La ralea de muchos abogados actuales ha mostrado en los últimos años una moral de baja estofa. No todos los abogados, por supuesto, son corruptos. Un buen ejemplo fue el resultado de las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad. No tardó la mafia que ha dominado el Ministerio Público en iniciar una investigación espuria con el objeto de impedir la toma de posesión de la hoy magistrada Astrid Lemus y del magistrado suplente Luis Bermejo.

Se acabó la certeza jurídica. Fue sustituida por la maniobra, la corrupción y el terrible lawfare que estamos viviendo, cuando vemos cómo algunos abogados se prestan a la persecución de exoperadores de la CICIG, así como de jueces y fiscales decentes. Lo que han hecho doña Consuelo Porras y su fiscal Rafael Curruchiche no tiene nombre: han erosionado el Estado de Derecho en Guatemala, contribuyendo al subdesarrollo político y económico, ante la complacencia y complicidad del llamado Pacto de Corruptos, oculto en la penumbra, pero evidente en los actos que hunden al país.

Nuestra historia está marcada por intrigas de élites empresariales que pactan —cuando no controlan directamente— con la clase política, aliada a mafias y a sus alfiles o caballos militares, como en un ajedrez perverso. A ello se suman “jurisconsultos” con muchos diplomas, pero sin ética. Usar el derecho contra los ciudadanos “incómodos” es una perversión jurídica: una judicialización criminal que aplasta la democracia.

Un ejemplo claro es la persecución penal contra José Rubén Zamora, incluida su cruel e injusta prisión. Las acusaciones en su contra no solo fueron espurias, sino burdas. Su captura confirmó una estrategia orientada a imponer el silencio y a acallar a la prensa independiente, utilizando de forma perversa los recursos del Estado. Esta arremetida forma parte de un plan más amplio: consolidar una suerte de autoritarismo disfrazado de legalidad, es decir, lawfare.

Mientras se fabricaba una acusación contra Zamora, se evitaba la persecución de figuras vinculadas al poder. Se desestimaron acciones contra allegados a poderosos empresarios mediáticos como Ángel González, y también se benefició a una exmagistrada cuestionada, quien fue restituida en su cargo y recibió salarios caídos millonarios. Todo ello revela una justicia selectiva. Más grave aún: uno de los candidatos incluidos en la nómina final de seis para Fiscal General ha estado directamente vinculado a este entramado.

El caso de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling es emblemático de la degradación del sistema judicial guatemalteco. En 2017 fue capturada acusada de tráfico de influencias, luego de que el juez Carlos Ruano denunciara que la magistrada lo presionó para favorecer a su hijo, procesado en el caso IGSS-Pisa. La propia CICIG documentó que Stalling intentó incidir directamente en la decisión del tribunal que conocería ese proceso, utilizando su posición en la cúspide del sistema judicial. Sin embargo, pese a la evidencia —incluyendo grabaciones— el caso fue posteriormente cerrado por un juez cuestionado, evitando que enfrentara juicio, en lo que muchos interpretaron como una muestra clara de impunidad estructural.

Más grave aún es que ese mismo entramado de favores y protección sigue vigente: uno de los actuales postulantes a Fiscal General fue denunciado por haber favorecido judicialmente a Stalling, permitiendo su excarcelación, lo que evidencia la continuidad de redes de complicidad dentro del sistema de justicia. El caso Stalling no es un episodio aislado, sino una pieza más del engranaje del lawfare selectivo en Guatemala: castigo para los independientes y blindaje para los operadores del pacto de corrupción.

Las investigaciones jurídicas han sido instrumentalizadas para ejecutar acciones políticas y represivas. Un caso evidente es la Universidad de San Carlos, cooptada y penetrada por la corrupción. Por segunda vez se monta un proceso fraudulento sin que reaccionen magistrados como Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Marisol Rivera Aguilar ( nombrada por el corrupto grupo que domina la Universidad Nacional y su rector usurpador ), consolidando una mayoría que legitima ilegalidades en nombre de la ley. Así, de manera grotesca desde el punto de vista constitucional, la Corte de Constitucionalidad inaugura su período. Pobre Guatemala: tan lejos de la ley y tan cerca de su Corte de Constitucionalidad.

Esta “nueva” Corte, en resoluciones que rozan lo absurdo, pretende incluso descalificar la experiencia profesional de aspirantes que han sido tanto jueces como abogados. Molina Barreto ha llegado a sostener que no es lo mismo ser juez que abogado, pese a haber sostenido lo contrario en resoluciones anteriores. El sentido común plantea una pregunta simple: ¿puede alguien ser juez sin ser abogado?

A ello se suma el papel de ciertas universidades de dudosa calidad —las llamadas “de garaje”— que producen abogados en masa, muchos sin formación ética sólida. Sus decanos, con poder en las comisiones postuladoras, inciden en decisiones clave. Debería exigirse, al menos, que las universidades tengan una trayectoria académica comprobada de por lo menos veinte años antes de influir en estos procesos. De lo contrario, se convierten en instrumentos de un sistema de corrupción pactada.

¿Han sido siempre corruptos los abogados? En absoluto. Basta recordar a figuras como Rolando Andrade Peña, Jorge Jiménez Cajas, Abel Lemus, Manuel Colom Argueta y Mario López Larrave, entre muchos otros que pagaron con su vida su compromiso con la justicia.

También ha existido otra clase de políticos, con calidad moral, en medio de décadas de corrupción y represión. Abogados socialdemócratas como Manuel Colom Argueta, Adolfo Mijangos, Francisco Villagrán Kramer, Mario Tello, Alfredo Balsells Tojo y Américo Cifuentes fundaron el embrión del histórico Frente Unido de la Revolución (FUR), cuya inscripción fue obstaculizada durante 18 años.

Retrocedamos al 13 de enero de 1971. Esa noche, el alcalde Manuel Colom Argueta recibió una llamada: “Sí, lo acaban de matar”. La víctima era su amigo Adolfo “Fito” Mijangos. ¿Por qué había que cuidarse en Guatemala? ¿Quién vigilaba a quienes luchaban por la legalidad?

Mijangos, intelectual brillante, políglota y apasionado lector, fue asesinado pese a su condición de parapléjico. Había sufrido un accidente en París durante su doctorado en la Sorbona, pero eso no le impidió desarrollar una intensa vida política e intelectual. Fue ejecutado por sicarios cuando salía de su despacho.

Meses después, el país seguiría sangrando: asesinatos, exilios y persecución marcaron una época en la que ejercer el derecho con dignidad era una sentencia de muerte. En 1979, el propio Colom Argueta sería asesinado tras fundar su partido político.

Eran otra clase de abogados: comprometidos con la ley y con el país. Opuestos a ese pacto de corrupción entre empresarios, políticos, militares y operadores jurídicos que aún hoy influye en la designación de magistrados y en la manipulación de la institucionalidad democrática.

Un pueblo que comete el mismo error cada cuatro años está condenado a sufrir las consecuencias de la cleptocracia. Sin carácter ni memoria, seguirá atrapado en el mismo ciclo.