Según información pública solicitada al MP, entre 2014 y 2026 se suscribieron al menos seis acuerdos de colaboración con distintas agencias internacionales. La mayoría de estos se dieron durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana.
La información brindada por el MP sostiene que durante el segundo mandato de Porras, no se firmó ningún acuerdo de cooperación internacional relevante para la institución, que durante ese tiempo fue cuestionada por acciones antidemocráticas.
Durante la gestión de Aldana, el MP logró suscribir al menos cuatro acuerdos de colaboración. Uno de estos fue el “Memorándum de entendimiento derivado de la carta de convenio relativo a los programas de coturnos de narcóticos, aplicación de la ley, seguridad pública y ciudadana y reforma al sector justicia entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos”.
Dicho convenio fue suscrito el 17 de febrero de 2016 con la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, por un monto de US$1 millón 182 mil 935 y se destinó a fiscalías municipales y distritales a nivel nacional.
El 31 de agosto de ese mismo año, el MP suscribió el convenio “Empoderamiento institucional para la lucha contra la impunidad: una oportunidad para la paz y el Estado de Derecho en Guatemala”. Este proyecto fue ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por un monto de US$1 millón 331 mil 723.22.
Este convenio benefició a la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la Dirección de Análisis Criminal, a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio.
El 1 de mayo 2017, con el PNUD el MP suscribió el convenio “Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica del MP”, por un monto de US$3 millones 325 mil, el cual fue destinado a la Dirección de Análisis Criminal, Dirección de Investigaciones Criminalísticas y el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima.
El último acuerdo de cooperación suscrito en la gestión de Aldana fue “Promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala, también con el PNUD, por US$219 mil 212.15, el 17 de octubre de 2017, destinado a la Fiscalía de Derechos Humanos.
Reducción de la cooperación
Según los registros del MP, en la gestión de Porras únicamente se dieron dos convenios internacionales de cooperación, siendo estos los únicos suscritos durante las dos gestiones de la exfiscal general.
El 6 de febrero de 2020, el MP suscribió, nuevamente con el PNUD, el convenio llamado “Proyecto afianzando capacidades del MP en la lucha contra la impunidad”, por US$ 1 millón 750 mil, el cual se destinó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Coordinación Nacional del Sistema Informático del MP.
Mientras que el último acuerdo suscrito por el MP en la era Porras fue la “Carta para la implementación del proyecto entre la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de La Ley y el MP”, ejecutado por el INL con un monto US$4.5 millones, que se destinaron a la Fiscalía Contra la Corrupción, Fiscalía Contra la Narcoactividad y Fiscalía Distrital Metropolitana. También fue suscrito en el año 2020.
La información proporcionada por el MP no detalla de convenios de este tipo firmados con entidades internacionales durante la segunda gestión de Porras en el ente investigador.
En febrero de este año, Porras suscribió un convenio de cooperación técnica y tecnológica con el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, pero este no fue incluido en la información que el MP proporcionó a eP Investiga.
En una entrevista con eP Investiga, el exembajador de la Unión Europea (UE) en Guatemala, Thomas Peyker, dijo que se dejó de apoyar a la FECI debido a que se convirtió “en un instrumento de persecución contra personas que defendían los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia”, reiterando que debido a esos motivos fue necesario dejar de proporcionar ese apoyo.
Sanciones internacionales
La reducción de los convenios de cooperación del MP con agencias internacionales o con gobierno de otros países, coincidió con el aumento de las sanciones a Porras y su círculo cercano, como el caso del exjefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y también el exsecretario general del MP, Ángel Pineda.
La primera sanción contra Porras llegó en 2021, cuando fue incluida en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estados Unidos, conocida como Lista Engel, pocos meses después de destituir a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI. En 2022, Porras fue incluida nuevamente en esa lista.
En 2024, Porras fue sancionada por la UE, lo que incluyó la prohibición de ingreso a los 27 Estados miembros del bloque y la congelación de activos. A esta medida se sumaron otros países como Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Ucrania, Georgia y otros, además de Canadá.
En 2025, las sanciones también fueron aplicadas por el gobierno del Reino Unido y por el gobierno de Colombia, lo que dejó a Porras como la funcionaria del sistema de justicia con más sanciones internacionales.
