Esta sesión estuvo detenida durante más de dos horas, luego de que varios diputados opositores se desmarcaron en búsqueda de consensos para la aprobación de la ley contra el lavado de dinero. No obstante, la sesión se reanudó cerca de las 19:30 horas del martes, en la que se conocieron otras propuestas de ley.
Cuando la ley antilavado iba a ser conocida, el presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció que la Junta Directiva había roto el quórum, por lo que la sesión fue suspendida, culminando así el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso sin que la normativa fuera aprobada.
Tras finalizada la plenaria, Contreras señaló que no podían seguir con el desarrollo de la reunión debido a que “era muy peligroso para la ley” aprobar enmiendas que no se conocen.
“A pesar de que tenemos el pleno (quórum) para poder continuar, no era seguro para la ley y yo no voy a tomar la responsabilidad de arruinar una ley que la tenemos en tercera lectura y redacción final. Vamos a seguir trabajando con los diputados, hay un equipo de trabajo para seguir pensando que esta es la ley que necesita Guatemala”, dijo Contreras.
Esto ocurrió luego de que diputados opositores presentaron enmiendas a última hora sobre esta propuesta de ley.
Contreras resaltó que habían 130 diputados presentes en la sesión y que la ley pudo ser aprobada, pero que no se tomaron en cuenta los consensos que se habían acordado en la Comisión de Economía. “Enmiendas que nos traen a última horas no las podemos aprobar en el pleno”, indicó, añadiendo que algunos diputados expresaron que tenían temor porque esas enmiendas podrían debilitar la ley.
Sin embargo, el presidente del Congreso indicó que las enmiendas, que se propusieron fuera de la Comisión de Economía, “dinamitan” algunos artículos de la propuesta. “Por ejemplo, la intención de cometer un delito se castiga, pero querían hacer una enmienda donde ese artículo se elimina. Entonces, si alguien va a un banco y quiere hacer una transacción sospechosa y se retira y ya no lo hace, el banco está obligado a denunciar a esa persona, el artículo que querían introducir quita esa parte, eso debilita la ley”, añadió Contreras.
Contreras pidió disculpas al pueblo de Guatemala, pero aseguró que levantar la sesión se hizo para proteger la propuesta de ley.
Señalamientos
El diputado Samuel Pérez indicó que en el Congreso se tuvo más de una semana para presentar enmiendas y poderlas consensuar e hizo señalamientos contra diputados de la UNE y de Vamos por no estar conformes con la propuesta actual.
“Lo que estaba pasando es que se fue atrasando bajo excusa de la gente de la UNE, de Vamos, de Felipe Alejos y de los Unionistas decían que habían enmiendas para intentar corregir la ley. Mentira, aquí no hay excusas, cualquier tema que intente dilatar la aprobación de ley contra el lavado de dinero es porque son lavadores”, dijo Pérez.
Para Pérez fue una “actitud correcta” que se haya evitado aprobar una ley que lo único que hace “es privilegiar a los delincuentes que quieren lavar dinero y hay que aprobar la ley como ya salió de la Comisión (de Economía)”, mencionó.
Sostuvo que no es que quiera corregir la ley, sino que buscan “entramparla” y que quieren proteger el lavado de dinero.
En tanto el diputado José Inés Castillo, de la UNE, señaló directamente a Pérez y al grupo Raíces de incidir en la Junta Directiva y lo responsabilizó por la no aprobación de la ley.
“Yo le pregunto a Samuel Pérez por qué está en contra la ley antilavado, si es un esfuerzo que estamos haciendo todos los diputados si es una demanda a nivel internacional que el Estado de Guatemala tiene el compromiso de reformar”, comentó.
Castillo cuestionó el hecho de que la Junta Directiva haya levantado el quórum y señaló que a Pérez “se le cayó la cara”.
Sobre las enmiendas, Castillo indicó que es lo “natural” dentro de un proceso de formación de la ley, asegurando que estas se presentaron para ser discutidas y así llegar a los acuerdos.
Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso, defendió las enmiendas presentadas a última hora, asegurando que iban en el sentido de mejorar las enmiendas que ya habían sido consensuadas en la Comisión de Economía.
La iniciativa
Esta iniciativa deroga la normativa vigente desde 2001 y busca endurecer el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El proyecto, que ya superó su tercer debate, busca alinear al país con las exigencias internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en inglés), antes de las próximas evaluaciones al sistema financiero nacional.
La propuesta amplía el catálogo de sectores económicos obligados a reportar operaciones sospechosas y exige identificar obligatoriamente al «beneficiario final» para eliminar el anonimato en empresas y fideicomisos.
Asimismo, robustece el alcance legal de los informes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para acelerar las investigaciones criminales del Ministerio Público (MP).
