La última semana dejó una vez más al descubierto la fragilidad del sistema y el poco respeto a la Constitución y leyes de la materia y todo en torno a la elección de autoridades de segundo grado en Guatemala y, al mismo tiempo, su paradójica resistencia. Pareciera entonces que la propia Constitución es la que para muchos resulta ser la piedra en el zapato.

En medio de maniobras jurídicas sumamente cuestionables se han tomado decisiones judiciales por parte de determinados Magistrados de Salas y altas Cortes, sin escrúpulos y no defensores de la Carta Magna, sustentado en selectivas narrativas, cuidadosamente construidas, pero absurdas como ellas solas.

El proceso de designación de Magistrados para la Corte de Constitucionalidad volvió a evidenciar una verdad incómoda: cuando la ley no sirve a ciertos intereses, se intenta retorcerla; cuando no se logra, se desacredita.

Así pues, se evidenció ese episodio revelador en donde la pretensión de anular e impedir el voto de profesionales provenientes de las carreras consideradas afines bajo argumentos que —más que jurídicos— fueron diseñados para excluir electores incómodos. Aun así, se probó que todas estas artimañas provocan un efecto totalmente contrario, lográndose fuerza y unión en todos los agremiados y ciudadanos que sí defienden la institucionalidad, la certeza jurídica y la democracia.

Lo anterior fue tema de mi columna anterior, en donde aquella postura contraviene principios elementales del derecho constitucional guatemalteco, particularmente los principios de igualdad ante la ley, el derecho de participación y la prohibición de interpretaciones restrictivas cuando se trata del ejercicio de derechos políticos y profesionales reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, lo verdaderamente grave no es sólo la intención, sino el vehículo: una Corte de Constitucionalidad que, lejos de fungir como garante del orden constitucional y de la supremacía de la Constitución, amplia y constatadamente se prestó a una lectura restrictiva, selectiva y funcional para determinados intereses, olvidando que su rol no es administrar coyunturas políticas, sino proteger el diseño institucional del Estado.

A pesar de ello, el resultado fue claro: ganó la mejor opción. No por benevolencia del sistema, sino porque ni siquiera la manipulación de reglas logró neutralizar una mayoría que votó con criterio, convicción y conciencia institucional. Ese resultado debe celebrarse grandemente y no con ingenuidad, debiéndose entender esto como una advertencia: el sistema está intentando restablecerse y esa exposición está pretendiendo volver a dar legitimidad a las instituciones.

En paralelo, el Presidente de la República de Guatemala ha anunciado su intención de abrir una convocatoria pública para que profesionales del derecho, aspirantes a Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, presenten su currículum vitae, con el propósito de seleccionar los mejores perfiles.

La Constitución y leyes conexas son claras: el Presidente tiene la potestad directa, exclusiva y no condicionada de designar Magistrado Titular y Suplente de dicha Corte. No existe mandato constitucional ni legal que le imponga la obligación de convocatorias públicas, comisiones evaluadoras paralelas o procesos abiertos de postulación.

La experiencia pasada con la elección de Gobernadores departamentales es un antecedente que no debe ignorarse. La lección es evidente: no todo lo que se presenta como democrático fortalece la democracia. La democracia no se fortalece acumulando formalidades que corren vicios y riesgos, sino actuando al total amparo de la Constitución con responsabilidad y verdad.

Hoy, Guatemala ante todos estos procesos de elecciones de segundo grado, no necesita más controversia y procesos que pongan en riesgo la institucionalidad, mismos que pudieren ser atacados de simulaciones o entorpeciendo perfiles necesarios y que pudieren cumplir perfectamente con el artículo 113 de la CPRG.

Se necesitan decisiones firmes, legales y éticamente defendibles, especialmente cuando se está eligiendo a quienes deberán ser los garantes de la Constitución ante el Tribunal más alto y llamado a ser el último guardián del orden constitucional.

Por tanto, la semana que recientemente terminó, deja una conclusión ineludible: cuando los procesos se manipulan, como lo sucedido al anular la participación de los profesionales de las carreras afines, para la elección de Magistrado Titular y Suplente a la CC, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la institucionalidad se erosiona; y cuando se pueden complicar e incluso desacreditar, para el segundo caso en mención, el efecto puede terminar en enredos, dilataciones y cuestionamientos infructuosos que sólo darían la oportunidad a personas inescrupulosas para ejercer sus perversas maniobras y caprichos.

Estamos ante un juego político crucial y complejo, sostenido por débiles sistemas de controles legales y constitucionales, por lo que debe tenerse clara esa enorme responsabilidad institucional que muy posiblemente no admita atajos sin consecuencias.

Es por ello, que gestos como el anterior, quizá no sólo representen un acto que admita la bella retórica de la democracia, debiéndose ser muy cautos para evitar abrir la puerta a los oponentes qué tanto buscan oportunidades como estas.

Hoy estamos ante la posibilidad de brindarle a la población, profesionales idóneos, capaces, de reconocida honorabilidad y que defiendan el Estado de Derecho, sin vínculos con la corrupción y el crimen organizado.