La Cepal señala que la estabilidad y la predictibilidad son factores determinantes en las decisiones de inversión. Desde su perspectiva técnica, la certeza jurídica y el respeto al Estado de derecho son fundamentales para generar confianza, tanto en inversionistas nacionales como internacionales. 

En contextos donde se percibe un conflicto agudo entre poderes del Estado, se instala un clima de incertidumbre que, más allá de quién tenga la razón, genera dudas sobre la estabilidad de las reglas y el funcionamiento institucional.

En escenarios de inestabilidad política, los inversionistas suelen actuar con cautela, postergando proyectos que implican grandes desembolsos de capital hasta que el panorama se aclare. Sin embargo, la Cepal advierte que no todo depende de la coyuntura: también se consideran los factores estructurales. 

En el caso de Guatemala, estos incluyen una ubicación geográfica estratégica, favorable para estrategias de nearshoring y un mercado interno amplio, el mayor de Centroamérica.

La comisión reconoce que los inversionistas ya establecidos tienden a mantener una perspectiva de largo plazo, por lo que la mayor afectación se da en el ingreso de nuevos proyectos. 

En 2024, la IED en Guatemala alcanzó los US$1,694 millones, una cifra que refleja estabilidad e incluso un ligero crecimiento respecto a años anteriores, aunque aún por debajo del potencial del país.

Según la Cepal, ese margen no aprovechado podría explicarse por la incertidumbre institucional. Aunque las reinversiones de empresas ya presentes siguen siendo relevantes, los nuevos flujos podrían verse limitados si no se resuelve el conflicto entre instituciones. 

La clave, indica el organismo, está en que el país demuestre capacidad para resolver sus diferencias mediante el diálogo y dentro del marco constitucional.

“La pronta restitución de un clima de estabilidad y predictibilidad será el mensaje más potente para reactivar la confianza plena de los inversionistas”, concluye la Cepal, que subraya la necesidad de fortalecer el Estado de derecho para traducir los atractivos estructurales del país en mayores flujos de capital.