Imagen promocional del documental realizado por HBO a partir del libro El arte del asesinato político de Francisco Goldman.

Un poco de historia: en 1998, apenas dos días después de presentar el informe Guatemala: Nunca Más, Monseñor Juan Gerardi fue brutalmente asesinado. Ese extenso documento, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), responsabilizaba directamente a las fuerzas de seguridad del Estado de la mayoría de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno. El mensaje era claro: verdad, memoria y justicia. La respuesta también lo fue: silencio a golpazos.

A más de 25 años del crimen, El arte del asesinato político, del escritor y periodista Francisco Goldman, sigue siendo un libro imprescindible. No sólo por la valentía de su investigación ni por la calidad de su escritura, sino porque el sistema que disecciona —militar, político, oligárquico y criminal— no ha desaparecido, al contrario: se ha reforzado.

Goldman reconstruye el asesinato de Gerardi con una precisión escalofriante. Desmonta versiones oficiales, evidencia la manipulación judicial y deja abiertas líneas de investigación que aún hoy no han sido exploradas a fondo. Entre ellas, la más delicada: el posible involucramiento del entonces general Otto Pérez Molina, jefe del Estado Mayor Presidencial. Un testigo clave, Rubén Chanax, lo señaló directamente. Pero Pérez Molina no fue investigado por eso. Años más tarde, fue capturado y procesado por corrupción, no por crímenes de lesa humanidad.

Lo que Goldman expone —y que con los años se volvió más evidente— es la continuidad de una estructura clandestina de poder que une a exmilitares, élites económicas, políticos y operadores judiciales. Una maquinaria diseñada para preservar la impunidad, redistribuir el botín estatal y perseguir a quien intente desafiarla.

La historia del capitán Byron Lima, condenado por el crimen de Gerardi, es ilustrativa. Desde la cárcel montó un verdadero aparato de poder criminal: controlaba traslados, decidía sobre funcionarios del sistema penitenciario, manejaba extorsiones y hasta fabricó camisetas para la campaña presidencial de Pérez Molina. Pero con el tiempo, Byron Lima se volvió incómodo para quienes lo habían protegido. En 2016, fue asesinado dentro de la prisión, en lo que muchos consideran una ejecución encubierta. Su hermano lo dijo sin rodeos: fue un crimen de Estado.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), liderada por Iván Velásquez y con el respaldo y colaboración de la fiscal general Thelma Aldana, logró lo impensable: procesar a expresidentes, ministros, altos empresarios y generales. Por un momento, Guatemala pareció moverse hacia un ajuste de cuentas con su historia. A entrar en la modernidad. A repensarse como país. A refundar el Estado.

Pero ese sueño terminó pronto. La reacción del sistema fue virulenta. Se conformó lo que se ha llamado el Pacto de Corruptos, una alianza transversal entre políticos, exmilitares y empresarios que se propuso desmantelar el avance anticorrupción y tomar venganza contra quienes lo habían impulsado. Jueces y fiscales independientes fueron perseguidos, estigmatizados, denunciados o forzados al exilio. El Ministerio Público se convirtió en herramienta de represalia y la Fundación contra el Terrorismo comenzó a inundar las cortes con denuncias contra la CICIG.

El expresidente Álvaro Arzú, uno de los símbolos del viejo orden, no pudo contener sus iras cuando las investigaciones comenzaron a tocarlo. Murió súbitamente de un infarto en un exclusivo campo de golf. Sus funerales de corte militar en la Antigua, en el estilo más criollo posible, cerraron un capítulo, pero no frenaron el proceso de restauración. Todo lo contrario.

El Pacto de Corruptos se apoderó de las cortes, incluida la Corte de Constitucionalidad, controló el Congreso y se aseguró el poder del Ejecutivo. Sin embargo, el control total del Estado no garantizó su permanencia. En 2023, el sorpresivo triunfo de Bernardo Arévalo y el partido Semilla en las elecciones presidenciales rompió el guion y desató una reacción del Pacto de Corruptos que no tolera perder poder y que apeló a estrategias con claras intenciones golpistas, revestidas de una supuesta legalidad. Desde el Ministerio Público, la fiscalía encabezada por Consuelo Porras activó una campaña judicial agresiva y sostenida contra Semilla con el expediente conocido como el caso «Corrupción Semilla», narrativa construida sobre bases frágiles, contradictorias y profundamente pervertidas. Primero suspendieron su personería jurídica, luego se cancela ilegalmente el partido por un juez comprometido y dejando a un lado el marco legal de las funciones del Tribunal Supremo Electoral. Y se allanaba el TSE, se retenían actas y se presionaba a jueces. Todo bajo el disfraz de legalidad, con el objetivo evidente de impedir la transición democrática y restaurar el control autoritario. ¿Triunfará para siempre la corrupción sistémica?

La corrupción es la enfermedad crónica de los Estados débiles, pero también su condena: siempre llega el día en que sus cómplices se devoran entre sí y su impunidad se desmorona. La corrupción parece eterna, pero su arrogancia la pierde. Siempre acaba cayendo por donde menos espera: por su exceso, por su vanidad, por su propia podredumbre. Anotamos que sigue siendo muy válida la afirmación del filósofo y politólogo francés Montesquieu, creador del concepto de división de poderes en un Estado,de que «no hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia.»

La expulsión de la CICIG no solo representó el cierre de un capítulo extraordinario en la lucha contra la corrupción, sino una inversión radical de su propósito. El mandato de la CICIG, desde su creación, no era solo investigar: era transferir capacidades técnicas e investigativas al sistema de justicia guatemalteco, fortalecer al Ministerio Público, acompañar a los jueces y fiscales independientes, y construir un aparato judicial más fuerte y autónomo. Pero con la restauración conservadora, se produjo exactamente lo contrario: los operadores de justicia que aprendieron a investigar el poder fueron criminalizados. Hoy, decenas de fiscales y jueces valientes —algunos claves en las investigaciones más sensibles— están en el exilio, bajo amenaza o enfrentando procesos penales manipulados en su contra. El caso más emblemático es el de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien lideró investigaciones cruciales contra expresidentes, diputados y empresarios, y fue destituido abruptamente en 2021. Tras múltiples amenazas y persecución judicial, Sandoval se vio obligado a salir del país. En lugar de castigar el crimen, el sistema persigue a quienes lo enfrentaron.

El ataque del Ministerio Público no se ha limitado a fiscales y jueces o políticos de Semilla, como el abogado y poeta Eduardo Masaya, sino la prensa crítica también está bajo asedio. Con el respaldo político y discursivo de la Fundación contra el Terrorismo, el MP ha emprendido una campaña sistemática de intimidación y criminalización contra periodistas y medios independientes. El caso más dramático es el de José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, quien fue detenido en 2022 tras décadas de denunciar redes de corrupción. Su medio fue asfixiado económicamente, acosado judicial y finalmente obligado a cerrar en 2023. El hostigamiento continúa: el propio Diario de Centro América, órgano oficial del Estado, ha sido blanco de presiones por publicar líneas editoriales que incomodan al sistema de corrupción. El mensaje es claro: ninguna voz disidente está a salvo. Se ha vuelto a instalar el miedo como método de control. En este contexto, cualquiera puede ser acusado, incluso por escribir una columna de opinión. Lo que está en juego no es solo la libertad de expresión, sino el derecho mismo a pensar y decir lo que se piensa sin ser perseguido por ello. De ahí que es aún valedera esta contundente frase atribuida al prominente dramaturgo alemán Bertolt Brecht: “Cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se convierte en deber.»

Al aparato de represión judicial se suma un frente digital igualmente peligroso: el uso sistemático de netcenters para atacar, difamar y desinformar, por ejemplo, el llamado ¡Yes master!  Que a veces se adelanta a los pasos del MP y que no pocos han dicho que se trata de un medio social afín al MP y a algunos de sus funcionarios.

Estas redes —muchas veces anónimas o vinculadas a operadores políticos del pacto de corruptos— propagan noticias falsas, distorsionan hechos, agitan el odio contra el gobierno, los medios independientes, fiscales en el exilio y cualquier voz que cuestione el statu quo. Su objetivo no es informar, sino desacreditar y sembrar miedo, estigmatizando a quienes luchan por la justicia y presentando a los corruptos como víctimas. El efecto es tóxico: se envenena el debate público, se polariza a la sociedad y se busca aislar a quienes aún resisten. Es la extensión digital de una estrategia de restauración autoritaria que no tolera el disenso.

Hoy, más que nunca, El arte del asesinato político resuena como una advertencia vigente. La justicia está cooptada. El Ministerio Público, instrumentalizado políticamente, persigue judicialmente a fiscales, jueces, periodistas, políticos y voces críticas. Se vive una regresión autoritaria que plantea una pregunta crucial: ¿se ha agotado la legalidad en Guatemala?

A este panorama se suma la participación activa de sectores ultraconservadores que hacen apología abierta de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado durante la guerra. En nombre de la “patria” y el “orden”, y afirmando combatir el terrorismo buscan en cambio reescribir el pasado y legitimar el terror.

El arte del asesinato político no es solo una reconstrucción del crimen de Gerardi: es una radiografía lúcida de cómo operan los poderes en las sombras. La muerte de Gerardi, la condena y ascenso criminal de Lima, su asesinato dentro de la prisión, las acusaciones contra Pérez Molina, el silencio cómplice de Arzú y el desmantelamiento de la CICIG no son hechos aislados, sino eslabones de una misma cadena de impunidad.

Goldman concluye su libro con una advertencia: algún día, quizás, se investigará formalmente la implicación del general Otto Pérez Molina en el asesinato del obispo. Hasta hoy, eso no ha sucedido. Pero la pregunta sigue viva. Y su libro también. Porque la verdad en Guatemala no sólo necesita ser dicha: necesita sobrevivir.

A continuación, una breve entrevista con Francisco Goldman, autor de El arte del asesinato político, sobre la vigencia de su libro, la impunidad persistente y la crisis de justicia en Guatemala.

Entrevista a Francisco Goldman

P: En su libro El arte del asesinato político, publicado hace dos décadas y media abrió usted pistas para identificar a los asesinos intelectuales. Después de los años que han pasado desde la publicación ¿sigue usted sosteniendo lo mismo? ¿Ve cosas que han cambiado?

FG: Como tú dices, han pasado los años, y no he seguido el caso como lo hice en los años cuando estaba trabajando el libro. Leo lo que todo el mundo lee en los periódicos. Y, por supuesto, amigos y colegas de esos años que siguen conectados al caso a veces me cuentan cosas, pero no estoy a libre a revelar lo que me dicen. Yo escribí una historia del caso, entonces no era yo quien sostenía, eran los fiscales, los jueces, los investigadores, etcétera, y más que todo, en mi libro yo intenté reconstruir en una narrativa el caso complejo que ellos armaron en esos años. Reporté también sobre evidencias creíbles, aunque fueron circunstanciales, que encontraba en el camino, evidencias; es el trabajo de un sistema de justicia a investigar tales evidencias, un periodista solo puede reportarlas. Pero no he visto nada que desmienta cualquiera de esas evidencias o sospechas. Lo que no ha cambiado es que después de veinte años nada ha emergido, ninguna evidencia, que podría sostener las acusaciones de los teóricos de la conspiración quienes siempre han rodeado este caso. Nada que sostenga Valle del Sol, ninguna prueba que Chanax no fuera quien él decía ser, etcétera. Con las revelaciones que se han hecho públicas sobre el caso Pandora, sobre los pagos de Arzú a Lima, y las declaraciones de Alejandra Reyes, la viuda de Lima está más obvio que nunca que los veredictos en caso Gerardi estaban en la marca y apuntando en las direcciones correctas. Claro, todavía hay mucho que no se sabe, o que el público no conoce.

P: El señalamiento a Álvaro Arzú, conectándolo con Byron Lima por parte de CICIG y Ministerio Público coincide con algunas de sus teorías presentada en su libro. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

FG: Creo que sí.

P: Una pregunta directa: ¿hay evidencias e indicios suficientes para afirmar que el general Otto Pérez Molina estuvo involucrado en el asesinato del obispo Gerardi?

Hay evidencias muy fuertes de su papel como protector de Lima y sus actividades criminales desde que Lima entró la cárcel. Eso sí. Y acuérdate en las entrevistas que daba Pérez Molina cuando salió el libro, él hasta negaba conocer a Lima.

Entonces, bueno. Como dije arriba, son cosas que quizás la justicia va a investigar más a fondo algún día, no sé.

P: ¿Cree que se resolverá algún día el misterio de los asesinos intelectuales del obispo?

Tengo fe que sí.

P: Algo que quiera agregar.

FG: El caso Gerardi fue un triunfo insólito y sin precedentes para el sistema de justicia en Guatemala. No vino de los cielos, no fue realismo mágico, no fue por azar, fue por el trabajo, talento y enorme valentía y compromiso de guatemaltecos del sistema de justicia, de la ODHAG, de algunos otros. Me dan tristeza y hasta algo de náusea los cínicos y los charlatanes tendenciosos en Guatemala y en Estados Unidos que tanto han intentado a manchar ese triunfo. Como dije, pues, aquí estamos veinte años después, y no ha salido ni una miga de evidencias a favor de ellos y sus «teorías». Mientras el caso Gerardi que triunfó en los tribunales cada día se ve más fuerte.