Con la entrada en escena de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público y de Rafael Curruchiche en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), los corruptos han encontrado un nuevo terreno para sus artimañas en los pasillos de la Torre de Tribunales.

Ya no hay más temporadas de entrar con la cabeza gacha, de escapar a Italia o de esconderse en apartamentos en Florencia. Ahora, desfilan ante las juezas con un descaro que raya en la insolencia, seguros de que sus actos quedarán impunes.

A su lado, sus abogados, esas marionetas sonrientes, los acompañan con una mueca de satisfacción. ¿La razón? No es por confiar en la justicia, ni mucho menos. Lo hacen porque saben que tanto fiscales como jueces están, cómo decirlo, «cuadrados».

Los fiscales, con voz titubeante pero obediente, saben que deben seguir las órdenes de sus superiores. Temen cualquier desliz que arruine el espectáculo, pero también saben que su papel es representar el peor trabajo posible, lo más mediocre, para no darle a la jueza motivos suficientes para enviar a juicio al corrupto.

La jueza, por su lado, intenta dar la impresión de serenidad, de imparcialidad, de que cada decisión se basa en el riguroso cumplimiento de la ley. Pero, en realidad, la decisión ya está tomada de antemano y todas las partes saben que a pesar de la abundante evidencia decidirá liberar al corrupto y castigar a quien se haya atrevido a acusarlo.

Las instrucciones emanadas de la máxima autoridad del Ministerio Público son claras y contundentes: proteger a los delincuentes y perseguir a aquellos que desafíen el régimen de impunidad establecido. En este sentido, se dispone a recibir en su despacho a las fundaciones de terroristas, cuya labor es informar a los «carteles del crimen» sobre el avance satisfactorio de los planes establecidos.

Mientras tanto, el corrupto regresa a su mansión ostentosa, adquirida con el fruto del dinero del pueblo, riendo a carcajadas y burlándose del sistema.

El sistema de justicia sale derrotado una vez más, la población se siente engañada, y continúa luchando por sobrevivir en un país donde la impunidad campea a sus anchas. Aquellos valientes operadores de justicia que se atrevieron a enfrentarlos buscan nuevas salidas para reinventarse y seguir adelante.

David Gaitán es abogado comprometido con la defensa de los Derechos Humanos, enfocado en promover la justicia por encima de la mera aplicación del Derecho.