En el pronunciamiento, las autoridades reconocen el trabajo realizado por la mayoría de integrantes de la comisión en la elaboración de la nómina, pero rechazan la decisión de la CC que ordena repetir la votación y restar valor a la experiencia judicial de los aspirantes. “Para nosotros es de las más aberrantes formas de interpretación de la ley”, indicaron.

Las autoridades indígenas enfatizan que la selección de candidatos no debe basarse únicamente en la puntuación obtenida, sino también en criterios constitucionales como la honradez, idoneidad y capacidad. En ese sentido, sostienen que existen aspirantes que, pese a superar los cien puntos, no deberían ser considerados elegibles, entre ellos la fiscal general María Consuelo Porras Argueta.

El comunicado también expresa preocupación por lo que califican como una “recalificación ordenada de forma espuria e interesada”, que atribuyen especialmente a tres magistrados de la CC, a quienes señalan de favorecer la continuidad de la corrupción y la cooptación del Estado.

Además, las autoridades hacen un llamado a los comisionados a resistir presiones y actuar con responsabilidad frente a las instituciones que representan, incluyendo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y las facultades de Derecho de las universidades del país. Advierten que el prestigio de estas entidades está “bajo el escrutinio” de los pueblos.

“Pedimos a los señores Comisionados mantener la coherencia de su actuación, nuestros pueblos lo reconocerán. Reconocemos las presiones a las que están sujetos, pero les recordamos que cada comisionado representa a instituciones que deben ser responsables ante la población y quienes en ellos confía”, dijeron.

En el documento también se menciona a la presidenta del Organismo Judicial, de quien indican que debe reflexionar sobre la importancia de la función que le ha sido delegada, en medio del actual proceso.