Como lo expresé la semana anterior, en los próximos meses, Guatemala se encontrará nuevamente enfrentando procesos cruciales para el Estado de Derecho, pues se avecinan elecciones tan importantes como la de Magistrados a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia.

En esta ocasión, deseo enfatizar la importancia que tienen los profesionales del derecho en ambas elecciones.

Para refrescar la memoria de nuestros estimados lectores, resulta relevante recordar el papel que juegan los abogados y notarios, pues este trasciende más allá de la defensa de los derechos de los clientes; siendo también guardianes de la justicia, defensores de los valores constitucionales y actores que inciden directamente en el rumbo institucional del país.

Ese rol que ejercen los profesionales del derecho dentro de las comisiones de postulación no se circunscribe únicamente a integrar las mismas y votar dentro de ellas. Su esencia es comprender que cada decisión, cada criterio y cada respaldo que se brinde por parte de estos, repercute en el acceso de millones de guatemaltecos a una justicia imparcial.

Sin embargo, esta labor, tan noble en su esencia, ha sido frecuentemente deformada por intereses personales, brindando privilegios y pactos de impunidad, traicionando así la investidura de un profesional del Derecho, que por su formación y juramento debe velar siempre por la verdad y la equidad.

Como pequeña reseña histórica, la figura del abogado se remonta a las primeras civilizaciones organizadas. En el antiguo Egipto ya existían los famosos escribas que, además de dominar la escritura, conocían y aplicaban normas jurídicas para resolver disputas. Igualmente, en la Grecia clásica, el arte de la retórica y la defensa en tribunales era ejercido por ciudadanos formados para argumentar con fundamento, lógica y ética, siendo el ideal de todo ello, que la verdad prevaleciera. Con el tiempo se perfeccionó esta figura al consolidar un cuerpo de juristas y oradores, que no sólo defendían causas, sino que redactaban leyes, interpretaciones y dictámenes para garantizar el orden.

Con el paso de los siglos, el abogado dejó de ser únicamente un defensor de intereses particulares para convertirse en un pilar de la institucionalidad.

En el presente, en sociedades democráticas modernas, su labor ha trascendido las paredes de un despacho: participando estos profesionales en la formulación de políticas, en la administración de justicia y, como ocurre en Guatemala, en la elección de quienes impartirán justicia desde las más altas magistraturas.

En nuestro país, cada abogado, cada facultad de Derecho y cada gremio jurídico tiene una cuota de poder y sobre todo una enorme responsabilidad. No podemos ignorar que en las manos de ellos depende, en parte, que el sistema judicial recupere su legitimidad o que continúe secuestrado por los intereses oscuros que de sobra se sabe cuales y de quienes son.

El voto de estos profesionales del derecho, sus recomendaciones y sus posturas no son meros trámites, son decisiones que pueden abrir o cerrar las puertas de la justicia.

Deseamos, los ciudadanos honestos y esperanzados de un país en donde exista justicia imparcial y certeza jurídica esperando por tal razón, que en estas elecciones que se avecinan, que todos los abogados; hoy decanos y demás integrantes de las facultades de Derecho de las Universidades del país que se identifiquen con los principios éticos y con lealtad a esos principios y no a quienes los colocaron en sus puestos.

Ojalá en esta ocasión, todos aquellos que se proclaman honestos, se ubiquen del lado correcto de la historia para gozar de un sistema que no se pliegue a la impunidad.

Esperemos que todos quienes apoyaron a quienes integrarán las comisiones de postulación lo hayan hecho en defensa de la justicia y no por amistades, compadrazgos o favores personales.

Escúchese claramente, los abogados no son sólo defensores de derechos, son más que fedatarios de ese proceso y esa responsabilidad irá más allá del simple ejercicio de elegir y colocar magistrados, pues dicha labor deberá ser ejercida con máximos principios, sin previas componendas, para cumplir esa labor con prestigio esa profesión jurídica que no se mide únicamente en títulos, sentencias ganadas o puestos ocupados, sino en la integridad con la que ejercemos nuestra función pública y privada. La historia nos recuerda que el abogado nació para ser voz de los que no la tienen, garante de la ley y constructor de confianza social. Pervertir ese papel es traicionar no solo al cliente, sino a toda la nación.

Si queremos que Guatemala avance, los abogados debemos dejar de ser cómplices silenciosos o activos de sistemas de corrupción y privilegio, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, para recuperar la esencia de nuestra vocación: servir a la justicia, no servirnos de ella.