En estos tiempos que vivimos es difícil hablar bien de un abogado y notario, pues su  figura profesional ha venido a menos por diversas circunstancias en las últimas décadas. Entre otras por la abundancia, pues hay más de 40 mil titulados, sobre todo egresados de las universidades sin control de calidad, pero que han sido autorizadas por un esquema oscuro centrado en la universidad pública, cuando comenzó a ser ocupada por intereses espurios y que ahora la copa por completo el sistema.

Casi todas han sido creadas para disponer de una facultad de Derecho, porque sus decanos pueden participar en las comisiones de postulación para elegir a buen número de magistrados de las cortes y candidatos para que dirijan el Ministerio Público. Pero también sus rectores. Para escoger a jueces provenientes de esas facultades sus egresados sin mayor futuro aceptan los compromisos con los magistrados que los escogen para ser jueces a cambio de estar en esa alianza oscura. Y si lo rechazan, perderán la oportunidad de tener un empleo. Y como no hay carrera judicial, pues aceptan el trato, ajenos a impartir justicia, sino a recibir órdenes.

Este oscuro proceder comenzó a partir de 1995 en la segunda generación de universidades privadas (luego que se crearon las universidades Landívar, Mariano Gálvez y Francisco Marroquín) por medio de la Ley de Universidades Privadas (Decreto 82-87) y el amparo definitivo del Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS). Estas nuevas instituciones nacieron para atender mercados específicos: Universidad Rural, Mesoamericana, San Pablo, InterNaciones, de Occidente, Da Vinci, Universidad Regional, Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana.

No he visto ningún abogado y notario egresado de ellas con relevante cartel académico como los había en las generaciones anteriores bien preparados que superaron pruebas políticas en defensa de la democracia como la prestigiosa Corte de Constitucionalidad que consideró ilegal el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías, en días en que fue asesinado su presidente Epaminondas González Dubón, y esa postura la mantuvo Rodolfo Rohrmoser de manera valiente como miembro de la Corte de Constitucionalidad, que declaró inconstitucionales y violatorios de la Constitución los actos con los que el presidente Jorge Serrano Elías pretendía disolver los poderes del Estado y suspender las garantías.

Además, la CC exigió al Ejército que acatara el fallo que restituye el orden jurídico y ordenó su publicación oficial. E invalidó los intentos del Ejecutivo de mantenerse en la legalidad mediante poderes absolutos, sirviendo de base para que la sociedad civil, sectores empresariales, el Tribunal Supremo Electoral y la comunidad internacional desconocieron al régimen de facto. Tras la caída de Serrano el 1 de junio de 1993, la CC también emitió resoluciones clave, como determinar que el vicepresidente Gustavo Espina no podía asumir la presidencia por haber participado en la ruptura del orden constitucional.

Sin embargo, desde hace más de una década la CC se ha ido desprestigiando cada año más por el dinero que corrompe a sus magistrados. Me consta porque declaró  improcedentes de entrada los recursos de inconstitucionalidad en contra de la consulta popular de 2018 sobre el tema de Belice: uno que yo presenté y otro de Lionel Toriello para aprobar o no a la futura negociación que ambos gobiernos decidieron sobre el diferendo de Belice.

La consulta popular se realizó el 15 de abril de 2018 donde se preguntaba a los guatemaltecos si estaban de acuerdo en que Guatemala permitiera a la Corte Internacional de Justicia resolver en definitiva el diferendo territorial, como parte de un compromiso suscrito en diciembre de 2008 entre Guatemala y Belice. Todo ello era inconstitucional pues al respecto la Constitución es muy clara: El presidente y su gobierno pueden negociar y buscar una solución al diferendo según el interés nacional. Todo acuerdo final sobre el territorio debe validarse mediante votación de los ciudadanos guatemaltecos.

O sea, primero debía negociarse con Belice un acuerdo de límites claro y que este acuerdo fuera ratificado por la población votando. Pero se hizo al revés: se dejó en libertad al Ejecutivo para que negociara un acuerdo de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia sin tener siquiera una idea de lo que la misma resolvería en definitiva. Toriello, por su parte, presentó el recurso de inconstitucionalidad, argumentando abuso de autoridad por parte de los negociadores que actuaron de forma unilateral y a espaldas de la ciudadanía. Los dos recursos fueron rechazados in limine por la CC .

Un magistrado a quien pedí explicación por mi caso me expresó que “corrió mucho dinero”, pues había un canciller que deseaba ser impulsado por esa consulta popular para ser candidato vicepresidencial de una señora. Como lo fue, pero sin resultado. Así, la CC se fue debilitando y perdiendo legitimidad por la cooptación de las instituciones de justicia por parte de redes de poder e impunidad.

El proceso para designar a los magistrados del período 2021-2026 estuvo marcado por fuertes críticas de la sociedad civil y la comunidad internacional debido a anomalías, falta de transparencia y presiones para bloquear a jueces independientes (como el caso de la magistrada electa Gloria Porras). Diversos sectores sociales y organizaciones expresaron que la corte respondía a intereses de grupos políticos y económicos tradicionales —el «pacto de corruptos»— para asegurar decisiones favorables a la impunidad y neutralizar controles constitucionales. Todo ello, luego que la CICIG fue cancelada.

Hay distorsión de las funciones del tribunal mediante el uso abusivo de acciones de amparo para bloquear decisiones judiciales o administrativas incómodas para las élites políticas y económicas, o para dirimir disputas que deberían resolverse en la arena política. Dicho alto tribunal ha convalidado o evitado frenar acciones de otros poderes del Estado y del Ministerio Público dirigidas a socavar el Estado de Derecho y criminalizar a operadores de justicia independiente. El ejemplo más claro ha sido proteger al ilegal rector de la USAC.

En fin, todo el aparato de justicia ha dejado de funcionar y la justicia es una utopía en este país. Ojalá hubiesen magistrados de la talla del eximio e ilustre Rodolfo Rohrmoser que, sin embargo, es una fuente de luz para todos los jóvenes abogados para que sean valientes y no acepten coimas ni condicionamientos  del “pacto de corruptos”, que lastimosamente cuenta con la aprobación de la “embajada”.

Saludos a mi ilustre maestro Rodolfo Rohrmoser, el siempre bien ponderado jurista democrático y activo miembro del Frente Amplio, cuyo ejemplo de acción vamos a seguir.