La Iniciativa 6376, ingresada al Congreso el 16 de abril de 2024, presentada ante el pleno el 26 de agosto 2024 y con dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, propone la derogación total de la ley que establece impuestos sobre herencias, legados y donaciones, una ley que se elaboró al calor de la Constitución revolucionaria de 1945.

Este proyecto legislativo, presentado como un alivio fiscal para las familias guatemaltecas porque este gravamen, supuestamente, “afecta directamente a las familias guatemaltecas al obviar la realidad del pago del impuesto, ya que, las mayorías de familias no cuentan con la liquidez necesaria, por lo que recurren al ahorro o a la venta de una parte o el total de la herencia, pese al valor sentimental que representa, para cumplir con el pago del impuesto”. Por ello la retórica del Observatorio de Derechos de Propiedad presenta el impuesto sobre herencias como “una barrera al ahorro, la inversión y a la propiedad” que no es compatible con la Constitución neoliberal de 1985, deliberadamente soslayando que ahorro, inversión y propiedad son relaciones sociales cuyas estructuras en el presente garantizan resultados radicalmente desiguales.

La iniciativa 6376, sin embargo, representa una de las más claras manifestaciones del avance de una agenda neoliberal extrema promovida por sectores empresariales como el CACIF, así como partidos políticos que se prestan a la cooptación, disfrazándola de una iniciativa que favorece a grupos populares y subalternos.

Esta crítica busca abordar algunos aspectos técnicos, así como políticos y sociales de dicha propuesta, situándola en el contexto de un país marcado por profundas desigualdades, limitadas fuentes progresivas de ingresos fiscales, y la urgente necesidad de impulsar un modelo de desarrollo eco-social centrado en la vida digna.

Guatemala posee una de las cargas tributarias más bajas de América Latina, rondando el 14% del PIB, cuando el promedio regional supera el 21%. Esta baja recaudación fiscal tiene consecuencias estructurales: servicios públicos precarizados, una infraestructura estatal débil, y una incapacidad crónica del Estado para atender las demandas sociales crecientes y más urgentes, desde salud y educación hasta agua potable, seguridad alimentaria y la adaptación climática.

Uno de los factores responsables de esta situación es la ausencia de impuestos progresivos eficaces, es decir, aquellos que hacen que quienes tienen más, contribuyan más proporcionalmente. En Guatemala, “solo el 3.8% del PIB en promedio de la carga tributaria nacional, deriva de la aplicación de los tributos directos por lo que definitivamente no son las empresas los principales tributantes al país, sino que las familias”. Dentro de los impuestos directos, los impuestos al patrimonio – como el de herencias – son herramientas fundamentales para contrarrestar la concentración de la riqueza y permitir una redistribución que favorezca la equidad social.

La iniciativa 6376, presentada por el diputado Cristian Rodolfo Álvarez Álvarez de CREO, busca derogar en su totalidad la ley que grava con impuestos las herencias, legados y donaciones, argumentando que esto:

1. Protege la economía de las familias guatemaltecas.
2. Elimina totalmente estos impuestos.
3. Exonera de forma retroactiva intereses, multas y recargos.
4. No aplica a lo ya pagado.

Si bien el discurso promueve una narrativa de protección familiar, la medida beneficiaría desproporcionadamente a los sectores de altos ingresos y grandes patrimonios, ya que la mayoría de las personas en Guatemala no poseen bienes significativos susceptibles de ser heredados o donados formalmente.

Eliminar los impuestos sobre herencias implica perder una fuente potencial de ingresos públicos progresivos. Si bien este impuesto no es hoy una fuente mayoritaria de ingresos en Guatemala, eso se debe a su diseño pobre, débil aplicación y baja tasa. Lejos de eliminarlo, lo que corresponde es rediseñarlo, fortalecer su administración y establecer un sistema escalonado, en donde:

1. Pequeñas herencias estén exentas o tributen muy poco.
2. Herencias de mediana magnitud contribuyan de forma moderada.
3. Grandes patrimonios herederos (por ejemplo, bienes superiores a 1 millón de dólares) enfrenten tasas significativas.

Este tipo de diseño impositivo, sugerido por organismos internacionales como la OCDE, la CEPAL e incluso el BID, ha demostrado eficacia para reducir desigualdades extremas sin afectar a los sectores populares.

Eliminar el impuesto a las herencias refuerza la reproducción intergeneracional de la riqueza y el privilegio en grupos dominantes y pequeños. En otras palabras, perpetúa una lógica oligáquica y aristocrática: quienes nacen ricos, seguirán siéndolo sin mayor esfuerzo ni contribución a lo común, mientras que la gran mayoría que nace pobre o como parte de la clase trabajadora queda excluida del acceso a activos significativos y, convertirse en propietarios/as de una parcela de tierra rural o un pedacito de tierra en un barraco de la capital no los convierte en propietarios/as cuyo patrimonio esté o deba estar realmente sujeto al impuesto sobre herencias.

Esta medida, por tanto, consolida a una oligarquía patrimonial, impidiendo que la riqueza acumulada durante generaciones se redistribuya en beneficio público y colectivo. Se convierte en un freno al principio de justicia redistributiva.

La iniciativa también debe leerse dentro de un marco ideológico y político más amplio: el proyecto restaurador neoliberal promovido por el CACIF y otros actores empresariales y defensores doctrinarios de la propiedad privada. Este modelo no sólo promueve la desregulación y reducción del Estado, sino también:

1. La privatización de servicios públicos.
2. La desfinanciación de lo común.
3. La transferencia de recursos desde lo público hacia lo privado.
4. La defensa de un sistema fiscal regresivo basado en el consumo (como el IVA) y no en la riqueza.

Bajo este modelo, el Estado funciona como un gendarme garante del orden jurídico y policial para la acumulación privada, mientras se desentiende de su función redistributiva, social y ecológica.

Frente a la crisis múltiple que vive Guatemala – económica, ecológica, sanitaria, alimentaria, y climática – urge repensar de manera inteligente, progresista y solidaria el papel del Estado y su arquitectura tributaria. El país y el momento histórico presente requiere una política fiscal centrada en:

1. La justicia social: que quienes más tienen contribuyan más.
2. La equidad intergeneracional: que se reduzca la brecha de oportunidades de vida entre quienes heredan fortunas y quienes no tienen acceso ni a tierra, ni a salud ni a educación.
3. La transición ecológica: que los ingresos se destinen a proyectos de soberanía alimentaria, energías limpias, protección de cuencas, reforestación y adaptación al cambio climático.
4. La dignidad comunitaria: invertir en bienes comunes que beneficien directamente a comunidades indígenas, campesinas y urbanas marginalizadas.

Esto solo es posible mediante una fiscalidad transformadora, y no con medidas regresivas como la Iniciativa 6376.

En países como Francia, Alemania, Japón o Corea del Sur, los impuestos a las herencias representan un componente importante de la justicia fiscal. Incluso en EE.UU., cuando no está cruzando por un momento de exuberancia restauradora como en el presente, se ha debatido la reintroducción de impuestos a las grandes herencias como mecanismo para financiar servicios universales.

Además, instituciones como las Naciones Unidas y la CEPAL han recomendado el uso de impuestos al patrimonio para financiar la recuperación postpandemia y enfrentar el colapso climático.

Recomendaciones concretas:

1. Reformar, no eliminar: La ley actual debe reformarse para incluir escalas, deducciones, exenciones y progresividad.
2. Crear un registro patrimonial nacional: Para mejorar la trazabilidad, evitar evasión y combatir la acaparación de recursos (agua, tierra, bosques, etc.).
3. Asignar los recursos recaudados a fondos específicos: Salud pública, educación, infraestructura comunitaria, transición energética.
4. Establecer techos a las herencias libres de impuestos: Tal como recomienda Thomas Piketty, las grandes transferencias de riqueza deben pagar más que las pequeñas.

La Iniciativa 6376 es regresiva, insostenible y políticamente perversa. En realidad no protege a las familias guatemaltecas, mucho menos a las más pobres y trabajadoras; protege a las élites económicas y oligárquicas que han capturado el aparato estatal. No fortalece la economía; debilita las finanzas públicas. No democratiza la propiedad; la concentra. No contribuye en nada a la transición energética, sino que la retrasa.

En un país con altísimos niveles de pobreza, desnutrición infantil, feminicidios, desplazamientos forzados, despojo territorial y expoliación ambiental, eliminar un impuesto que podría ayudar a redistribuir la riqueza es una traición a cualquier aspiración de justicia social.

Lejos de eliminar el impuesto a las herencias, Guatemala debería fortalecerlo, hacerlo más justo y asignarlo a financiar una transición eco-social centrada en la vida digna, en la sostenibilidad ecológica y en el bienestar colectivo.