Estados Unidos publicó el 12 de agosto de este año el Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos donde señala que las acciones del MP restringieron las medidas para sancionar a personas responsables de violaciones a los derechos humanos en Guatemala. 

“El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos; sin embargo, estas medidas a menudo fueron restringidas debido a las acciones del MP”, se afirma en el informe. 

Entre los aspectos que menciona el informe están la libertad de expresión y la libertad de prensa, apartados en los que se menciona que ha persistido la intimidación del MP en contra de periodistas, incluso de parte de la Policía Nacional Civil (PNC), el Organismo Judicial (OJ) y las cuentas denominadas netcenters o trolls de internet.

“Durante el primer trimestre del año, el Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala registró 22 abusos de la libertad de expresión, incluyendo acoso judicial, amenazas, difamación, intento de homicidio, intimidación y bloqueo del acceso a una fuente de información por parte de agentes de la ley, el MP y el poder judicial”, afirman. 

Según el informe del Departamento de Estado, estas acciones han llevado a situaciones de autocensura por parte de periodistas y medios de comunicación. 

Tortura en el caso de Zamora

El informe resalta la situación del periodista Jose Rubén Zamora, mencionando que su encarcelamiento podría equivaler a tortura, luego de haber sometido a largos periodos de confinameinto en solitario, citando un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la documentación y la denuncia de los mecanismos de tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes seguían siendo débiles, lo que dificultaba la comprensión completa de la prevalencia del problema”, indica el informe. 

Asimismo, se señala que el MP ha continuado con procesos penales contra operadores de justicia, como el caso de Juan Francisco Sandoval, así como otros abogados, exfiscales y exjueces. 

También afirmaron que ha existido un “mal uso de herramientas internacionales de aplicación de la ley”, mencionando el caso de Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos, luego de que el MP solicitó a la Interpol una orden de captura, pero esta fue rechazada debido a que se consideró que la persecución tiene motivaciones políticas. 

El documento señala que persisten ataques contra sindicalistas, debilidades en la protección de los derechos laborales y obstáculos en el acceso a la justicia en el ámbito laboral, con procesos judiciales que se prolongan durante años. 

Además, resalta que la impunidad sigue siendo un problema en casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno, como en el caso Creompaz, donde tribunales absolvieron a militares acusados de desapariciones forzadas.