Recién inició el proceso de cierre con el que finaliza el ciclo de las denominadas “elecciones de segundo nivel 2026”. Las expectativas de meses atrás se han traducido en resultados, que, con excepción del escenario razonablemente diferente en la conducción del Ministerio Público, deja una estela negativa. En ese contexto, la elección del Contralor de Cuentas representa el último capítulo, donde probablemente la tendencia adversa se consolide.

El primer paso se ha dado con la elección, del Foro de Rectores, de su representante, a quien le toca la menuda tarea de presidir la comisión de postulación. A pesar de las sombras que prevalecían en días recientes, las presiones ciudadanas, y no necesariamente el convencimiento propio, hicieron mella. Fue así como la decisión, por unanimidad, representa un paso positivo. Una corrección no voluntaria, pero al final, un primer episodio que marcará una senda donde los pactos políticos gestados de tiempo atrás podrían tener dificultades para transitar.

Recordemos que desde siempre la escogencia del Contralor ha sido un proceso viciado. No por gusto esa instancia sigue siendo un dominio reservado, lo cual ha evitado que en realidad sea una institución garante de la transparencia y la calidad del gasto público.  Por esta razón, varios diputados esperan la decisión final del seleccionado, antes de cerrar negociaciones de cara a sus intenciones de reelección. Tampoco es extraño ver cómo funcionarios de la Contraloría aparecen relacionados (y de manera pública) con personajes que se lanzarán de candidatos en próximos meses, quienes se caracterizan, además, por tener problemas legales serios derivados de malos manejos de los recursos públicos bajo su responsabilidad, en la actualidad y en años recientes.

Esa “institución” es atractiva por diversos factores, siendo uno esencial en período electoral la extensión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (comúnmente denominada finiquito), requisito obligatorio para los candidatos que hayan manejado o administrado fondos públicos.  Su obtención es moneda de cambio, sujeta a diversas transacciones, desde económicas hasta beneficios políticos.

Esta entremezcla de factores y negociaciones determinarán lo que suceda sobre y bajo la mesa de la postuladora. Corregir ese entuerto está cuesta arriba. La clave estará en la confección del listado de finalistas, escenario donde lo que contarán son los votos. Al final, los electores son los diputados, cuya mayoría aspira a que el contralor elegido represente la continuidad de la impunidad, la laxitud (que siga siendo floja); cabeza de una seudo institución acomodaticia, superficial, discrecional, dependiente de los giros políticos y que sepa bailar con la pieza del momento.

Pero, en medio del escenario poco alentador, puede que haya espacio para algunos vientos de cambio. La observancia del proceso será mayor, por lo que las componendas son más difíciles de articularse. Además, la atomización de intereses y la multiplicidad de actores es tal, que es difícil lograr consensos (muchas aves de rapiña quieren comer del mismo pastel).

Queda por verse la composición de la postuladora, los candidatos que se apunten, las componendas que puedan develarse, la confección de la lista corta y la elección final en el Congreso. Todo ello sucederá en pocas semanas. Las minucias (actividades complementarias) no serán las determinantes.