Por mucho tiempo, hablar de genocidio en Gaza parecía un tabú, incluso entre expertos. Pero hoy, una creciente ola de académicos/as, juristas, diplomáticos y voces progresistas (y algunas conservadoras) coincide en que lo que Israel ha desatado en Gaza es, sin lugar a duda, un genocidio. Negarlo, ignorarlo o relativizarlo es abandonar toda pretensión de justicia universal.

Omer Bartov, uno de los más respetados historiadores israelita-estadunidenses del Holocausto, rompió el silencio en un artículo de opinión en The New York Times titulado “Lo sé cuando lo veo”. Inicialmente reacio a utilizar el término “genocidio”, Bartov relata cómo fue imposible seguir negándolo tras presenciar la dimensión de la devastación en Gaza.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han borrado prácticamente toda posibilidad de vida digna: bombardeos a hospitales, universidades, refugios, viviendas; privación de agua, alimentos y medicinas; y sobre todo, declaraciones públicas de líderes israelíes que expresan sin ambages su voluntad de “convertir Gaza en ruinas” o “aniquilar a Amalek”, un llamado bíblico al exterminio total.

Según Bartov, se ha activado la lógica genocida: destruir no solo a combatientes, sino al pueblo palestino como entidad colectiva.

En entrevista con Democracy Now!, Bartov reafirma que las condiciones para calificar la situación como genocidio están más que presentes: más de 58,000 muertos, en su mayoría mujeres y niños; destrucción de más del 99% de las viviendas; una población al borde del hambre; y al menos 10,000 personas atrapadas bajo los escombros.

Bartov no está solo. Más de 800 juristas internacionales ya habían alertado en 2023 sobre la posibilidad de genocidio. Instituciones como la Middle East Studies Association lo reconocen como un genocidio cultural y físico. Escribiendo en marzo de 2024, la Asociación dijo:

“La Junta Directiva de la Asociación de Estudios de Oriente Medio y su Comité de Libertad Académica condenan con la mayor firmeza el ataque continuo contra Gaza por parte del Estado de Israel, que ya se ha cobrado más de 100.000 palestinos muertos y heridos, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Hemos escrito declaraciones sobre el conflicto desde el 7 de octubre de 2023, incluyendo los horrores infligidos a la población civil y al sector educativo en Gaza (21 de noviembre de 2023, 25 de enero de 2024), Cisjordania (22 de noviembre de 2023), Jerusalén (9 de noviembre de 2023) e Israel (20 de noviembre de 2023, 28 de noviembre de 2023, 23 de enero de 2024). Nos vemos obligados a escribir una vez más para abordar no solo la creciente violencia genocida que se inflige a la población palestina de Gaza, sino también el genocidio cultural concomitante resultante de la destrucción indiscriminada del entorno construido y la infraestructura civil de la Franja de Gaza.”

El académico israelí Raz Segal, escribiendo para la revista Jewish Currents, han sido aún más enfático: lo que ocurre en Gaza es un “genocidio de texto”. Por su parte, Amos Goldberg, escribiendo para el periódico francés Le Monde, concluye sin reserva alguna: “Lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio porque Gaza ya no existe.” De igual modo, en una entrevista reciente con el periódico alemán Der Spiegel, el académico canadiense William Schabas, experto en derecho internacional humanitario, parte del consejo asesor de la Revista de Derecho de Israel y del Journal of International Criminal Justice, y editor jefe del Foro de Derecho Penal, afirmó que existen “sólidos argumentos de que la respuesta de Israel constituye el crimen de genocidio”.

El 15 de julio de 2025, la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, lideró una cumbre histórica en Bogotá. Junto a 30 países, incluyendo Sudáfrica, Colombia, Irlanda, España, Brasil, Turquía, China y Honduras, exigió acciones concretas para frenar lo que definió como genocidio.

Las propuestas son claras:

1. Embargo militar a Israel;
2. Suspensión de lazos económicos y diplomáticos;
3. Sanciones individuales a líderes responsables;
4. Acompañamiento al caso que Sudáfrica lleva contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

Esta movilización multilateral, liderada por el llamado Grupo de La Haya, recuerda el boicot global contra el apartheid sudafricano, y puede marcar un parteaguas en la defensa de los derechos humanos desde el Sur Global.

Mientras en Europa crecen las voces por sancionar a Israel, especialmente en Irlanda y España, América Latina vive un momento de definición. Brasil ha mostrado liderazgo. Pero otros gobiernos que se creen progresistas, como el Boric en Chile o Sheinbaum en México, aún dudan en pasar de la condena retórica a medidas económicas, políticas y diplomáticas concretas.

En este contexto, el silencio del gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala también es particularmente alarmante. Un presidente electo con el mandato de defender los derechos humanos, la democracia y, por supuesto, el derecho internacional, no puede mirar hacia otro lado mientras ocurre un genocidio televisado en tiempo real.

Es cierto que Guatemala está atravesando un momento diplomáticamente complicado en sus relaciones internacionales. El gobierno de Arévalo se bate entre la espada neoimperial de Trump y la guerra jurídica y corrupta de la restauración conservadora. Nadie puede subestimar esos desafíos y, desde afuera, demandar que Arévalo haga lo que no parece poder o querer hacer. Pero en un momento histórico como el presente llega el minuto en el cual hay que resolver las contradicciones y las ambivalencias y, sin necesidad de asumir posturas mesiánicas, tomar partido.

Hoy muchos países del Sur Global están rompiendo con décadas de pasividad, colonialismo e injerencismo imperial en sus decisiones internas. Hasta hace muy poco para muchos países las contradicciones entre las demandas internacionales y los principios democráticos se resolvían a favor de los intereses transnacionales. Pero la crisis de la globalización y el auge del neoimperialismo están poniendo en relieve, de nuevo, la defensa de la democracia y la justicia.

Para muchos países del Sur Global la ruta hacia el futuro yace en alinearse con el multilateralismo progresista. En este sentido, Guatemala parece aferrarse a una prudencia diplomática que raya en lo anacrónico. Guatemala sí tiene razones históricas sólidas para preocuparse por lo que dice y hace Estados Unidos. Y lo que está haciendo Trump no es para menos: desde su violación a todos los tratados de libre comercio que Estados Unidos tiene con otras naciones así como todas las reglas de la Organización Mundial del Comercio hasta su desmantelamiento total del derecho internacional y su apoyo a líderes dictatoriales por todo el mundo, sus sanciones corruptas contra magistrados de la Corte Penal Internacional o su reciente sanción contra la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese. El ataque perverso e ilegal contra Albanese no es casual, sino que está diseñado para dar un ejemplo: quien defiende el derecho internacional tendrá que enfrentar sanciones.

Francesca Albanese ha denunciado que lo que ocurre en Gaza constituye una “economía del genocidio”, un genocidio sostenido por un sistema de ocupación empresarial y lucrativo, en el que más de 60 empresas, incluidas transnacionales de armamento, construcción, tecnología, finanzas y transporte se benefician directa o indirectamente de la devastación de la vida palestina. De esas empresas, 5 son de América Latina y España. El informe indica que en los últimos 21 meses la bolsa de Tel Aviv ha subido un 213 % (225 700 M USD), “acumulando 225.700 millones de dólares en ganancias bursátiles, de las cuales 67.800 millones corresponden solo al último mes”, mientras la infraestructura, el patrimonio y la población de Gaza están siendo sistemáticamente destruidos. Albanese subraya que la especulación y el lucro corporativo han legitimado operaciones israelíes ilegales, señalando que para muchas empresas “el genocidio es rentable”, y llama a responsabilizar a los ejecutivos mediante la Corte Penal Internacional. A pesar de la amenaza de sanciones, Albanese está rehusando quedarse callada.

En el contexto global de relaciones de poder, Guatemala es un actor casi insignificante, un país pobre con poca capacidad económica o política internacional y con mucha dependencia de favores, donaciones y concesiones. Pero en Guatemala hubo genocidio, con asistencia financiera y militar de Estados Unidos e Israel, y solo eso es más que suficiente para que la política exterior del Estado asuma una postura clara y fuerte en defensa del derecho internacional y del pueblo palestino de Gaza. El gobierno de Arévalo debe estar a la altura del momento histórico y no debe dejar sin cuestionar la malvada inversión de los valores que hoy guía la política de Estados Unidos e Israel. Es una cuestión de principios éticos.

El genocidio en Gaza no es simple cuestión de cifras, tecnicismos legales o interpretaciones académicas. Es una prueba moral urgente para todos los pueblos del mundo. Bartov lo dice con claridad: si el legado del Holocausto significa algo, debe significar actuar ahora.

No hay lugar para excusas ni silencios. No hay ambigüedad posible. Gaza ha sido ya totalmente arrasada y su pueblo está siendo eliminado ante los ojos del mundo. Frente al genocidio en Gaza, por tanto, la única postura ética y consistente es la solidaridad activa, explícita y comprometida.

Ya no basta con denunciar y quedarse al margen del asunto es una deshonra y desgracia total. Es tiempo de actuar y articular con fuerzas progresistas transnacionales: romper relaciones, aplicar sanciones, apoyar a los organismos internacionales y, sobre todo, exigir justicia. Porque lo contrario es permitir que el genocidio se vuelva normal. Lo contrario es fallar no solo como gobierno o país, sino como humanidad.