La discusión contemporánea sobre la seguridad en América Latina, incluso en algunos medios progresistas, suele partir de un supuesto que merece ser examinado con más cuidado. Se afirma que la violencia desalienta la inversión, estimula la migración y debilita las instituciones. Desde esta perspectiva, el auge de las políticas de mano dura aparece como una respuesta, quizás excesiva, a una crisis objetiva de gobernabilidad. El problema es que este marco interpretativo adopta como punto de partida las categorías del propio discurso dominante y termina oscureciendo transformaciones históricas mucho más profundas.

La violencia ciertamente constituye una realidad material devastadora para millones de personas. Sin embargo, reducir la crisis actual a sus efectos sobre la inversión, la migración o la estabilidad institucional implica aceptar una visión particular del orden social. La pregunta decisiva no es cómo restaurar las condiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de los mercados o para la reproducción de instituciones existentes. La pregunta es qué tipo de orden político está emergiendo en América Latina y cuáles son las formas de poder que dicho orden requiere para reproducirse.

El llamado modelo Bukele debe analizarse desde esa perspectiva. Las críticas centradas en las violaciones a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias o el debilitamiento de los controles institucionales son correctas, pero insuficientes. Tales fenómenos son síntomas de una mutación más profunda. Lo que está en juego es una transformación en las formas de gobernar, una modificación sustancial de la racionalidad política que organiza la relación entre Estado, sociedad y mercado.

Desde una perspectiva foucaultiana podría decirse que estamos ante una nueva fase de la gubernamentalidad. Desde una lectura gramsciana, frente a una reconfiguración del bloque histórico dominante. Ambas aproximaciones permiten comprender que la cuestión fundamental no reside en el aumento de determinadas prácticas represivas, sino en la consolidación de un nuevo principio de legitimidad política.

Durante las décadas posteriores a las transiciones democráticas, la legitimidad estatal descansó en una combinación variable de crecimiento económico, procedimientos electorales, ampliación de derechos y promesas de inclusión social. Esa arquitectura neoliberal y globalizada atraviesa hoy una evidente crisis prolongada. La desigualdad persiste. Los procesos de movilidad social se han ralentizado. Las promesas asociadas al desarrollo han perdido credibilidad. Los proyectos progresistas mismos también enfrentan límites estructurales evidentes. Las derechas tradicionales tampoco ofrecen horizontes de bienestar colectivo convincentes. Basta ver lo que pasó con el uribismo en las recientes elecciones colombianas.

En este contexto emerge una nueva fórmula de legitimación. El Estado ya no promete transformar la sociedad porque eso ya es como “arar en el mar”. Promete proteger a quienes se consideran parte de la sociedad legítima frente a enemigos definidos como amenazas existenciales. El centro de gravedad de la política se desplaza desde la redistribución hacia la protección de lo propio, desde la ciudadanía hacia la seguridad, desde la participación hacia el control y la autoridad.

Bukele representa la expresión más acabada de esta transición. Su relevancia histórica no depende únicamente de la reducción de los índices de homicidios. Tampoco de la popularidad que conserva dentro y fuera de El Salvador. Su importancia radica en haber articulado una nueva síntesis ideológica que combina elementos neoliberales, tecnologías digitales de vigilancia, personalización extrema del liderazgo político, debilitamiento de mediaciones institucionales y una concepción permanente de excepción combinada con una expansión sin precedentes del sistema carcelario.

Por esa razón el fenómeno trasciende las fronteras ideológicas convencionales. Resulta insuficiente afirmar que el giro hacia políticas más duras ya no pertenece exclusivamente a la derecha. Lo verdaderamente significativo es que la seguridad se ha convertido en el lenguaje común mediante el cual actores de distintos signos políticos buscan reconstruir legitimidad en sociedades atravesadas por la fragmentación, el desencanto y la exclusión extrema – ya abandonada incluso como objeto de la “ingeniería social” del desarrollo.

Este desplazamiento permite comprender mejor experiencias aparentemente diversas. En distintos países, gobiernos progresistas, conservadores o centristas terminan convergiendo alrededor de diagnósticos similares sobre orden, control territorial, militarización y vigilancia. Solo basta mirar lo que ha pasado con el gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala. Las diferencias persisten, sí, pero se desarrollan dentro de un horizonte compartido cuyos límites rara vez son cuestionados.

La dimensión geopolítica del problema también exige una lectura más rigurosa. No basta con preguntarse si el crimen organizado está sirviendo como pretexto para ampliar la influencia estadounidense en la región. Esa formulación presupone que la expansión de dicha influencia sería una consecuencia secundaria de amenazas preexistentes. La cuestión es más compleja.

Iniciativas como el llamado “Escudo de las Américas” deben entenderse dentro de una reconfiguración continental de los dispositivos de seguridad. Todo esto va mucho más lejos que una reedición de las estrategias contrainsurgentes de la Guerra Fría o una repetición mecánica de la guerra contra las drogas. Lo que observamos es la construcción de una arquitectura regional adaptada a nuevas formas de acumulación, nuevas tecnologías de control y nuevas dinámicas de competencia geopolítica. Sin olvidar, en ningún momento, el rostro severo del neofascismo que le da su impronta a mucho de lo que está ocurriendo.

La Doctrina Donroe ofrece una clave importante para interpretar este proceso. Su objetivo excede con mucho la idea de contener amenazas criminales. Más ambiciosamente, busca asegurar corredores estratégicos, recursos críticos, infraestructuras logísticas y espacios de influencia – como lo es la Internacional Derechista – frente a un escenario internacional cada vez más disputado. Es parte de un proyecto que busca una nueva racionalidad imperial para el siglo XXI – la Pax Silica. La seguridad funciona, en ese contexto, como principio organizador de un proyecto político más amplio.

Por ello, los debates centrados exclusivamente en los riesgos de militarización resultan insuficientes. El problema fundamental no es que Washington aumente su presencia regional después de haber pasado décadas promoviendo la democracia y la globalización neoliberal. El problema reside en la consolidación de un paradigma político que redefine la relación entre democracia y coerción. Un paradigma donde el estado de excepción tiende a convertirse en normalidad, donde la protección frente al peligro desplaza progresivamente las aspiraciones de transformación social y donde la guerra se declara en función de la paz.

Las experiencias recientes de Honduras, Chile, Bolivia, Colombia y Perú muestran precisamente las dificultades de consolidar o articular proyectos refundacionales sin una reforma moral e intelectual capaz de arrebatar y reorganizar el sentido común de la sociedad. Cuando esos proyectos encuentran sus límites, el terreno queda abierto para que la seguridad y la restauración autoritaria ocupen el lugar anteriormente reservado a las promesas de democratización, igualdad o participación popular. La verdadera pregunta de nuestro tiempo no es, pues, cómo equilibrar seguridad y democracia. Tampoco cómo hacer más eficientes las instituciones existentes. La pregunta consiste en identificar qué forma histórica de poder está emergiendo bajo el lenguaje de la seguridad y cuáles son las posibilidades de ensamblar alternativas capaces de disputar ese horizonte antes de que se convierta en el nuevo sentido común de la época.