Resulta curioso que últimamente en Guatemala se hable tanto de libertad, propiedad, orden, civilización cristiana, límites al poder y defensa de la empresa privada, pero con bastante menos insistencia del aprovechamiento privado del poder público y de la manipulación de la justicia dentro de esas mismas tradiciones. Como si ciertas faltas dejaran de ser faltas cuando ayudan a contener al adversario correcto. Como si el uso del poder público para favorecer intereses particulares o la manipulación de la justicia no se juzgaran por lo que son, sino por la bandera bajo la cual se cometen.

La columna anterior sostenía que sin justicia confiable y sin integridad en la gestión pública, la libertad económica termina pareciéndose a una vitrina sin cimientos. Los bajos puntajes de Guatemala en efectividad judicial e integridad del gobierno dentro del Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation actúan justamente así: como un lastre que neutraliza muchas de las fortalezas económicas del país. Sin embargo, quien observa con escepticismo los discursos a favor de la propiedad privada, la libertad de empresa y los límites al poder, termina haciéndose una pregunta incómoda: ¿De verdad existe, en alguna de esas tradiciones que tanto se citan, una licencia para tolerar el uso del poder público en beneficio propio o para torcer la justicia cuando ambas cosas se invocan como defensa de sus principios fundamentales?

La duda no nace de ninguna erudición especial, sino de una curiosidad elemental: la sospecha de que, si el reciente silencio de muchos defensores del liberalismo, conservadurismo, neoconservadurismo y teoconservadurismo frente a estas desviaciones es tan marcado, quizá en algún rincón de esas corrientes exista algún tipo de justificación para ello. Sin embargo, una revisión apenas básica, sin pretensiones de especialista, sugiere más bien lo contrario: una y otra vez, esas tradiciones parecen condenar precisamente aquello que acá estratégicamente se sobresee desde hace ya algún tiempo.

Russell Kirk, uno de los conservadores estadounidenses más influyentes del siglo XX, enfatiza que la decadencia moral “primero obstaculiza y luego estrangula al gobierno honesto, al comercio regular, y hasta la capacidad de disfrutar genuinamente de los bienes de este mundo”. Para Kirk, cuando el soborno reemplaza a la honestidad en el servicio público, el orden mismo se desmorona. La corrupción no protege la propiedad; la vuelve arbitraria y frágil. Edmund Burke, referente clásico del conservadurismo, dedicó años a procesar a un alto funcionario británico por corrupción sistemática en la administración colonial. Lo acusó en nombre de “las leyes eternas de la justicia que él ha violado… y en nombre de la naturaleza humana misma, que él ha cruelmente ultrajado”. Burke no veía la corrupción como un atajo pragmático para el comercio; la veía como su ruina y la del carácter nacional. Tolerarla equivaldría a traicionar la Constitución misma.

En la línea neoconservadora, Irving Kristol recordaba algo elemental que los Fundadores estadounidenses sabían bien: ‘Es posible corromper a una ciudadanía, o que una ciudadanía se corrompa a sí misma’. Las instituciones que se vuelven serviles ante intereses particulares o presiones populares terminan destruyendo la virtud republicana que hace posible cualquier economía decente. Kristol insistía en que la corrupción no es un detalle técnico; es un olvido de los límites morales que sostienen la república.

Algo parecido aparece, desde otro registro, en la tradición cristiana que también suele acompañar buena parte de este discurso. Desde la perspectiva católica, Michael Novak —un pensador que defendió con fuerza el capitalismo democrático— insistía en que este sistema solo es legítimo si se ancla en una cultura de integridad y virtud cívica. Novak subrayaba que las virtudes requeridas por una democracia viva exigen ‘esfuerzo personal significativo y apoyo institucional’, entre ellas la civilidad, la responsabilidad y la lealtad a la oposición leal. Incluso en tradiciones conservadoras evangélicas y protestantes resuena la misma preocupación.  La Biblia advierte repetidamente contra la parcialidad judicial y el soborno: “No pervertirás la justicia; no harás acepción de personas, ni tomarás cohecho; porque el cohecho ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos” (Deuteronomio 16:19).

No hace falta haber leído la obra completa de ninguno de ellos para advertir el sentido general de lo que dicen. Basta asomarse un poco para notar que no están justificando la trampa en nombre de la civilización, ni el soborno en nombre de la libertad, ni la justicia selectiva en nombre del orden. Más bien advierten que cuando el poder se usa de esa manera, lo que se pudre no es un detalle secundario del sistema, sino su base moral e institucional. La propiedad deja entonces de descansar sobre reglas impersonales y empieza a depender de favores, conexiones, miedos y blindajes. Es decir: deja de ser plenamente propiedad y empieza a parecerse demasiado al privilegio.

Lo más llamativo de todo es que una revisión modesta, casi de sentido común, no encuentra en esas tradiciones un permiso para relativizar la manipulación de la justicia ni el uso del poder público para favorecer intereses particulares, sino más bien argumentos para verlos como veneno. Veneno para el orden que se dice defender. Veneno para la propiedad que se dice resguardar. Veneno para la libertad que se dice exaltar. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha vuelto frecuente citar tradiciones que hablan de límites al poder mientras pierde fuerza la denuncia cuando el abuso del poder se vuelve contra los adversarios, reparte favores o protege a los propios. Como si el problema no fuera la transgresión de los principios, sino quién los transgrede. Como si la decadencia institucional dejara de ser decadencia cuando sirve a una causa considerada superior.

Por eso, mejorar la efectividad judicial y la integridad del gobierno no debería verse como una agenda sospechosa, ni como concesión al estatismo, ni como capricho moralista. Es la condición mínima para que la libertad económica deje de ser un buen puntaje en papel y se convierta en algo más parecido a prosperidad real. En un país donde con frecuencia se confunden principios con alineamientos tribales, convendría recordar algo elemental: no se defiende una sociedad libre aceptando que la ley se tuerza, aunque sea por razones que se consideran correctas. Se la pierde precisamente así.