Hace unos días escuché, en un acto público, una afirmación que expresó un participante de la mesa que lo presidió, en la que indicó que no existen políticas para el libro y la lectura en Guatemala. Atribuyo esa afirmación a desconocimiento, pues en el año 2006, los días 8, 9 y 10 de marzo, en la sede central de la Universidad Rafael Landívar, con el apoyo de la exrectora Guillermina Herrera, realizamos un encuentro nacional, con la participación de muchas personas, algunas representando instituciones del sector no gubernamental, incluyendo de los pueblos indígenas, universidades y de dependencias de gobierno, para la formulación de dichas políticas.

 Previo a este encuentro realizamos otros, preparatorios, en ciudades del país. Fue un proceso de varios meses, que culminó en los días indicados. Tasso Hadjidoduo fue el presidente honorario de la Comisión respectiva. Yo, el presidente operativo, es decir el que “pica piedras”.   Le dediqué tiempo y entusiasmo. La coordinación la tuvo el Consejo Nacional del Libro “CONALIBRO”, entidad creada en la Ley de Fomento del Libro, Decreto 58-89, emitido en 1989 por el Congreso de la República. El presidente del Consejo fue en ese momento, Rodolfo Bolaños, un joven editor. Actualmente reside en Uruguay. Es copropietario con su esposa de la editorial “Amanuense”, que se dedica a publicar libros para niños. En años anteriores también fui presidente del mencionado Consejo, en representación del Ministerio de Cultura y Deportes, en virtud que la ley indica que el representante titular de dicho Ministerio automáticamente es el Presidente del Consejo. Una entidad que fue creada sin personalidad jurídica por lo que no se le puede asignar presupuesto propio para su funcionamiento. Esa debilidad no le permite desarrollarse, aunque trabajó con relativo éxito desde su creación, por el entusiasmo de sus integrantes, especialmente de sus presidentes, y por el apoyo que le dio el Ministerio de Cultura y Deportes. Entre sus presidentes tuvo a Jesús Chico y doña Carmen de León Palacios, el primero de la empresa Artemis Edinter y la segunda, de la Editorial Oscar de León Palacios.

El resto de los miembros de la Directiva del Consejo representan a diversos sectores, de acuerdo con lo establecido en la Ley indicada: universidades, editores, libreros, Academia de Lenguas Mayas, Ministerios de Educación y Finanzas, CONALFA, etc.  Prácticamente dejó de funcionar en el 2015, por razones que ignoro. En ese año se nombró al poeta Enrique Noriega por la Exministra Ana María Rodas, poeta y escritora, como representante del Ministerio de Cultura y Deportes, o sea como presidente de dicho Consejo.  Fue designado también como encargado de la Unidad encargada del Fomento del Libro y la Lectura. En ese cargo Noriega ha realizado un valioso trabajo.

 En cuanto al Consejo Nacional del Libro sugiero a las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes que se integre nuevamente, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley respectiva. Propongo a uno de los integrantes de la Asociación Gremial de Editores, ya que han demostrado su capacidad en organizar eventos como la FILGUA, y en otros aspectos relacionados con el ecosistema del libro. Y que al mismo tiempo se traslade al Congreso de la República el proyecto que ya se elaboró, para que emitan una nueva Ley para el libro, la lectura y bibliotecas, en sustitución de la vigente, de acuerdo con la propuesta, de una ley “tipo”, que CERLAC presentó a los Estados Parte en el 2009. Yo estuve en la asamblea que aprobó el mencionado proyecto; evento que se realizó en Bogotá. Por Guatemala asistí en representación del MICUDE, junto a Gabriel Piloña, que fue nombrado por los editores para esa ocasión. Noriega con Irene Piedrasanta han tenido reuniones con diversos sectores para que conozcan del proyecto y para que propongan modificaciones, para que responda a las necesidades y requerimientos del sector.

La Comisión específica, nombrada para proceso de redacción de las Políticas Públicas del Libro, la Lectura y Bibliotecas, con el apoyo de un experto de CERLALC, de nombre Juan Fernando Sarmientos, quien viajó a Guatemala para ese trabajo, hizo la redacción final de las Políticas, tomando en cuenta los insumos recibidos. Al final, con el apoyo económico de diversas instituciones, se hizo una edición de un folleto, 94 páginas, de dos mil ejemplares, que circuló en distintos medios. El tiempo establecido para estas políticas fue del 2007 al 2014, pero a mi criterio están vigentes porque no han sido derogadas. Fueron aprobadas por el Acuerdo Gubernativo número 86-2010, emitido el 11 de marzo de 2010. Aun así, sugiero que se solicite a la Presidencia de la Republica que las prorrogue por un nuevo plazo.

Por el contenido, por la extensión de los textos, y por todo lo que contiene en materia del libro, la lectura y bibliotecas, incluyendo lo que corresponde de los derechos culturales de las distintas etnias indígenas del país, así como de los sectores del circuito del libro, deben mantenerse dichas políticas.  Es un trabajo que no se debe perder. Como dice un dicho “no hay que ser más papistas que el Papa”.

 Las políticas son las siguientes: 1) Política de Estímulo a los Autores y a la Creación Protegida por el Derecho de Autor. 2) Política para el Fomento y Formación de la Lectura y Escritura. 3) Política para el Estímulo a la Producción Editorial y al Fortalecimiento de la Comercialización del Libro. 4) Política para el Apoyo a la Diversidad Lingüística. Cada una cuenta con matrices de acciones, actores y fuentes de recursos. Los interesados las pueden leer, por internet, poniendo el título de “Políticas Públicas del Libro, la Lectura, la Escritura y Bibliotecas”. De la misma forma lo pueden hacer por si desean conocer las Políticas Culturales, Deportivas y Recreativas (Políticas actualizadas) 2015-2034.

No se debe afirmar que no contamos con políticas para otros sectores de la cultura, entre estas la Política Cultural en el Marco de la política Exterior de Guatemala, aprobada en 2012, cuya vigencia venció en 2016, sin que se implementara, en cuyo proceso de creación también participé, como miembro de la Comisión específica.  Tuve el privilegio además de ser contratado para una consultoría relacionada con la creación de dicha política. El producto se materializó en un libro de 358 páginas, que fue publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el año 2011, en una edición de mil ejemplares, cuyo título es “La legislación Cultural Internacional y su incidencia en la cultura guatemalteca”. En ese mismo año la Editorial Cultura, dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes, publicó otro libro de mi autoría “Breviario de legislación nacional sobre las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos ancestrales y los derechos de los pueblos indígenas en materia de cultura”.

Mi vida ha sido plena y satisfactoria. Me ha permitido, durante más de sesenta años, desde mis quince primaveras, ser protagonista y actor en muchos hechos, que ya son historia del mundo de la cultura, especialmente de Guatemala.