La denuncia fue presentada por Karen Marie Fisher Pivaral, en representación legal de los militares retirados Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, quienes fueron condenados en 2018 por delitos contra los deberes de humanidad en el caso Molina Theissen.
Según la resolución, el Ministerio Público concluyó que la denuncia carecía de sustento, pues pretendía cuestionar hechos que ya fueron resueltos mediante sentencias firmes. Además, señaló que la acción buscaba “generar confusión y retrasar los procesos judiciales, y revictimizar a la familia de Marco Antonio, quienes han luchado durante décadas para que se reconozca y se juzgue su desaparición forzada”.
Tras conocerse la decisión judicial, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones que han acompañado y representado a la familia Molina Theissen, calificaron la resolución como un paso importante para proteger el derecho a la verdad y la justicia.
Las organizaciones señalaron que el rechazo de una denuncia sin fundamento legal contribuye a desmentir “la fabricación de narrativas falsas que buscan distorsionar los hechos” y evita la continuidad de acciones que consideran revictimizantes para la familia.
También recordaron que la resolución se emite más de dos años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para poner fin a la criminalización de las víctimas del caso y cesar los efectos intimidatorios y revictimizantes de la investigación promovida en su contra.
Según las organizaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya había establecido que los hechos relacionados con la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen fueron debidamente acreditados y rechazó los intentos por responsabilizar a la familia o sostener que esta engañó al Estado.
Este 3 de julio también se conmemoran 22 años de la sentencia emitida por la CorteIDH en el caso, una resolución que las organizaciones consideran un referente para la protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, las entidades acompañantes celebraron la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y afirmaron que representa “un paso que acerca un poco más la justicia a la familia, como resultado de su lucha, resistencia y dignidad inquebrantables frente a una persecución espuria y a la que el sistema de justicia se prestó. Una vez más, la verdad prevalece”.
