Así lo indicó el canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, quien detalló que en los últimos días se han dado actuaciones “arbitrarias e ilegítimas” provenientes del Poder Judicial y del Ministerio Público (MP) en el país.
Según Martínez, esas actuaciones están orientadas a distorsionar los resultados de las elecciones generales de 2023, desconociendo la voluntad popular y forzar la destitución de autoridades electas.
“El gobierno de de Guatemala manifiesta su profunda preocupación por las resoluciones dictadas el 24 de octubre de 2025 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, mediante las cuales se pretendió la supuesta nulidad absoluta, entre comillas, de la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pese a que el proceso electoral de 2023 fue legalmente concluido y oficializado”, explicó Martínez.
Sin embargo, el canciller detalló que la resolución del juez Fredy Orellana fue anulada por la Corte de Constitucionalidad y que en dicha sentencia se advirtió al juez de evitar resoluciones que pudieran incurrir en el delito de prevaricato.
Martínez recordó que el próximo año estará en juego la democracia del país, debido a todos los procesos que se realizará para elegir nuevas autoridades de la Corte de Constitucionalidad (CC), MP, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Respaldo
Tras la intervención de Martínez, los representantes permanentes de los distintos Estados miembros de la OEA expresaron su respaldo al proceso democrático en Guatemala.
Algunos de estos, como los representantes de Uruguay y Colombia, señalaron que en Guatemala persiste una sistemática persecución penal contra periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y representantes de la ciudadanía.
“Este tipo de persecución, como el caso del periodista (Jose) Rubén Zamora, que incluye la prisión por opiniones, son contrarios a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó el representante de Uruguay.
En tanto, la representante de Colombia dijo que en 2025 se ha observado “un patrón de persecución penal contra jueces, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de los pueblos indígenas en Guatemala con el fin de bloquear la renovación de autoridades judiciales”.
La representante de Estados Unidos indicó que reafirman su compromiso para una “Guatemala democrática” e hizo un llamado para trabajar conjuntamente y garantizar una estabilidad continúa.
Países de la Unión Europea (UE) que estuvieron presentes en el Consejo Permanente, como España, Italia y Francia, también expresaron su respaldo al proceso demcrático en Guatemala.
