El viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de Colombia en Cali, no en el Capitolio de Bogotá. Fue la primera toma de posesión fuera de la capital en la historia moderna del país. Su plan original era jurar en una guarnición militar del Cauca, hasta que la oposición en el Congreso y de Petro lo obligaron a cambiar de sede. La ciudad amaneció con 11.000 militares desplegados, una zona de exclusión aérea para drones y la advertencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de que disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco podrían intentar un atentado.
A seis kilómetros del Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), donde De la Espriella se juramentaba, cientos de personas se congregaron en Puerto Resistencia, convocadas por el Pacto Histórico, movimientos sociales e indígenas del Cauca, con banderas de Cuba, Irán y Palestina, para llamarlo un «gobierno ilegítimo». El propio Gustavo Petro, a días de dejar el poder, insistió en que hubo fraude electoral y que el verdadero ganador fue Iván Cepeda, quien había perdido por apenas 250.830 votos, menos de un punto porcentual. Y en ese mismo barrio, activistas se preparaban para defender el Monumento a la Resistencia, dedicado a los jóvenes del estallido social de 2021, que el nuevo gobierno prometió derribar el mismo día de la posesión por considerarlo «una oda al terrorismo».
En el palco de honor, en cambio, estaban los presidentes Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia, además del rey Felipe VI de España. La ceremonia, según reportes locales, buscaba anticipar las afinidades internacionales del nuevo gobierno. También estaba Gianni Infantino, presidente de FIFA.
En medio de ese despliegue de tropas, banderas y denuncias de fraude, la decisión con consecuencias más duraderas no tuvo que ver con la seguridad ni con el cerradísimo resultado electoral. Tuvo que ver con el petróleo. Ya De la Espriella había anunciado lo que viene: un decreto para reactivar contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, la autorización plena del fracking, y una asamblea de accionistas para cambiar la junta directiva y la presidencia de Ecopetrol. En un solo golpe, el nuevo gobierno apunta a desmantelar cuatro años de política energética que, con fallas, habían puesto a Colombia en un lugar que ningún otro país petrolero había ocupado: el de líder de la salida de los combustibles fósiles.
Conviene recordar qué hay en juego.
Cuando Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño en 2022, las energías renovables no convencionales representaban apenas el 2 por ciento de la matriz eléctrica colombiana. Al cierre de su gobierno esa cifra rondaba entre el 14% y el 17%, según la fuente y el corte que se consulte. El propio Pacto Histórico, el partido de Petro, la sitúa en 16% en su recuento oficial de logros de gobierno y afirma que la energía solar ya superó al carbón en la generación eléctrica del país. Nunca antes la energía solar había crecido tan rápido en el país. Ese giro le sirvió a Colombia para convertirse, en febrero de 2026, en el miembro 33 de la Agencia Internacional de la Energía: un club reservado históricamente a países consumidores industrializados, no a productores de crudo que intentan dejar de serlo.
Petro también corrigió una distorsión que ningún gobierno anterior había tocado: el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que subsidiaba la gasolina y acumuló una deuda de 36 billones de pesos cuando él asumió. Subir el precio del galón de 9.180 a 15.449 pesos entre 2022 y 2026, una decisión políticamente costosa que ningún presidente anterior había estado dispuesto a tomar, redujo esa deuda a 3 billones. En abril de 2026, Colombia organizó en Santa Marta, un puerto carbonero del Caribe colombiano, la primera cumbre internacional para el abandono de los combustibles fósiles, con 57 países participantes. Ese esfuerzo se apoyó en una coalición de más de 60 países dispuestos a discutir en serio la salida de los fósiles y un tratado, firmado ya por 18 naciones, para frenar la expansión de nuevos yacimientos.
Nada de este intento de hacer una Transición Energética Justa estuvo libre de sombras, y ahí es donde De la Espriella encuentra su argumento.
El programa de comunidades energéticas, la promesa de paneles solares comunitarios descontados de la factura, prometió 500 comunidades en operación. El último reporte del Fenoge, el fondo del Ministerio de Minas que ejecutó el programa, registra 48; conteos institucionales más generosos hablan de unas 300, frente a una meta oficial de 20.000 para 2026. Buena parte de los contratos que sí se ejecutaron en el Caribe quedaron en manos de una unión temporal ligada a Euclides Torres, financiador de la campaña de Petro en 2022.
En Ecopetrol, el gerente Ricardo Roa, gerente también de esa campaña, llenó la junta y las filiales de fichas políticas sin experiencia: Jorge Carrillo en ISA, cuestionado por irregularidades cuando dirigía UNE en Medellín, y Jorge Murcia en la vicepresidencia jurídica de Cenit. La junta llegó a revertir, tras una llamada de Petro desde la Casa de Nariño, la renovación de un contrato de fracking con Oxy en Estados Unidos que ya había aprobado. Y al frenar nuevos contratos de exploración sin ampliar a tiempo otras fuentes, Colombia perdió su autosuficiencia de gas: hoy importa entre el 25% y el 30% de lo que consume, a precios más altos que los que jamás había pagado.
Son problemas reales de ejecución y de gobierno corporativo. El propio ministro de Ambiente entrante, Fabio Arjona, dice que en materia de transición energética la gestión de Petro «ha sido cero» y cita como prueba los 16 mil megavatios de potencial eólico en La Guajira que nunca se instalaron. No son, sin embargo, un argumento para volver al modelo que Petro intentó romper. Y es exactamente ahí donde apunta De la Espriella.
Su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya anunció que el 7 de agosto se expediría un decreto para reactivar contratos petroleros y de gas que, según él, le restan competitividad a Ecopetrol, además de una asamblea de accionistas para cambiar la junta y la presidencia de la petrolera estatal. En campaña, De la Espriella prometió llevar la producción de petróleo de 700 mil a entre 1,2 y 1,3 millones de barriles diarios y «fracking al máximo». Colombia recibe ese giro con dos proyectos pilotos de fracking (Kalé y Platero, en Puerto Wilches) suspendidos desde 2022 y sin haber perforado un solo pozo; llevarlos a producción significativa tomaría entre uno y tres años. Y el nuevo gobierno ya adelantó que acabará con el programa de comunidades energéticas, la única política de este gobierno que había logrado, aunque fuera de forma marginal, tratar la energía como un bien colectivo y no solo como un negocio de generadores privados.
El riesgo también es de credibilidad. Colombia pasó cuatro años construyendo, con Petro a la cabeza, un lugar en la mesa donde se negocia el futuro energético global: la coalición de Santa Marta, el tratado de los 18 y la membresía plena en la AIE. Abandonar esa agenda de un plumazo, así sea para resolver problemas reales de suministro y de gobierno corporativo en Ecopetrol, no corrige los errores de Petro: los reemplaza por el error contrario, el de asumir que la única salida a la crisis energética es más petróleo y más gas, sin ninguna de las salvaguardas que la propia transición había empezado a construir.
Colombia cambia de rumbo y se suma a un bloque que ya gobierna buena parte de la región: Argentina con Milei, Chile con Kast, Ecuador con Noboa y Paraguay con Peña. Todos con el mismo libreto de mano dura y cercanía con Washington. Dos meses antes del balotaje, Trump escribió que la relación de Colombia con Estados Unidos dependía de que ganara De la Espriella, a quien le dio su «apoyo total y completo». Ninguno de esos gobiernos ha hecho de la salida de los combustibles fósiles una prioridad. Colombia no solo cambia de presidente: cambia de bloque regional, y ese bloque no tiene, por ahora, ninguna ambición climática que reemplace la que abandonó.
De la Espriella no llega a resolver con transición la crisis de gas que hereda. Llega a resolverla con más extracción, apostando a que el costo climático, diplomático y de gobernanza sobre Ecopetrol de esa decisión lo pague otro gobierno, en otro momento. Ahí está la amenaza real a lo que deja Petro: no que lo corrija, sino que lo borre.
Para Guatemala y el resto de Centroamérica, que enfrenta sus propios debates sobre dependencia energética y proyectos extractivos, el caso colombiano deja una lección incómoda. Se puede construir liderazgo climático real en cuatro años. Pero también se puede desmontar la ambición de cambiar el sistema extractivista en una sola asamblea de accionistas.
