Después de un año y tres meses en prisión preventiva, Luis Pacheco y Héctor Chaclán obtuvieron una medida sustitutiva. El juez Mynor Moto les concedió arresto domiciliario, pero impuso a cada uno una caución de Q160 mil, además de arraigo y otras restricciones. Una suma a todas luces muy alta para sus posibilidades, la cual fue recolectada rápidamente por la solidaridad de muchas personas y sectores. La misma ciudadanía que acompañó los 106 días de resistencia terminó haciendo una colecta de Q320 mil para devolver la libertad a dos de las autoridades que encabezaron aquella movilización. No han sido absueltos: seguirán procesados por terrorismo, asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

La medida sustitutiva es una buena noticia, pero no puede borrar lo ocurrido. Pacheco y Chaclán pasaron 15 meses encarcelados antes de que el sistema permitiera que continuaran el proceso en sus casas. Luego condicionó su salida al pago de una cantidad exagerada. En Guatemala, hasta la libertad puede convertirse en una sanción económica: primero se encarcela, después se retrasa el proceso y finalmente se cobra por abandonar la prisión. La solidaridad logró reunir el dinero, pero eso no vuelve razonable la caución ni repara el tiempo perdido.

Pacheco y Chaclán no pusieron bombas, no incendiaron edificios ni atacaron a la población. Como autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, participaron en las movilizaciones de 2023 en defensa del resultado electoral. Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia porque considera que fueron encarcelados únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos y representar a sus comunidades.

El delito de terrorismo no fue creado para proteger de la protesta a una exfiscal repudiada nacional e internacionalmente. El artículo 391 del Código Penal exige actos de violencia contra la vida, la integridad, la propiedad o la infraestructura, ejecutados con la finalidad de alterar el orden constitucional, afectar el orden público o coaccionar a una entidad estatal. No basta con organizarse, manifestarse o interrumpir temporalmente la circulación. Se trata de una figura excepcional para hechos de extrema gravedad, no de una etiqueta disponible para castigar a quienes incomodan al poder.

La ironía resulta brutal porque Pacheco, Chaclán y los miles de ciudadanos que participaron en los 106 días no buscaban quebrar el Estado de derecho. Se movilizaron precisamente contra quienes sí estaban poniendo en riesgo el orden constitucional. La OEA afirmó que las actuaciones de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Fredy Orellana atentaban contra la integridad del proceso electoral y sus resultados. También calificó los intentos del Ministerio Público por subvertir la voluntad expresada en las urnas como una grave violación de los principios democráticos.

La CIDH fue todavía más clara: advirtió sobre una inminente ruptura del orden constitucional provocada por el abuso de poder y la instrumentalización de la función penal para invalidar los resultados e impedir la toma de posesión de las autoridades electas. Mientras esos señalamientos recorrían el mundo, las autoridades indígenas sostenían una protesta para evitar que la ofensiva tuviera éxito. Ahora, quienes se opusieron al intento de torcer las elecciones aparecen como terroristas, mientras quienes lo impulsaron continúan presentándose como defensores de la legalidad.

La acusación de asociación ilícita completa la operación. Organizar reuniones, coordinar una movilización y ejercer una autoridad comunitaria pueden ser reinterpretados como indicios de una estructura criminal. El mensaje rebasa a Pacheco y Chaclán: organizarse puede convertirse en asociación ilícita; protestar, en terrorismo; defender el voto, en una razón para pasar más de un año encarcelado. No se busca únicamente una condena. Se busca que la próxima autoridad indígena, dirigente estudiantil o ciudadano piense primero en Mariscal Zavala antes de convocar una protesta.

El contraste con Rafael Curruchiche desnuda el funcionamiento del engranaje del estado paralelo de la gobernanza mafiosa. Cuando una jueza autorizó un allanamiento y ordenó citarlo a primera declaración dentro de una investigación en su contra, el expediente terminó en manos de Fredy Orellana, quien dejó sin efecto ambas diligencias. Formalmente puede hablarse de asignación judicial; políticamente cuesta seguir creyendo en coincidencias cuando el mismo juez aparece una y otra vez en los casos que han favorecido la ofensiva de Curruchiche contra el proceso electoral.

No son dos velocidades de la justicia, porque llamar justicia a este mecanismo paralelo mafioso sería concederle demasiado. Es un sistema capturado que acelera cuando necesita proteger a sus operadores y se detiene cuando quiere castigar a quienes los enfrentaron. Para unos, resoluciones oportunas y diligencias revocadas. Para otros, cambios de juzgado, audiencias aplazadas, prisión prolongada y una fianza que solo pudo pagarse gracias a la solidaridad pública.

La Universidad de San Carlos aporta otra pieza del mismo patrón. Alrededor de 50 estudiantes, muchos de ellos opositores a Walter Mazariegos, descubrieron que sus expedientes ya no aparecían en el sistema, aunque habían cursado normalmente durante 2024, 2025 e incluso parte de 2026. La desaparición de un registro académico puede impedir continuar los estudios, graduarse, obtener una beca o demostrar años de formación. No hace falta una celda para castigar la disidencia; algunas veces basta con alterar impunemente una base de datos.

Pacheco y Chaclán se opusieron a quienes sí pusieron en peligro el Estado de derecho. Por hacerlo fueron encarcelados, acusados de terrorismo y obligados a reunir Q320 mil para recuperar su libertad. Terrorismo no fue defender el voto. Terrorismo es la acción del poder paralelo que utilizó la ley para intentar arrebatarnos una elección y ahora la utiliza para intentar disuadir que se vuelva a defender.