Hoy, la democracia suele presentarse en carpetas y folders. En hojas selladas, constancias, certificaciones, antecedentes, juramentos… y una cola de abogados sosteniendo su vida en fólder.

El 15 de enero el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) recibió 20 expedientes de aspirantes a integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026–2031. La escena tiene algo de ceremonia civil; no se entra a la CC por la puerta grande, sino por la puerta chica del papel y arrogancia. El dato inicial dice que fueron 13 candidaturas a magistratura titular y 7 para suplente. El dato humano —si me permite la licencia— es que cada expediente parece un personaje que llega a presentarse solo, como si la carpeta caminara con traje y corbata. Eso es lo que cuenta.

Todos los candidatos dijeron: «Aquí estoy. Vengo completo. Vengo limpio. Vengo en orden. Traigo mi honorabilidad engrapada y con todas las copias certificadas». Esto último no lo hizo Moto, tuvo retrasos, pero lo logró.

Y es que el expediente, exclusivamente en Guatemala, no es solo un montón de hojas. Es, para los abogados, una biografía comprimida. Para concursar, no basta con ser; hay que constatar lo que uno es. Entre lo solicitado están (por ejemplo) certificación de nacimiento, constancia de colegiado activo, acreditación del tiempo de ejercicio profesional, carencia de sanciones disciplinarias, antecedentes policíacos y penales, certificación del TSE sobre el goce de derechos políticos y una declaración jurada de honorabilidad, según lo reportado. Uno lee esa lista y entiende el mensaje filosófico: «En este país, la confianza es únicamente un simple trámite».

Lo interesante aquí no es que el CANG reciba expedientes. Lo interesante es cómo los recibe. Al final la CC —ese lugar donde la Constitución se interpreta, se estira o se defiende gracias a intereses propios— arranca su renovación con un gesto mínimo. Entregar papelería en horario de oficina. La recepción estuvo habilitada de 8:00 a 16:00. La Constitución, por suerte, todavía no cobra horas extra.

En medio del listado de primicia aparecen nombres que despiertan pasiones. Entre los aspirantes a magistratura titular figuran, por ejemplo, Néster Mauricio Vásquez Pimentel (magistrado titular que busca reelección) y Mynor Moto Morataya (dudoso juez décimo de Instancia Penal), entre otros. Y aquí conviene ser cuidadosos, no solo porque los nombres sean frágiles, sino porque el país es inflamable.

Acá el dato verificable —y públicamente reportado por medios— es que Vásquez Pimentel y Moto Morataya fueron sancionados por Estados Unidos hace algunos años. El dato político es que, en Guatemala, una sanción externa puede operar como estigma para unos y como medalla para otros, dependiendo del salón en el que se cuente la historia. Y como esta columna la leerán —como usted me advierte— personas de derechas e izquierdas, me quedo con lo único que no discute nadie; la información está ahí, registrada, disponible, citada. Lo demás ya es la guerra de interpretaciones, esa especialidad nacional.

Lo que más me intriga, más que los nombres, es la fantasía del expediente perfecto. La vida cabe en sellos y que la moral se demuestra con constancias. Porque hay algo de cuento infantil en creer que la honorabilidad se acredita como se acredita un curso. Y, sin embargo, así funciona el mecanismo: el CANG, como órgano elector, elige a un titular y un suplente dentro de un proceso más amplio en el que participan cinco designantes para integrar la CC.

¿Y qué debería mirar usted —uno que no tiene número de colegiado, ni club de votación, ni fiscal de planilla— frente a esta escena?

Primero, lo obvio: fechas, reglas, requisitos, transparencia mínima. Segundo, lo importante: qué entiende cada aspirante por Constitución cuando nadie lo está examinando con una lista de «carencias». Y tercero, lo incómodo: que la CC no es un Olimpo abstracto, sino una institución de carne y decisiones.

Ahora viene lo que siempre viene. El país decodifica papeles como si fueran señales. Y quizá —solo quizá— el verdadero examen no sea si un documento falta o sobra, sino si el sistema político todavía es capaz de producir algo más raro que una carpeta impecable: una confianza pública que no necesite sello para existir.

Hoy, la historia constitucional empieza con una pregunta humilde. «¿Trae fotocopia de ambos lados?»