Es evidente la desesperación que existe en el Ministerio Público, mientras la Fiscal General Consuelo Porras y sus fiscales se centran en articular casos contra el gobierno en turno, es incomprensible la omisión de investigar a los últimos dos expresidentes. Estos dos personajes que lamentablemente dirigieron el país, poseen un extenso y conocido historial de actividades delictivas. Esta innegable inmunidad se debe a un probable pago para evitar ser investigados, todo esto el tiempo nos lo dirá.  

El MP en colusión con jueces aliados a la corrupción están traicionando la confianza ciudadana y dando la espalda a la población. Ante tal situación, es fundamental exigir una exhaustiva rendición de cuentas, los funcionarios públicos deben velar por la verdad y la justicia. Estás desesperadas maniobras buscan frenar el desarrollo nacional, siendo lo más grave, garantizar la impunidad en diversos casos de alto impacto que tanto han dañado y siguen dañando a nuestra nación.

Por otra parte, el Ejecutivo es objeto de los ataques ejecutados por el MP y exponiendo su limitada capacidad de respuesta, ha emitido una serie de comunicados para justificar su escaso desempeño. La cadena nacional del pasado domingo 26 de octubre evidenció que se hallan inmovilizados, la gestión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se encuentra bajo una encrucijada donde han tenido que solicitar apoyo nacional e internacional para poder operar durante el tiempo restante de su mandato. Una situación preocupante que refleja las consecuencias de actuar con tibieza.

Es necesario recordar que el mensaje de unidad nacional y las acciones contundentes eran obligatorios al tomar el poder. Ahora, la iniciativa resulta tardía y parece ser una acción desesperada para obtener apoyo popular que ya se ha deteriorado con el tiempo.

Es crucial subrayar que el Ministerio Público y las instituciones que conforman el Ejecutivo son fundamentales para promover el desarrollo de la vida de millones de ciudadanos. Por tanto, es inaceptable que Porras y Arévalo centren sus fuerzas en esta guerra sin sentido, creyendo que se perjudican mutuamente, cuando el único perjudicado es el pueblo guatemalteco. Sus acciones demuestran que carecen de voluntad para servir a la población, siendo su motivación obtener beneficios personales al dejar sus cargos.

¡Basta de dañar a la ciudadanía! Esta guerra política está perjudicando a los ciudadanos honestos y trabajadores que a diario luchamos por sacar adelante a Guatemala. Mientras ellos se intentan dañar, el pueblo sufre. Es claro que la unidad nacional ahora más que nunca es urgente, con el propósito fiscalizar y exigir resultados, esta pugna debe terminar con premura, es una emergencia recuperar la institucionalidad y entregar servicios de calidad. Los servidores públicos deben tener como prioridad; trabajar por el bienestar de todos los guatemaltecos, con resultados tangibles y promoviendo el progreso nacional.