La salida de Consuelo Porras amenaza con provocar una pequeña crisis laboral en uno de los sectores más dinámicos de la economía informal de la impunidad: los net centers, los operadores de difamación, los fabricantes de expedientes y algunos fiscales que descubrieron en la persecución penal una forma bastante rentable de emprendimiento personal. Durante años vivieron de un ecosistema perfecto: alguien señalaba al enemigo, otro armaba el caso, otro lo filtraba, otro lo convertía en tendencia, otro gritaba “¡corrupción!” desde cuentas anónimas y, con suerte, alguno más cobraba después para desactivar el problema que él mismo había ayudado a fabricar. Una cadena productiva completa. Casi un clúster de innovación mafiosa.

Ahora, con el ocaso de la fiscal de la impunidad, muchos de esos operadores están actualizando su currículum. “Experto en linchamiento digital”. “Amplia experiencia en convertir una reunión, una foto, una investigación periodística o una donación en conspiración internacional”. “Manejo avanzado de bots, cuentas falsas e indignación alquilada”. “Disponibilidad inmediata para defender corruptos, perseguir jueces, atacar periodistas, criminalizar estudiantes o difamar al presidente”. La pregunta es si el mercado seguirá absorbiendo tanta mano de obra especializada en fabricar humo, o si simplemente será reciclada por nuevos actores mediáticos que hoy intentan ocupar el espacio que antes llenaba el Ministerio Público.

Porque detrás del ruido digital hubo una economía política de la persecución. No eran solamente tuiteros rabiosos ni fiscales confundidos. Era un modelo. Un modo de vida. Un sistema donde el expediente se convirtió en mercancía, la acusación en amenaza, la filtración en chantaje y el miedo en fuente de ingresos. Había quienes fabricaban casos para destruir reputaciones, pero también quienes sabían cobrar por “arreglar” lo que ellos mismos habían contribuido a ensuciar. Una especie de servicio completo: primero te incendian la casa y luego te ofrecen, muy serios, el extinguidor.

Ese modelo tal vez no nació con Consuelo Porras, pero bajo su gestión encontró techo, oficina, sello, firma y megáfono. El Ministerio Público dejó de ser una institución para investigar delitos y se convirtió, demasiadas veces, en una maquinaria para administrar impunidad y castigar disidencias. Mientras unos expedientes dormían el sueño eterno de los protegidos, otros se armaban con una velocidad milagrosa contra periodistas, operadores de justicia, estudiantes, autoridades electas, defensores de derechos humanos o cualquiera que incomodara al pacto de corruptos. La ley dejó de ser regla común y se convirtió en garrote selectivo.

Por eso un reto para el nuevo Fiscal General es el de desmontar una cultura institucional y económica que convirtió la persecución penal en negocio. Habrá que revisar estructuras, redes, incentivos, lealtades y silencios. Habrá que preguntarse quiénes se beneficiaron de la criminalización, quiénes filtraron información, quiénes fabricaron relatos, quiénes cobraron por protección y quiénes usaron el miedo como mecanismo de control. Porque si sólo cambia la cabeza y queda intacto el mercado de la impunidad, los mismos operadores buscarán nuevo patrón, nuevo discurso y nueva consigna. Por lo pronto, ya tenemos pasquines fachoideológicos que parecen ensayar el relevo: difamar al presidente, atacar otros medios, insinuar conspiraciones y presentar como escándalo cualquier esfuerzo por investigar, documentar o explicar la captura del Estado. Guatemala tiene una notable capacidad para producir conversos de temporada: ayer inquisidores, hoy republicanos; ayer sicarios digitales, hoy analistas institucionales; ayer operadores del MP, hoy editorialistas de la sospecha.

Pero, aunque hoy ironicemos, el daño causado por esa maquinaria fue profundo. Destruyó carreras, encarceló inocentes, empujó gente al exilio, sembró miedo, debilitó instituciones, protegió redes corruptas y contaminó la conversación pública. No basta con que algunos nets centers se queden sin contrato o que ciertos fiscales pierdan su fuente de ingresos. Hace falta entender cómo funcionó el sistema para que no se recicle. Porque la impunidad también sabe cambiar de traje: a veces se pone toga, a veces uniforme, a veces micrófono y a veces perfiles anónimos con bandera nacional.

Pero los net centers no existirían, si del otro lado tuvieran una ciudadanía informada. Una ciudadanía que no entiende cómo se fabricó la persecución queda expuesta a que se la vuelvan a vender como justicia. Una sociedad que no lee los expedientes políticos de su propia historia termina dependiendo de quienes se los resumen desde el interés, el miedo o la mentira. Por eso resulta tan importante que existan espacios como la IV Feria Libro al Viento Suroccidente, impulsada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes y diversas instituciones locales. Se realizará en Retalhuleu del 27 al 30 de mayo, con entrada gratuita y una programación que reúne literatura, memoria, actividades infantiles, música, talleres y conversaciones abiertas a la comunidad. La edición está dedicada a la profesora y escritora Leonor Alicia Friely Taracena, una mujer que hizo de la educación rural, la palabra y la enseñanza una forma de arraigo y compromiso con su tierra.

Esa es la estrategia. Frente a los fabricantes de mentiras, multiplicar lectores. Frente al net center, clubes de lectura. Frente a los expedientes armados, memoria documentada. Frente a los fiscales que hicieron de la persecución un negocio, ciudadanía informada. Y frente a quienes durante años vivieron de confundir al país, una Guatemala que aprenda a leerlos a ellos también.

Al final, quizá algunos operadores de la impunidad sí tendrán que buscar nuevo empleo. Pero el país no puede limitarse a celebrar su desempleo momentáneo. Tiene que hacer algo más complejo: desmontar el negocio, entender el método y cerrar el mercado. Porque si algo nos enseñó esta etapa, es que la justicia solo se recupera cuando la ciudadanía deja de comprar miedo empaquetado como verdad. Y cuando un país lee, cuestiona y analiza, hasta los net centers se quedan sin clientela.