Marco Rubio avala gestión de Guatemala en lucha contra la corrupción y derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que el gobierno central de Guatemala cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras para el año fiscal 2024 y destaca la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. 

Denis Aguilar

abril 8, 2025 - Actualizado abril 8, 2025

La certificación fue firmada el 25 de marzo de 2025 por el secretario de Estado, Marco Rubio, y publicada en el Registro Federal. El documento incluye una lista de compromisos que el gobierno guatemalteco estaría cumpliendo.

Entre los puntos destacados se encuentra la investigación y enjuiciamiento de funcionarios, militares y policías acusados de corrupción. También se menciona la mejora de las estrategias para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

El Departamento de Estado hace énfasis en las acciones dirigidas a proteger los derechos humanos. El gobierno guatemalteco habría adoptado medidas para garantizar la seguridad y libertad de defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, sociedad civil y medios de comunicación independientes, según el documento.

La certificación señala que estas acciones buscan reforzar la independencia de instituciones judiciales y electorales, así como aumentar la transparencia en el funcionamiento de entidades públicas.

Además, se reconoce la implementación de programas para reducir la violencia contra mujeres y niñas, y la ejecución de políticas destinadas a mejorar el acceso a educación, formación laboral y oportunidades económicas.

Seguridad y migración

El gobierno de Estados Unidos también resalta la cooperación de Guatemala en temas migratorios y de seguridad regional. Se mencionan esfuerzos para frenar la migración irregular, informar a la población sobre los riesgos del viaje hacia la frontera sur de EE. UU., y facilitar el retorno de migrantes.

En materia económica, el documento indica que Guatemala estaría aplicando reformas fiscales con procedimientos claros, resolviendo disputas sobre propiedades de empresas estadounidenses, y garantizando mecanismos legales para la devolución de impuestos.

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