En Guatemala, la justicia ya no es ciega: tiene una venda acomodada, un dedo apuntando y un verdugo con toga. El caso contra el exfiscal Stuardo Ernesto Campo Aguilar, dentro del expediente conocido como “Alfa Siete”, es uno de los episodios más burdos y peligrosos de criminalización institucional bajo la administración de Consuelo Porras.

En audiencia pública, Campo presentó personalmente sus conclusiones: con voz firme, expuso cómo la acusación en su contra carece de fundamento y responde más a una vendetta que a un proceso legal. Él nunca ordenó la investigación ni la captura de la señora María Bárbara Andrés Hernández de López. Fue una auxiliar fiscal (Eugenia del Rocío Velásquez Ramos) quien actuó por cuenta propia, sin seguir instrucciones, y ejecutó acciones que jamás fueron avaladas por su jefe inmediato.

Lo más perverso: esa misma fiscal que incurrió en el error ahora declara como testigo del Ministerio Público… en contra del funcionario que en su momento corrigió la injusticia.

Campo no participó en las audiencias del 28 y 29 de julio de 2022, donde se pidió la orden de captura. Fue otro fiscal quien acudió en su lugar. El 29 de agosto, fue Campo quien compareció para solicitar la falta de mérito, logrando así la liberación de la persona indebidamente detenida.

Testigos y analistas del propio Ministerio Público fueron categóricos: Campo no impartió ninguna instrucción sobre ese expediente, ni intervino en los actos procesales decisivos. La evidencia técnica y documental lo confirma: registros, informes, grabaciones, todo demuestra que los expedientes nunca estuvieron a su cargo, y que las instrucciones que sí emitió jamás incluyeron a la señora Hernández de López como objetivo.

En otras palabras: no hubo dolo, ni omisión deliberada, ni responsabilidad directa. El único “error” de Campo fue hacer lo correcto en un entorno institucional que castiga precisamente eso.

La sobrecarga de trabajo en la fiscalía hacía materialmente imposible que el jefe de sección supervisara cada paso de sus subordinados. Pretender que Campo debía haber detectado una desviación puntual, no registrada formalmente, es una exigencia absurda y profundamente injusta.

Bajo el mando de Consuelo Porras, el Ministerio Público ha dejado de perseguir el delito para dedicarse a la venganza. La lucha contra la corrupción ha sido criminalizada, y quienes la lideraron son ahora tratados como enemigos del Estado.

Hoy, Campo enfrenta un proceso penal sin fundamento, acusado por una omisión inexistente. Su único “delito”: haber encabezado investigaciones incómodas y haberse atrevido a corregir un abuso. Así opera la maquinaria perversa del Ministerio Público capturado: convierte la ética en culpa, y el compromiso en crimen.

Pero esto no se trata solo de él. Lo que está en juego es la posibilidad misma de que Guatemala recupere algún día un sistema de justicia decente. Defender a Campo es defender la memoria de una justicia que existió, por breve que haya sido. Y es, también, una advertencia: si no alzamos la voz hoy, mañana será aún más tarde.