El caso judicial con el que el exjefe del Centro de Gobierno Luis Miguel Martínez Morales busca revertir las sanciones impuestas por Estados Unidos entró en su etapa final; la jueza Beryl Alaine Howell recibió de manos de los abogados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia, las pruebas clasificadas y privilegiadas que fueron la base para la sanción de quién durante años fue la mano derecha del expresidente Alejandro Giammattei.

Martínez y su abogado Alexei Schacht han dicho a la jueza que no han podido defenderse de los señalamientos que hace la OFAC debido a que la mayoría de la información que les presentaron se encuentra restringida con tachones. Schacht señaló en uno de sus escritos dirigidos a la jueza que la OFAC no proporcionó «ni siquiera la más mínima información» que le permitiera defenderse de las acusaciones.

Pruebas y no chismes políticos

Con la entrega de la información clasificada y privilegiada, la OFAC busca que la jueza pueda saber de primera mano que la designación de Martínez no se hizo por “chismes políticos” y en base a “artículos de prensa difamatorios” como afirma el exjefe del Centro de Gobierno y su abogado. 

El pasado 23 de febrero, el gobierno estadounidense notificó que entregó información clasificada y privilegiada al tribunal. La información fue remitida bajo la figura “ex parte” e “in camera”, lo que significa que únicamente la jueza tendrá acceso a ese material, sin posibilidad de que la defensa lo conozca o lo confronte directamente.

El escrito señala: “Los demandados, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros, a través del abogado que suscribe, notifica por la presente que han presentado ante el Tribunal información clasificada y privilegiada en apoyo a los argumentos vertidos por los demandados”.

La decisión está ahora en manos de la jueza Howell, quien deberá evaluar, tanto el expediente público como la información reservada antes de resolver si la sanción se mantiene o si procede la demanda de Martínez, quien exige que la sanción sea levantada, además de reclamar el pago de los honorarios del abogado, así como los costos incurridos en esta acción; y pide también que se le otorgue otras reparaciones adicionales que el Tribunal considere justas y apropiadas.

El peso de la evidencia clasificada

La existencia de información clasificada a la que sólo tendrá acceso la jueza fortalece la posición del gobierno, ya que en este tipo de litigios los tribunales suelen otorgar un amplio margen de deferencia al Ejecutivo.

El Departamento de Justicia informó a la Corte que parte del sustento de la designación incluye material protegido por razones de seguridad nacional y por privilegio de aplicación de la ley. 

En este tipo de litigios, los jueces suelen aplicar un estándar altamente deferente hacia el Ejecutivo, especialmente cuando se trata de sanciones vinculadas con política exterior y seguridad nacional. 

Sin embargo, la revisión del caso no será automática: la juez deberá evaluar si la decisión fue razonable y si el procedimiento respetó los parámetros mínimos de debido proceso.

La defensa ha cuestionado no tener acceso completo al expediente, pero la jurisprudencia en casos de sanciones internacionales respalda que el gobierno pueda retener información clasificada cuando esté en juego la seguridad nacional.

En un escrito anterior, la OFAC había señalado a la jueza que la designación de Martínez era una decisión discrecional del Poder Ejecutivo, vinculada a la política exterior y la seguridad nacional, y no un asunto que debía ser reexaminado por los tribunales, por lo que pedían que no interfiriera con esa decisión.

La jueza Howell es una experimentada magistrada con un doctorado en jurisprudencia por la Universidad de Columbia, desde febrero de 2024 asumió la categoría de jueza superior, mientras que en julio de 2010 fue nominada por el presidente Barack Obama para impartir justicia en el Distrito de Columbia y fue confirmada por el Senado en diciembre del mismo año.

“La ausencia de condena no limita su facultad”

El mismo día en que la OFAC notificó que la jueza puede acceder a la información secreta que sirvió de respaldo para sancionar a Martínez, la oficina presentó otro escrito en el cual vuelve a sostener que la designación de Martínez cumple plenamente con la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA por sus siglas en inglés) y con la orden ejecutiva vigente que permite sancionar actos de corrupción extranjera considerados una amenaza para los intereses de Estados Unidos.

En el documento, el gobierno señaló que Martínez no demostró cambios de conducta posteriores a su designación ni entregó información financiera actualizada suficiente durante el proceso de reconsideración, lo que, según OFAC, impide concluir que existan nuevas circunstancias que justifiquen su exclusión de la lista.

Además, la OFAC reiteró que el exfuncionario “y sus cómplices utilizaron una ley de adquisiciones anticuada para eludir el proceso de licitación y obtener contratos gubernamentales para empresas en las que tenía intereses financieros”, también señaló que Martínez participó en la adjudicación irregular de contratos públicos; que habría utilizado mecanismos para eludir procesos formales de licitación; además de asegurar que solicitó cuantiosos sobornos para facilitar la compra de la vacuna rusa Sputnik V por parte del Gobierno de Giammattei, entre otros actos de corrupción.

El señalamiento por el tema de las vacunas Sputnik, al igual que otros casos de corrupción vinculados con el Gobierno de Giammattei, no ha sido investigado por el Ministerio Público de Consuelo Porras, quien busca una segunda reelección a pesar de los múltiples cuestionamientos alrededor de su gestión.

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos también subrayó un punto clave al manifestar que la ausencia de condena penal en Guatemala no limita su facultad para imponer sanciones administrativas bajo su propio régimen legal. Es decir que lo que haya decidido o no la justicia guatemalteca no es determinante para Washington.