El próximo año los guatemaltecos nos enfrentamos a una decisión crucial. Elegir un gobierno teniendo a la vista la necesidad de recuperar el control del Estado. Ese Estado que desde Roxana Baldetti con el apoyo de Otto Pérez Molina empezó a diseñarse para robarse descaradamente los recursos públicos. Esa maquinaria fue fortalecida y aceitada por Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.  Doce años donde sistemáticamente fueron seleccionados para formar parte de la administración pública personas leales a los gobernantes y cuya tarea era robar y robar desde cualquier puesto que tocara fondos públicos. El problema es que esas redes no desaparecen cuando cambia el presidente. Permanecen en los juzgados, las cortes, el Congreso, las municipalidades, la Contraloría, la Universidad de San Carlos y en una burocracia que aprendió durante años que el presupuesto público podía administrarse como botín. Desmontar ese Estado capturado puede tomar una generación. Guatemala lleva apenas dos años intentando recuperar instituciones que fueron infiltradas, debilitadas o puestas al servicio de redes político-económicas durante más de una década.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, las investigaciones de la CICIG mostraron algo mucho más grave que funcionarios cobrando sobornos: revelaron una estructura organizada para financiar campañas, colocar operadores, adjudicar contratos y apropiarse sistemáticamente de recursos públicos. El caso Cooptación del Estado mostró cómo ministerios completos podían convertirse en espacios de recaudación ilícita y cómo las decisiones sobre obra pública, compras o nombramientos se integraban a una lógica de enriquecimiento y control político.

La caída de Pérez Molina en 2015 pudo haber abierto otro camino. No ocurrió. Jimmy Morales terminó expulsando a la CICIG y la coalición que se sintió amenazada por las investigaciones inició una contraofensiva para asegurarse el control del sistema de justicia. Con Alejandro Giammattei ese proceso se profundizó: el Ministerio Público de Consuelo Porras, determinadas cortes y otros espacios institucionales se convirtieron en instrumentos para bloquear investigaciones y perseguir a quienes habían enfrentado la corrupción. Lo que comenzó como redes para apropiarse de los recursos del Estado y conservar privilegios económicos, terminó convirtiéndose también en una arquitectura de autoprotección e impunidad.

Por eso sería ingenuo pensar que la elección de Bernardo Arévalo podía desmontar todo aquello en cuatro años. Este gobierno puede y debe ser criticado por sus errores, por la lentitud con que ejecuta, por decisiones que no han satisfecho las expectativas y por resultados que todavía no llegan a buena parte de la población. Pero existe una diferencia fundamental que el desencanto no debería borrar: una cosa es un gobierno que no consigue transformar con suficiente rapidez la institucionalidad y otra muy distinta un gobierno que diseña esa institucionalidad para saquearla.

El cambio en el Ministerio Público permite observar la dimensión del problema. Gabriel García Luna sustituyó este año a Consuelo Porras y ha empezado a modificar una institución que durante ocho años estuvo sometida a enormes cuestionamientos por su actuación contra fiscales independientes, periodistas, dirigentes sociales y opositores. Pero sustituir al fiscal general no cambia automáticamente a jueces, magistrados y operadores distribuidos en el resto del sistema. Las redes sobreviven precisamente porque fueron diseñadas para hacerlo.

Si tomó más de doce años construir y consolidar esa captura, probablemente necesitaremos un periodo semejante de gobiernos que caminen en la dirección contraria. No tienen que pertenecer al mismo partido ni compartir una ideología. Lo que necesitan compartir es algo mucho más elemental: la decisión de no utilizar el Estado para robar, garantizar independencia a las instituciones, profesionalizar el servicio público y dirigir los recursos hacia educación, salud, seguridad, infraestructura y las demandas que la ciudadanía lleva décadas esperando.

Eso significa al menos otros dos gobiernos después del actual. Doce años en los que cada administración entregue a la siguiente un Estado un poco menos capturado que el que recibió. Parece muchísimo tiempo, pero destruir capacidades institucionales es mucho más fácil que reconstruirlas. Colocar un operador toma una firma; formar funcionarios profesionales, recuperar controles, investigar redes y restaurar confianza lleva años.

Por eso inquieta tanto observar el panorama que empieza a dibujarse para 2027. Aunque todavía no existe campaña oficialmente convocada, Sandra Torres, Roberto Arzú, Carlos Pineda y Neto Bran se encuentran entre los nombres que ya organizan estructuras y alianzas. Una investigación reciente de La Hora ha comenzado a reconstruir los operadores, financistas, figuras sancionadas y personajes bajo sospecha que orbitan alrededor de varios de esos proyectos. A ellos se suman otros nombres conocidos como Zury Ríos, Edmond Mulet y Armando Castillo en una oferta electoral que, por ahora, parece ofrecer más reciclaje que renovación.

El problema no es simplemente que muchos sean viejos conocidos. El problema son las redes que pueden regresar con ellos. Si en 2027 llega al Ejecutivo un proyecto comprometido nuevamente con la lógica de captura, no tendrá que empezar desde cero. Encontrará operadores que sobrevivieron, instituciones que nunca terminaron de recuperarse y circuitos políticos todavía disponibles para volver a conectar la maquinaria.

De allí que la próxima elección sea mucho más importante de lo que parece. No estamos buscando al candidato perfecto ni obligados a convertir al gobierno actual en algo que no es. Estamos decidiendo si Guatemala puede acumular suficiente tiempo político para recuperar su institucionalidad o si volveremos a entregar el Ejecutivo a quienes conciben el Estado como una oportunidad de negocio. Reconstruir el Estado puede llevar doce años. Para volver a capturarlo puede bastar una sola elección.