Pagar mejores salarios es un objetivo legítimo. Hacerlo por decreto, sin productividad ni condiciones económicas que lo respalden, es poner la carreta delante de los bueyes. Ese error de secuencia suele disfrazarse de virtud moral. El debate sobre el salario mínimo suele plantearse como una prueba moral: quién está con los trabajadores y quién no. Ese encuadre es cómodo, pero falso, porque reduce la dignidad del trabajo a un gesto declarativo. La dignidad no se construye con decretos simbólicos, sino con condiciones reales que hagan viable el empleo. Un aumento salarial que ignore la estructura productiva y la sostenibilidad del trabajo no es justicia social, sino moralización superficial de la economía. No basta con proclamarse a favor del trabajador; hay que sostener el orden económico que permite que ese trabajo exista. Moral sin prudencia económica no es compromiso social: es querer hacer el bien sin saber cómo.

La pregunta relevante no es quién queda bien parado moralmente, sino en qué condiciones se encuentra la economía sobre la que recae ese aumento y qué efectos produce sobre quienes hoy sostienen el empleo formal. Convertir este debate en una confrontación entre bandos es una forma de retórica fácil que oscurece las condiciones materiales del aparato productivo y del empleo sobre el que estos aumentos recaen. Es una manera barata de la mesura y la responsabilidad que debería rodear esta decisión por el aplauso inmediato. La dignidad del trabajo depende también de la estabilidad del empleo y de la continuidad y expansión del proceso productivo que genera nuevas oportunidades laborales.

Justificar el aumento del salario mínimo en una economía que crece por encima del promedio histórico es un error de apreciación: ese crecimiento no proviene de un aumento generalizado de la productividad ni de una expansión homogénea del aparato productivo, sino de un impulso de demanda interna, alimentado en buena medida por un flujo extraordinario de remesas. Usar ese crecimiento agregado para justificar un aumento general de los costos laborales confunde el crecimiento con la capacidad efectiva y sostenible del aparato productivo para absorber mayores costos, y traslada un auge transitorio de la demanda a un encarecimiento permanente del trabajo, precisamente en una estructura productiva frágil y altamente heterogénea.

En las actividades sectores exportadoras intensivos en mano de obra, aumentos salariales por encima de la capacidad real de las empresas no redistribuyen: reconfiguran la estructura, reduciendo empleo formal, ampliando la informalidad y empujando una pérdida silenciosa de exportaciones frene a países más competitivos. A ello se suma un problema de crónico de secuencia de la política económica: antes de subir salarios, el país debería reducir los costos que impone el propio Estado —trámites, inseguridad, energía cara, mala infraestructura, logística deficiente e incertidumbre regulatoria—. El problema no es pagar mejores salarios, sino hacerlo sin respaldo en productividad y usando una herramienta ciega que no distingue entre sectores con margen de maniobra y sectores con el “agua al cuello”. El riesgo es microeconómico, silencioso y acumulativo, y cuando se hace visible, suele ser tarde.

Por si fuera poco, el aumento del salario mínimo se discute en un contexto externo aún más delicado. Durante buena parte del año, buena parte de las exportaciones guatemaltecas ha sufrido los efectos del arancel recíproco de 10 % impuesto por Trump. El impacto ha sido inmediato en los sectores más vulnerables: empresas exportadoras que han visto elevarse aún más sus costos, mientras que las exportaciones de su competidor más directo y fuerte, México, no están sujetas a este costo adicional. Esta realidad, sumada a la alta incertidumbre sobre la política comercial estadounidense, configura un cóctel explosivo. Aunque existe la promesa de que ese arancel será removido, la percepción de los mercados es clara: mientras esa incertidumbre no quede definitivamente zanjada, no puede darse por ganada ninguna “victoria”.

Aumentar el salario mínimo en estas condiciones es, por tanto, una apuesta incierta. Mientras no haya claridad sobre la política comercial de los principales socios y mientras sectores clave sigan vulnerados por choques externos y por una competitividad interna debilitada, aumentos discrecionales por ley en los costos laborales pueden convertirse en el empujón final para muchas empresas. Apostar a que no ocurrirá puede ser optimismo. Apostar a que todo saldrá bien, sin cambiar lo demás, es simplemente un acto de fe.