Corte de Constitucionalidad. Foto: SIC

En Guatemala gobierna cualquiera menos quien ganó las elecciones. El Ministerio Público, convertido en inquisición de intereses particulares, y la Corte de Constitucionalidad, que más que Corte actúa como poder constituyente permanente, han conseguido algo que ni las dictaduras más torpes logran: un Estado que no puede gobernarse. Aquí, la ley no protege ni ordena: se invoca como herramienta para deshacer, vetar, enterrar. La política se convierte en espectáculo procesal; la justicia, en arte de guerra. Y lo que queda no es institucionalidad, sino su parodia: un país donde toda decisión legítima puede revertirse si molesta a los poderes que no se postulan pero siempre ganan.

El Ministerio Público (Leviatán maltrecho) ya no opera como órgano del Estado, sino como sujeto político. Y no como sujeto deliberativo, sino punitivo. Castiga, reprime, persigue. No investiga el crimen: selecciona enemigos. Y los castiga no solo con sentencias, sino con el proceso mismo, que se ha convertido en el nuevo lenguaje del escarmiento. Parafraseando a Foucault, ya no se trata de castigar cuerpos sino de administrar subjetividades: asustar, disciplinar, desmovilizar.

En ese juego, el derecho penal es una escenografía. Lo que importa no es si hay delito, sino si hay molestia. ¿Te atreviste a denunciar corrupción? ¿A cuestionar al régimen que quedó atrapado en las instituciones? Entonces el aparato judicial encuentra en ti a su enemigo necesario. Porque el enemigo es lo que da sentido a este orden. Achille Mbembe en su política de la enemistad lo explica sin rodeos: los sistemas autoritarios se mantienen no por construir futuro, sino por fabricar antagonistas. El modelo del ejercicio nacional de poder no se basa en gobernar para el pueblo, sino en gobernar contra un enemigo interno permanente. Aquí, cada fiscalía es una máquina de enemigos.

Y luego está la Corte. La Corte de Constitucionalidad, que a estas alturas ya no es una corte sino un oráculo: habla en última instancia, se invoca en nombre de la ley pero responde a otras fidelidades. En su deriva actual, no garantiza derechos ni defiende el pacto constitucional: lo reescribe en tiempo real. Cada resolución puede revertir políticas públicas enteras, bloquear reformas, dinamitar programas de gobierno. Sin discusión, sin consecuencias. Como un dios menor, que no necesita explicar sus designios.

Hannah Arendt advirtió que el verdadero autoritarismo no siempre llega con botas y desfiles, sino con instituciones que vacían de contenido las decisiones populares. La CC no necesita clausurar el Palacio Nacional: le basta con decretar la invalidez práctica de toda agenda que no le parezca conveniente a sus patrones. Guatemala se ha convertido en un Estado donde el Ejecutivo solo ejecuta si los otros poderes lo permiten. La soberanía popular, que Rousseau concebía como indivisible, aquí se trocea a gusto del tribunal de turno. Así funciona el autoritarismo para Arendt: la voluntad democrática queda supeditada a decisiones de órganos que no rinden cuentas ni obedecen principios deliberativos.

Pero no nos engañemos: esto es el síntoma de una cultura política donde la ley no es instrumento de gobierno, sino de venganza. Y como diría Walter Benjamin, todo documento de civilización es también un documento de barbarie: nuestras cortes y fiscalías no son la excepción.

¿Y qué queda? Un gobierno electo, arrinconado; una oposición sin programa, que aplaude cada retroceso mientras sueña con volver al poder sin pasar por las urnas; una institucionalidad hueca, que funciona mejor para impedir que para construir; un oficialismo fragmentado, incapaz de hacer porque toda propuesta nace engrilletada (y porque tampoco va mucho más allá de lo estrictamente necesario). Guatemala no vive en el Estado de derecho. Vive en su simulacro. En una democracia interrumpida, donde nadie puede gobernar, pero todos pueden vetar (al Presidente).

El poder real, hoy, no lo tienen quienes diseñan un país, sino quienes lo sabotean con más eficacia. De democracia sólo queda la ceremonia.