimentar las redes clientelares.

La obra pública ha sido el principal instrumento de ese dominio. Grandes proyectos urbanos han servido más para reproducir poder político y acumulación económica, que para resolver problemas estructurales de movilidad. Contratos concentrados, decisiones opacas y ausencia de rendición de cuentas se normalizaron bajo el discurso de eficiencia y modernización. La municipalidad no ha sido un contrapeso al sistema nacional de corrupción: es uno de sus pilares más estables.

En ese contexto, el proyecto del teleférico urbano no es una extravagancia ni un error de cálculo. Es coherente. Un proyecto costoso, de dudosa viabilidad financiera, impulsado sin deliberación pública real y defendido con un relato tecnocrático que evita preguntas básicas. Más que una solución de transporte, el teleférico encaja como un nuevo negocio dentro de un modelo probado: infraestructura como mecanismo de captura de rentas y reproducción de poder. Sienten que el final se acerca y quieren cerrar con broche de oro.

Nada de esto ocurre por accidente. Las pandillas aportan control territorial y capacidad de presión. El sistema de justicia capturado garantiza impunidad. La municipalidad provee continuidad política y recursos. Cada pieza cumple una función específica. No hay improvisación ni caos: hay gobernanza mafiosa con raíces históricas profundas.

Lo más grave no es la existencia de estas redes, sino su normalización. Elecciones “legales” que producen magistrados previsibles. Licitaciones “técnicas” que siempre benefician a los mismos. Proyectos “innovadores” que nunca resuelven los problemas que prometen solucionar. Todo ocurre dentro de la formalidad institucional, lo que permite a muchos fingir que no pasa nada.

Aquí radica el fracaso del debate público: seguir tratando estos fenómenos como desviaciones del sistema, cuando en realidad son parte de su funcionamiento. Se discute seguridad sin hablar de política. Se habla de justicia sin hablar de poder. Se analiza la obra pública sin hablar de corrupción. Esa ceguera selectiva no es neutral: protege a las redes que operan en conjunto.

La corrupción en Guatemala no es una falla del modelo. Es una de sus formas de gobierno. Y desenredarla empieza por dejar de llamarla de otra manera.