El viernes 24 recién pasado, nuevamente, el juez Fredy Orellana emitió una orden judicial manifiestamente ilegal, buscando subvertir el orden constitucional; probablemente, una decisión condenada al fracaso e irrelevancia. Días antes, el Ministerio Público condujo allanamientos en el Ministerio de Salud en un intento por criminalizar esfuerzos que buscan implementar procesos más transparentes y baratos para la compra de medicamentos y el abastecimiento de los hospitales y centros de salud del país.

Una tras otra, desde hace algunos años, la sociedad guatemalteca ha presenciado una seguidilla de órdenes judiciales que buscan perseguir a opositores, garantizar impunidad a grupos del crimen organizado, encarcelar a inocentes, proteger intereses espurios y subvertir la democracia.

Las normas formales e informales que deberían conducir y constreñir el poder público dejaron de importar. El texto de la ley —por inequívoco que sea— está constantemente “sujeto a interpretación”, dependiendo de los actores o intereses involucrados. De manera similar, en tribunales y en las fiscalías, los hechos están “sujetos a negociación”. Lo anterior no es otra cosa que un estado de crisis.

En un Estado de Derecho, la justicia debería ser el refugio de la ciudadanía frente al abuso del poder. No obstante, en Guatemala, esa promesa se ha desvanecido. Hoy, el derecho no es el instrumento que garantiza la igualdad, sino el lenguaje que las élites criminales y los grupos de poder utilizan para legitimar sus intereses. Es ineludible preguntarse cómo llegamos a este punto de degradación institucional en donde el texto de la ley no importa, sino únicamente el resultado deseado por los grupos de interés.

La respuesta no es sencilla. Una de las variables en juego podría ser el proceso de descomposición paulatina de las instituciones encargadas de sostener el Estado de Derecho. Esa degradación ha sido liderada y justificada por amplios sectores del gremio jurídico que han renunciado a su papel de garantes de la legalidad. No sería una exageración afirmar que buena parte de los abogados del país se han convertido en operarios de un sistema demencial donde la ley es únicamente una herramienta para conseguir resultados a conveniencia.

Las y los profesionales del derecho son quienes operan el sistema día a día. Sin embargo, hay una masa crítica de la abogacía guatemalteca que ha optado por la comodidad del silencio o la complicidad activa. No es infrecuente leer a personas que aducen ser parte del gremio adaptar la retórica jurídica para justificar lo que en esencia es injustificable.

Uno de los puntos de énfasis en las observaciones preliminares de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, después de su visita a Guatemala, versó precisamente sobre la profesión legal en el país. Por un lado, la Relatora subrayó las denuncias que recibió sobre “la proliferación de universidades privadas con facultades de derecho de bajos estándares académicos”, y que han sido fundadas con el único objetivo de “obtener representación en las Comisiones de Postulación encargadas de seleccionar a los magistrados de las cortes superiores y otras autoridades”.

Por ello, la profesora Satterthwaite instó al Estado de Guatemala a “establecer procesos rigurosos de acreditación y evaluación periódica de las facultades de Derecho, llevados a cabo por organismos técnicos independientes y basados en indicadores claros, objetivos y públicamente disponibles”.

Finalmente, la Relatora Especial puntualizó el rol de “una comunidad jurídica sólida, regida por altos estándares de formación académica, ética profesional y autonomía institucional” como requisito para una justicia independiente, imparcial y profesional.

Las personas que perciben la retórica jurídica de los adversarios del orden democrático como vacía, estéril e inútil no están equivocadas. Lamentablemente, nuevas generaciones de profesionales, gradualmente, normalizan esas prácticas.

Reconstruir el imperio de la ley en Guatemala implica mucho más que reformar códigos o nombrar nuevas autoridades judiciales. Requiere una transformación cultural dentro del gremio jurídico. Es necesario construir una masa crítica de colegas que estén activamente buscando que su trabajo no sea simplemente litigar o ganar casos, sino sostener la legitimidad del sistema de justicia. Eso, en parte, debe venir desde las universidades y desde la formación de las personas que deciden emprender el estudio del derecho.