Fragmento del afiche de Latin American Studies Association (LASA) 2025, Poner el cuerpo en Latinx América.

El pasado 24 de mayo de 2025 se celebró el Congreso de la Latin American Studies Association (LASA) en San Francisco, California durante la cual se celebró el panel “Guatemala: Arenas, actores y dinámicas”, como parte de las plenarias ofrecidas por la sección académica titulada Democratización y Proceso Político. Tuve la oportunidad de leer y comentar cuatro textos en proceso, que espero pronto sean publicados para que profundicemos nuestra comprensión sobre los males que aquejan al sistema político guatemalteco contemporáneo.

Programa del panel del sábado 24 de mayo de 2025 en el Congreso de LASA. Foto: Cortesía Vaclav Masek

El proceso de autocratización en Guatemala durante la última década, aproximadamente el período de 2016 a 2024, implicó una erosión deliberada de la capacidad estatal y las instituciones democráticas. Según el profesor Omar Sánchez-Sibony, organizador de la sesión, este proceso se caracteriza por el “autoritarismo de coalición” o las acciones de una «alianza fantasma», conocida popularmente como el Pacto de Corruptos. El objetivo principal de esta coalición es restaurar un régimen de impunidad de larga data y de buscar rentas (‘rent-seeking’), no explícitamente el autoritarismo por sí mismo, según Sánchez-Sibony. La coalición aprovecha el débil sistema de partidos de Guatemala, la alta volatilidad electoral y el clientelismo arraigado para mantener y asegurar su influencia.

Es crucial comprender la naturaleza descentralizada, pero coordinada, del retroceso democrático en Guatemala. La descripción de la composición de la coalición (i.e., diversos actores políticos, élites económicas tradicionales y emergentes) y sus motivaciones (i.e., impunidad, rent-seeking) se sustenta en las acciones detalladas como la destitución de la CICIG, la persecución de operadores de justicia y la utilización del Congreso para promulgar leyes que fomenten la impunidad.

La relevancia de la categoría analítica de “autoritarismo de coalición” de Sánchez-Sibony se extiende más allá de Guatemala ya que ofrece una perspectiva de cómo el retroceso democrático puede ocurrir a través de las acciones coordinadas de élites difusas pero unidas por intereses comunes, incluso sin necesidad de tener un líder personalista fuerte o un partido gobernante dominante.

El profesor Renzo Rosal se enfocó en el Congreso, que ha servido como un foco principal para consolidar el régimen autoritario y promover el “autoritarismo legislativo”. Concentró el poder, restringió los controles externos y controló otros poderes a través de medios formales e informales. Las tácticas incluyeron la promoción de «leyes a la medida», mecanismos de control político como citaciones/interpelaciones constantes a funcionarios ejecutivos e influencia en nombramientos para organismos clave como el poder judicial y las instituciones de supervisión.

Hemiciclo del Congreso de la República de Guatemala. Foto: eP Investiga.

En esencia, el Congreso subordina activamente al Ejecutivo mediante la instrumentalización de mecanismos de control político, como citaciones e interpelaciones frecuentes a funcionarios, convirtiéndolos en herramientas de presión para facilitar el tráfico de influencias, las negociaciones informales y la contratación de leales. La actual falta de un bloque legislativo gubernamental sólido agrava esta situación.

Además, mencionó Rosal, el Congreso busca, de manera permanente, subordinar y evitar ser controlado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), siendo sus nombramientos influenciados por el órgano legislativo. Así, el Congreso es actor central en el desmantelamiento  sistemático de la democracia, neutralizando las instituciones que existen como de contrapeso.

También la administración pública y el servicio civil ha sido sistemáticamente debilitada y erosionada, argumenta el politólogo Edgar Gutiérrez Aiza. La administración pública, durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, se convirtió en una herramienta para acelerar la desdemocratización y preservar los privilegios a través de la impunidad.

La administración pública es una maquinaria personalizada de extracción y control, distorsionada intencionalmente con fines autoritarios. Gutiérrez Aiza demuestra que esto implicó la reestructuración del entramado burocrático de la administración pública en sí: los recursos, el personal, las normas y la rendición de cuentas. Guatemala partió de una administración pública ya débil, fragmentada y políticamente penetrada por intereses propios a ser hoy es un “estado devastado” por la corrupción, como lo caracterizó el presidente Bernardo Arévalo a inicios de su gobierno.

El ámbito electoral también ha sido una arena de la autocratización, como menciona el profesor Kevin Pallister. A pesar de los procesos electorales formales, las elecciones durante los últimos diez años se volvieron menos libres y se utilizaron para consolidar el régimen. Esto implicó manipular el entorno para la formación de preferencias (a través de la desinformación, restricciones a los medios de comunicación, escasa supervisión del financiamiento de campañas), reducir el abanico de opciones mediante la descalificación de candidatos e intentar subvertir las consecuencias de la elección mediante la anulación de los resultados electorales.

Ministerio Público allana la sede del Tribunal Supremo Electoral y confisca urnas electorales durante elecciones de 2023. Foto: Reuters /TSE.

Para Pallister, las elecciones de 2023 presentaron un intento sin precedentes de impedir que el ganador asumiera el cargo. Su intervención ofreció una perspectiva enfocada en el ámbito electoral, mostrando cómo la dinámica del retroceso y la resistencia democrática se desarrolla en el proceso crucial de selección de líderes y cómo los intentos flagrantes de revertir los resultados pueden galvanizar la atención internacional.

Todos los panelistas mencionaron que también el Poder Judicial (MP, CSJ, CC) ha sido cooptado y capturado. La justicia se reutilizó como arma contra la oposición política, los periodistas y la sociedad civil. Durante los últimos diez años, jueces, fiscales y funcionarios públicos que se oponían a la corrupción fueron criminalizados, acosados ​​o forzados al exilio.

Hay consenso entre los investigadores para afirmar que el Ministerio Público encabezó numerosas iniciativas autocratizantes. Bajo el liderazgo de la Fiscal General Consuelo Porras, los panelistas concordaron mediantes varios datos empíricos cómo el MP manipuló sistemáticamente al personal fiscal y judicial y profundizó la purga de fiscales anticorrupción. Recrudeciendo sus acciones criminalizadoras, el MP se convirtió en una herramienta clave para consolidar el poder y proteger la impunidad. Incluso después de las elecciones de 2023, el MP lideró intentos sin precedentes de anular el resultado e impedir que el candidato ganador asumiera el cargo.

Dicho esto, ¿cuáles son los desafíos actuales para el partido Semilla y la administración de Bernardo Arévalo, dado el escenario político complejo y cada vez más autocratizante que enfrentan?

Las intervenciones de los politólogos en el panel de LASA sobre la autocratización en Guatemala esbozan un camino cuesto arriba. En resumen, el gobierno de Arévalo y Semilla se enfrentan a una poderosa, aunque algo fragmentada, coalición autoritaria que controla instituciones estatales clave (la administración pública, el Congreso, el Poder Judicial) y las utiliza para proteger la impunidad, resistir la rendición de cuentas y socavar el poder ejecutivo y las iniciativas de reforma. Se enfrentan a la abrumadora tarea de gobernar un estado con una capacidad gravemente erosionada y estructuras antidemocráticas paralelas que ostentan poder real, mientras operan como un partido minoritario en un entorno legislativo hostil y un sistema político profundamente infiltrado por redes criminales.