Lo ocurrido con Xochi debería preocupar a cualquiera que entienda la urgencia de construir infraestructura en Guatemala. Una carretera privada, pensada para aliviar uno de los tramos más congestionados del suroccidente, terminó convertida en noticia no por su apertura, sino por la colocación de rótulos municipales que anunciaban la cancelación de la obra. La empresa afirma haber cumplido con los procedimientos, solicitado prórrogas y presentado acciones legales. La Municipalidad sostiene que existen problemas con la licencia, con la seguridad vial y con diferencias entre lo autorizado y lo construido. Xochi no es una anomalía. Es un síntoma.

Ante este tipo de situaciones resulta casi obligado invocar la certeza jurídica, el respeto a la propiedad, la libre empresa y el Estado de Derecho. Todo eso importa. Todo eso es cierto. Pero quedarse allí es insuficiente. La realidad guatemalteca es más dura, más incómoda y más desordenada de lo que suele advertirse desde la distancia. El problema no es únicamente que una municipalidad pueda detener una inversión. El problema es que, en Guatemala, los grandes proyectos que cruzan u ocupan territorios relevantes deben sobrevivir dentro de una estructura de poder fragmentada, donde demasiados actores pueden bloquear, condicionar, retrasar o encarecer una obra, mientras casi nadie tiene la capacidad efectiva de coordinar las condiciones necesarias para hacerla viable.

Lo de Xochi duele, pero no debería sorprender. Casos como Cementos Progreso en San Gabriel, TRECSA con la expansión de la transmisión eléctrica, varias hidroeléctricas y algunas plantaciones agroindustriales muestran, con diferencias importantes entre sí, una misma realidad de fondo: proyectos concebidos con inversión, estudios, licencias y aprobaciones nacionales terminan descubriendo que la prueba decisiva no estaba en el escritorio de alguien en la Ciudad de Guatemala, sino en el territorio.

A esto la teoría económica e institucional le llama tragedia de los anticomunes. En el caso opuesto, la tragedia de los comunes, un recurso se sobreutiliza porque todos pueden usarlo y nadie puede excluir a los demás. Cada quien intenta extraer el máximo beneficio posible hasta sobreexplotarlo. En la tragedia de los anticomunes ocurre lo contrario: un recurso valioso queda subutilizado porque demasiados actores tienen capacidad de impedir su uso. No se destruye valor por exceso de uso, sino por exceso de bloqueo. El activo existe, la inversión está hecha, el beneficio potencial colectivo es claro, pero la obra queda inmovilizada porque demasiadas manos tienen alguna llave para cerrar alguna puerta.

Ese concepto describe con precisión brutal lo que ocurre con muchas inversiones en el territorio: dependen de ensamblar un rompecabezas institucional en el que cada actor puede llegar a tener poder de veto. La paradoja es que muchos de esos poderes son legítimos en su origen. La autonomía municipal no es una ficción. Las comunidades tienen derecho a ser escuchadas. La consulta previa existe por razones históricas atendibles. La protección ambiental es necesaria. La seguridad vial no puede ignorarse. El problema aparece cuando todos esos derechos, competencias y controles operan sin coordinación, sin tiempos claros, sin rectoría técnica, sin presencia estatal creíble y sin mecanismos capaces de distinguir entre participación legítima y veto oportunista. Allí la autonomía se convierte en feudalización; la consulta en arma de bloqueo; las licencias en instrumentos de negociación; los expedientes en campos de batalla; y la geografía en peaje.

El problema rebasa la crítica usual sobre la poca capacidad de ejecución del Estado nacional: se trata de un reto histórico en el que el Estado ha sido incapaz de imponerse, coordinar y ordenar el poder real que opera en el territorio. Mientras Guatemala no construya por sí sola esa capacidad, no debería sorprender que los proyectos más complejos busquen algún tipo de anclaje institucional externo, técnico y creíble, capaz de reducir el riesgo de quedar atrapados entre vetos locales, capturas institucionales y poderes territoriales que se sienten con derecho a decidir quién entra, quién construye y quién opera.

Xochi parece decir: hicimos lo que una inversión moderna debía hacer. La realidad territorial responde: eso no garantiza poder operar. En esa brecha está el verdadero problema del país. Guatemala puede atraer capital, estudios, financiamiento y empresarios dispuestos a asumir riesgos; pero mientras no pueda convertir el cumplimiento formal en viabilidad territorial, cada gran inversión seguirá dependiendo no solo de sus méritos, sino de su capacidad para sobrevivir al laberinto de vetos, cacicazgos, licencias, consultas y poderes fragmentados que todavía deciden, en demasiados lugares, si el futuro puede pasar o no.