La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió recientemente un pronunciamiento en el que advierte que habrá “cero tolerancia” contra los grupos de narcotráfico que tengan vínculos políticos de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo año en el país.
“Las noticias de que ciertos políticos vinculados al narcotráfico en Guatemala intentan mantener sus actividades ilícitas en la sombra son alarmantes, pero no sorprendentes”, indicaron.
Además, advirtieron que Estados Unidos tiene “cero tolerancia con los narcotraficantes” y quienes les dan cobertura política. “Nos mantendremos firmes contra quienes utilicen el poder político para proteger intereses delictivos”, afirmaron.
Lo anterior ha colocado nuevamente en el escrutinio público los vínculos del crimen organizado con sectores políticos de Guatemala. A lo largo de las últimas décadas, nombres de diputados, alcaldes y otros políticos han sido relacionados con el narcotráfico; varios de ellos, incluso, han aceptado su culpabilidad y han sido condenados en Estados Unidos.
Estos son algunos de los casos identificados, en los que incluso el Ministerio Público (MP) ha actuado solicitando el retiro de la inmunidad:
El caso de “Tres Kiebres”
El diputado Esduín Jerson Javier Javier, conocido como “Tres Kiebres”, actualmente integra el Congreso de la República por el distrito de Chiquimula y preside la Comisión de Asuntos Municipales. Javier Javier es el jefe de la bancada Cambio.
Su nombre ha estado relacionado durante años con investigaciones sobre estructuras de narcotráfico en el oriente del país. En 2021, la Fiscalía contra el Delito de Narcoactividad solicitó retirar el antejuicio dentro del denominado caso “Narcotráfico Municipal”, investigación en la que figuraban integrantes de una estructura criminal conocida como “Los Ipala”. En ese entonces, Javier Javier era alcalde del municipio de Ipala.
El caso investigaba a una organización señalada de delitos como asesinato, lavado de dinero u otros activos en grado de tentativa y asociación ilícita. Javier Javier negó las acusaciones.
Los señalamientos contra el actual diputado también se remontan a investigaciones anteriores. Un informe de la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo identificó como una persona vinculada con estructuras del narcotráfico en el oriente del país.
Además, desde 2014 ha sido vinculado con una estructura relacionada con el narcotraficante Juancho León Ardón, según una publicación de No Ficción.
Los hermanos Ramos Aguilar
En el ámbito municipal, uno de los casos con una acusación formal más clara es el de los hermanos Ramos Aguilar, sobre quienes el MP ha solicitado que se les retire la inmunidad.
Exadillas Dionel Ramos Aguilar, actual alcalde de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; y Roderico Eleazar Ramos Aguilar, alcalde de El Rodeo, también en San Marcos, enfrentan una solicitud de retiro de inmunidad debido a su presunta vinculación con delitos relacionados con narcotráfico.
Según el MP, ambos fueron acusados ante la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de California por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos.
La investigación estadounidense, según el MP, identificó a los hermanos como líderes de una organización de tráfico de drogas con sede en San Marcos. La estructura habría adquirido grandes cantidades de cocaína, procesado parte de la droga en laboratorios y vendido los cargamentos a traficantes mexicanos para su posterior traslado hacia Estados Unidos.
El MP también señaló que la organización coordinaba el ingreso de cientos de kilogramos de cocaína procedentes de Colombia hacia Guatemala y posteriormente su traslado hacia México.
La extradición de los hermanos Ramos Aguilar a Estados Unidos continúa pendiente. Ambos permanecen en Guatemala y siguen ejerciendo como alcaldes y continúan apareciendo en eventos y actividades públicas.
Los hermanos extraditados
En 2026, varios personajes vinculados a políticos han sido extraditados hacia Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. El caso más reciente es el de los hermanos del alcalde de Dolores, Petén, Francisco Morales Guerra.
Se trata de Héctor Rubén Morales Guerra, quien aceptó ser extraditado el pasado 7 de agosto. Previamente, sus hermanos Carlos Obeniel Morales Guerra y Ronald Alexys Morales Guerra, también aceptaron ser enviados para ser sometidos ante la justicia de Estados Unidos.
Los tres hermanos fueron capturados el pasado 20 de febrero de este año en Petén, según la información del MP, y son acusados por la supuesta comisión de delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.
Otros funcionarios bajo señalamientos
Además de los funcionarios que enfrentan acusaciones directas, existen autoridades actualmente en funciones que han sido señaladas en investigaciones por sus vínculos familiares, políticos o territoriales con personas y estructuras relacionadas con el narcotráfico.
No obstante, contra estos funcionarios no se reportan acusaciones directas por vínculos con el narcotráfico.
Uno de estos casos es el de la actual diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera, representante de Huehuetenango y electa por el partido Vamos. Su nombre ha aparecido en investigaciones sobre la estructura conocida como Los Huistas, organización criminal con operaciones en Huehuetenango y vinculada al tráfico de drogas.
El señalamiento no corresponde a una acusación penal por narcotráfico contra la diputada, sino a sus vínculos familiares y políticos con personas señaladas dentro de esa estructura.
Uno de los principales antecedentes es el de su hermano Herbert Hernández Herrera, quien fue procesado por su presunta participación en el caso denominado Los Huistas. En 2021 fue ligado a proceso por delitos relacionados con esta organización criminal, según informó el MP en ese entonces.
También está el caso de su sobrino Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, quien fue detenido en 2021 por sus presuntos vínculos con Los Huistas. Posteriormente, Castillo Hernández reconoció ante autoridades estadounidenses su participación en la distribución de varias toneladas de cocaína para una organización criminal con sede en Huehuetenango, según una investigación de Plaza Pública.
Otro caso corresponde a la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo, representante de San Marcos, quien es relacionada principalmente por su entorno familiar y político. Su hermano, Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde de Ocós, San Marcos, se declaró culpable en Estados Unidos de delitos relacionados con el tráfico de drogas y posteriormente fue condenado.
La familia también ha sido objeto de investigaciones por sus relaciones con estructuras vinculadas al narcotráfico en la costa sur de Guatemala. InSight Crime documentó el control político que los Preciado Navarijo han mantenido durante años en Ocós y señaló los vínculos de distintos integrantes de la familia con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
En enero de 2026, Prensa Libre reportó que Alma Lucrecia Hernández Preciado, conocida como “La Tía”, fue condenada en Estados Unidos a 30 años de prisión por tráfico de cocaína. La publicación señaló que Hernández Preciado es tía de Vivian Preciado Navarijo y del exalcalde Carlos Preciado Navarijo, también condenado por narcotráfico.
Un caso relacionado es el de Edilma Elizabeth Navarijo de León, actual alcaldesa de La Blanca, San Marcos y madre de Preciado Navarijo.
Navarijo de León pertenece al mismo núcleo político y familiar de los Preciado Navarijo. La familia ha mantenido durante años una fuerte presencia política en la zona de Ocós y La Blanca.
El caso de Isel Súñiga
En febrero de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados a Isel Suñiga, alcaldesa de Ayutla, San Marcos, a quien identificaron como integrante de la estructura de narcotráfico “Los Pochos”.
El Tesoro afirmó que Súñiga Morfín era una de las líderes de la organización y que utilizaba sus conexiones políticas para favorecer sus intereses.
La designación de OFAC es una medida administrativa y financiera de Estados Unidos, distinta de una acusación penal ante un tribunal.
Suñiga es hija de Erik Salvador Suñiga Rodríguez, alias “El Pocho”, quien fue alcalde de Ayutla entre los años 2008 y 2019.
En 2019, “El Pocho” fue extraditado a Estados Unidos, donde fue señalado de ser el líder de “Los Pochos”, organización delictiva que fue acusada de controlar el tráfico de cocaína en la frontera entre México y Guatemala en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
En abril de 2020, el Consulado General de Guatemala en Raleigh Carolina del Norte confirmó el fallecimiento de Suñiga Rodríguez en un Hospital de Carolina del Sur.
Además, Juan José Morales Cifuentes, esposo de la alcaldesa de Ayutla, fue extraditado hacia Estados Unidos en mayo de 2024, tras ser detenido en diciembre de 2023. Se le acusó de traficar cocaína hacia ese país y de liderar a “Los Pochos”.
Sentencias y declaraciones como culpables
Además de los señalamientos que existen contra estas figuras políticas, existen exfuncionarios que han sido condenados en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. La mayoría de estos son alcaldes que han sido extraditados.
Entre los casos más recientes que se han conocido es el del exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, quien fue sentenciado el pasado 17 de julio a seis años de prisión por una Corte del Distrito Este de Texas.
Marroquín Tupas fue encontrado culpable del delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con destino a Estados Unidos. El exfuncionario formó parte del partido Vamos, que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei.
A finales de julio de este año, se conoció que el exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Romeo Ramos Cruz, se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos, casi un año después de haber sido extraditado hacia ese país.
Uno de los casos más sonados en los últimos años ha sido el del exdiputado José Armando Ubico Aguilar, quien en febrero de 2025 fue condenado a 18 años de cárcel, luego de declararse culpable del delito de conspiración para el trasiego de drogas a Estados Unidos.
A principios de los años 2000, Ubico ya había sido condenado también en Estados Unidos por narcotráfico.
