La indignación ciudadana crece ante las maniobras de Walter Mazariegos para prolongar su control sobre la Universidad de San Carlos de Guatemala como supuesto rector. Aunque muchos ya consideran consumado el fraude electoral de este nefasto personaje, es necesario escudriñar los factores que, en efecto, pueden propiciar la prolongación del secuestro de nuestra única universidad nacional. No es aceptable, en modo alguno, que se destruya una institución que debería estar destinada a identificar los caminos que debe seguir un país cuyo deterioro social e institucional alcanza niveles cada vez más preocupantes

Se debe reconocer, en primer lugar, que aceptar que Mazariegos puede triunfar en sus propósitos refleja las desesperantes circunstancias que vivimos en una sociedad en la que las promesas de cambio del presente gobierno no se han cumplido de manera suficiente. Con todo, esta posición resignada puede estar omitiendo las posibilidades de regeneración que se abren en este momento. Ya decía Hannah Arendt que, aun en medio de la época más oscura, todavía tenemos derecho a recibir iluminaciones. Reflexionar sobre nuestras circunstancias problemáticas puede arrojar luz.

Desde luego, nadie discute que dicho proceso es ilegítimo. Esto lo sabe incluso el usurpador, a quien, al menos en apariencia, la conciencia de sus fechorías ha llevado a vivir a escondidas. Y es que describir este proceso como fraude consumado no solo refuerza los intereses de quienes orquestaron este simulacro, sino que también perpetúa una serie de malentendidos que debemos desarticular para definir, como sociedad, qué hacer no solo para rescatar la Universidad de San Carlos, sino también para afrontar los retos políticos de nuestro tiempo.

Para comprender los problemas fundamentales en una época de crisis, es necesario reflexionar sobre los presupuestos básicos del orden social en proceso de descomposición. Una forma de cumplir este propósito es entender las estructuras de fondo del mundo social. Una estrategia en este sentido consiste en la contrastación entre la realidad física y los hechos institucionales. Desde una perspectiva liberal, ubicada dentro de la filosofía analítica, John Searle utiliza dicha distinción para desarrollar la teoría de que el mundo natural se compone de hechos “brutos”, mientras que el mundo institucional se compone de “hechos institucionales”. Según Searle, estos últimos surgen de una red de acuerdos constitutivos entre seres humanos, en los que los actos de habla desempeñan un papel esencial —piénsese, por ejemplo, en las constituciones—.

La pregunta es clara: ¿Mazariegos y el ilegítimo Consejo Superior Universitario de la USAC respetaron las condiciones para que la elección creara hechos institucionales? La respuesta es no. Como se ha mencionado, el fraude que vemos hoy repite las maniobras de la elección pasada: excluye electores con argumentos débiles, desobedece órdenes judiciales y amenaza a quienes cuestionan la elección. Además, hay que sumar a estas maniobras las consecuencias derivadas de cuatro años de desarticulación institucional, en los que la comunidad universitaria fue criminalizada y sometida a continuas vejaciones.

Es lógico inferir que la elección de Mazariegos no es un hecho institucional, pues no cumple con sus condiciones constitutivas. Es como validar un matrimonio celebrado bajo incapacidad mental o por un falso cura. Aunque no sea rector, Mazariegos persistirá en desvirtuar la labor universitaria nacional. Aceptar este hecho institucional ficticio expone un problema social de fondo.

Pensar que Mazariegos consumó un fraude evidencia un malentendido de fondo: el legalismo alienante. Este problema condena a la sociedad guatemalteca a la incertidumbre pues transforma el derecho en un instrumento represivo desvinculado de la justicia. Se olvida que los hechos institucionales derivan de acuerdos y prácticas sociales; sin embargo, con el legalismo alienante las estructuras jurídicas se fetichizan y se perciben como dotadas de poderes ajenos al control ciudadano. Esta alienación es peligrosa porque oculta que la ley surge de relaciones sociales cotidianas y que su olvido genera pasividad y fatalismo. Así, el legalismo nos mantiene en el subdesarrollo político, donde la razón ciudadana es frenada por el poder legal. Un ejemplo claro es la “Corte Celestial”, ante cuyas decisiones no vale la rigurosidad de los argumentos.

A veces este legalismo castrante se hace sumamente claro. Hace unos días, un distinguido abogado argumentaba que había que luchar contra Mazariegos a través de las cortes. Si no se resolvía el problema de este modo, aducía el profesional, ya no había nada que hacer.

De hecho, el legalismo alienante se conjuga con otros malentendidos básicos que impiden ver con claridad lo que está sucediendo. Esto ocurre con el concepto de autonomía universitaria, que mi colega Marco Fonseca ha denunciado como un fetiche, en el sentido en que este término adquiere en las teorías críticas. El concepto de autonomía, que refleja uno de los rasgos inherentes a las decisiones racionales en su sentido más amplio, debe aplicarse al quehacer universitario en cuanto a las condiciones de autogobierno relativas al conocimiento y la investigación. Es claro, entonces, que la autonomía universitaria, como rasgo institucional vinculado a la esencia del quehacer reflexivo, no implica el aislamiento de la sociedad que acoge a las universidades. De nuevo, la autonomía responde al establecimiento de relaciones sociales e institucionales capaces de sostener la independencia en la labor formativa e investigativa. No es un rasgo que descalifique el actuar del actual gobierno en la protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria.

No se puede negar que el principio de autonomía protege a la universidad del poder del Estado, que podría alterar sus fines. Pero cae de suyo que la autonomía universitaria no justifica que la universidad caiga en manos de mafias ante la indiferencia institucional del gobierno. El fuero universitario no se está respetando cuando se aduce que esta debe resolver sus propios problemas, incluso los que amenazan a su propia existencia como institución crucial de nuestra sociedad. Las analogías abundan. No se respeta la inviolabilidad de la residencia cuando se sostiene que su observancia impide actuar para evitar un crimen que se está cometiendo dentro de ella. En este sentido, el propio gobierno ha caído víctima del fetiche de la autonomía que criticamos en estas líneas.

Es claro, entonces, que la errónea comprensión del sistema legal guatemalteco se ha convertido en una trampa; lo mismo ha ocurrido con la pobre concepción de la autonomía universitaria. Por eso, es necesario volver a lo que resulta evidente: la conciencia de que tenemos derecho a decidir por nosotros mismos. Necesitamos otros acuerdos y otros compromisos; una participación vibrante que exija cambios legales o cambios de rumbo institucional. De este modo, comprender el problema de la alienación legal no nos condena únicamente a debatir con palabras y conceptos. Lo que se quiere decir es que, en tiempos de crisis, no podemos esperar soluciones de las propias instituciones que han sido debilitadas por este proceso. Las sociedades cambian, en parte, porque sus miembros comprenden que las instituciones no cumplen lo prometido y buscan transformar el rumbo a través de los movimientos sociales.

Por eso, cuando el derecho no responde a la justicia, cobran sentido las acciones directas. Nunca debe olvidarse que los poderes autoritarios siempre han comenzado su tarea de destrucción a través del derecho. Se necesita ir más allá del orden jurídico para desarrollar la protesta social. Un ejemplo reciente fueron las manifestaciones de 2023, cuando el pueblo guatemalteco, especialmente las comunidades indígenas, pidió que se respetaran los resultados electorales. El gobierno no puede ignorar este hecho, pues llegó al poder con el apoyo ciudadano, no únicamente por méritos propios.

Finalmente, creo que la indignación actual por el secuestro de la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene una profundidad que se relaciona con la conciencia histórica de nuestra sociedad. Esta conciencia resiste, aunque los sectores de poder no quieran que existan referentes institucionales críticos en una sociedad como la nuestra. Pensar en nuestra universidad nos obliga a valorar sus logros, sus sueños fundacionales y sus víctimas.

Así, mientras escribo, recuerdo que en 1548 Francisco Marroquín solicitó la fundación de una universidad en Guatemala. Tomo conciencia de esa cadena de esfuerzos que tardó más de dos siglos en dar sus frutos institucionales. No se puede olvidar cómo era nuestra universidad en tiempos de la independencia, cuando su nivel era comparable al de las universidades europeas. La conciencia de la Patria Grande me hace sentir orgulloso de que la Tricentenaria renaciera tras el ubiquismo para asumir los ideales de la Reforma de Córdoba de 1918. Y encuentro insoportable que los corruptos ofendan la memoria de los mártires universitarios de las últimas décadas del siglo pasado.

No debemos depender pasivamente de que las instituciones “justas” cumplan su deber. Nuestra voz debe hacerse valer en todos los espacios posibles para demostrar la ilegitimidad del sistema y exigir cambios. No podemos normalizar la sumisión ante estructuras legales que facilitan la corrupción. Debemos usar los mecanismos legales, pero complementarlos con acciones políticas enérgicas, especialmente aquellas que se basan en la articulación de diferentes actores sociales. No debemos descansar hasta sacar a Mazariegos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.