_{Foto: Carlos Alonzo}

La presidenta de la Junta, Beyla Estrada, explicó que el proceso se resolvió tras ocho audiencias en las que se escucharon 23 testimonios, incluidos los descargos de los jueces implicados. “Hemos estudiado cada uno de los reproches señalados. (…) No podemos dejar margen de duda sobre nuestra conducta a la sociedad”, expresó.

Rosales: sorprendido con una menor de edad y consumiendo alcohol 

Según los integrantes de la Junta, uno de los hechos más graves es el de Walter Fabricio Rosales Hernández, juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán. Según la resolución, el 4 de octubre de 2023, Rosales permitió el ingreso de una adolescente de 16 años al tribunal, evadiendo el control de seguridad al ingresarla en su vehículo por el parqueo institucional. Más tarde, fue sorprendido en un negocio llamado “Comidas y Bebidas Exprés”, consumiendo licor en compañía de la adolescente y durante horario laboral.

“El hecho reprochado fue acontecido en flagrancia”, indicó la presidenta de la Junta, quien explicó que supervisores judiciales sorprendieron al juez en el lugar y que uno de ellos dialogó directamente con la joven. “En ese momento indicó que tenía 16 años. Este extremo fue corroborado con el resto del material probatorio”, señaló. También se certificó que el caso fue judicializado ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) y que la persona ya fue individualizada como menor de edad.

La Junta consideró que el juez incurrió en dos faltas graves que deben entenderse como una sola por su conexidad: permitir el ingreso irregular de una persona ajena al tribunal y ausentarse de sus funciones sin justificación para consumir licor con la menor en horario laboral. Además, se le tomó en cuenta una sanción previa impuesta el 18 de agosto de 2023, lo que elevó a tres los señalamientos por faltas graves en un mismo año. Por tanto, se recomendó su destitución e inhabilitación definitiva, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de la Carrera Judicial.

Quiñónez: consumo de alcohol y discusiones con su conviviente

La Junta también recomendó la destitución e inhabilitación de José Alfredo Quiñónez, juez del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz. De acuerdo con el fallo, el juzgador permitió de forma reiterada el ingreso de su conviviente al tribunal durante días y horas laborales, y protagonizó con ella peleas dentro y fuera del juzgado. “Quedó probado a este órgano disciplinario que, efectivamente (…) pernoctaron, vivían, tenían algunas peleas enfrente no solo de los usuarios, sino también del personal que se encontraba”, dijo la presidenta de la Junta durante la lectura del fallo.

Aunque la resolución fue emitida por mayoría, el integrante de la Junta de Disciplina Judicial, Leonel Rodríguez Sáenz, emitió un voto razonado en el que expresó su desacuerdo con la severidad de la sanción. “Respeto el criterio de mis colegas, mas no comparto la sanción impuesta (…) toda vez que la decisión asumida es sustentada en el artículo 42 literal B de la Ley de la Carrera Judicial, el cual regula que se considera falta gravísima haber cometido la segunda falta grave en el plazo de un año cuando la primera haya sido sancionada”, señaló.

Rodríguez Sáenz argumentó que, en su opinión, el juez Quiñónez no había sido sancionado con una falta grave previa dentro del plazo establecido, por lo que no correspondía aplicar la figura de falta gravísima ni recomendar su destitución. “Considero que sí debió sancionarse en concurso de faltas y no por una falta gravísima tal como se motivó”, concluyó.

Paniagua: consumo de alcohol en horario laboral

En el caso del juez Luis Paniagua, también del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, se dictó una suspensión de 20 días sin goce de salario tras encontrarlo consumiendo bebidas alcohólicas durante su jornada laboral. La Junta concluyó que las pruebas fueron abundantes y claras. “El material probatorio fue tan evidente que no nos permitió en ningún momento considerar lo contrario”, leyó Estrada.

Chen: No se acreditó su participación

En cuanto al juez William Arturo Chen, la Junta determinó que no se logró acreditar su participación directa en los hechos más graves señalados a sus colegas. En su defensa durante la audiencia de el martes 17 de junio, Chen se declaró inocente de las acusaciones en contra de sus colegas.

El fallo concluyó que lo único que quedó probado fue que “permitió la ocupación de su oficina para que los jueces pudieran ingerir bebidas alcohólicas”, lo que se consideró una falta leve por incumplimiento de disposiciones administrativas. Fue sancionado con una amonestación escrita.

Defensa y recurso pendiente

Tras la audiencia en la que se leyó el fallo, el abogado defensor Waldemar Figueroa, representante legal de Rosales, Quiñónez y Paniagua, ofreció declaraciones a la prensa. Anunció que, tras ser notificado oficialmente de la resolución y, una vez recibida por escrito, evaluará las acciones legales correspondientes. Anticipó que presentará una apelación ante la Junta de Disciplina Judicial de Apelación.

“Respetamos lo manifestado por la muy honorable Junta de Disciplina Judicial, tanto en forma unánime como por el voto razonado del abogado Leonel Rodríguez Sáenz, aunque no lo compartamos”, expresó. Con ello hizo alusión al único voto disidente registrado, en el que Rodríguez Sáenz cuestionó la base legal para la destitución de Quiñónez y propuso en cambio un criterio más equilibrado frente a las faltas cometidas.

Un llamado ético tras el fallo

También al finalizar la audiencia, Cindy García, representante de la Supervisión de Tribunales, hizo un llamado público a todos los integrantes del Organismo Judicial para mantener la ética y el compromiso institucional.

“Que no olviden ese momento en el cual llevaban su hoja de vida con toda la ilusión del mundo de alcanzar un puesto en este noble organismo del Estado”, expresó. A través de sus palabras, buscó recuperar la dimensión vocacional del servicio judicial y apelar a la integridad individual como eje de la función pública.

“Pidamos que nos mantengamos firmes en ese deseo de hacer un trabajo honesto, transparente, con toda la gallardía e integridad que la sociedad de Guatemala nos demanda”, concluyó.

El procedimiento no termina hoy. Según la legislación del Organismo Judicial, se debe esperar el plazo para apelaciones y la recomendación de la Junta debe ser conocida por el Consejo de la Carrera Judicial, que decidirá si la traslada a la Corte Suprema de Justicia o al Congreso de la República, según la categoría del cargo implicado. Este caso fue revelado en eP Investiga en diciembre de 2024.