El término lawfare se refiere a una estrategia política que utiliza la ley como arma contra adversarios incómodos. En América Latina el término se ha vuelto común en la última década, pero en Guatemala esta práctica nacida en Estados Unidos tuvo como una de sus primeras víctimas a Jacobo Árbenz. Del lawfare que se utilizó para justificar el derrocamiento de Árbenz en 1954, al uso del sistema judicial durante la gestión de Consuelo Porras, el país ha vivido distintas versiones de un mismo fenómeno: utilizar la ley para resolver diferencias ideológicas y políticas y/o simplemente, mantener privilegios de un grupo determinado.

El caso de Árbenz suele recordarse como un episodio de intervención militar en el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, aquel proceso también incluyó una operación jurídica cuidadosamente construida. Las reformas impulsadas por el gobierno fueron presentadas como una amenaza al orden constitucional y la reforma agraria fue convertida en prueba de una supuesta conspiración comunista. El derrocamiento del gobierno terminó siendo presentado como una defensa de la legalidad. La operación combinó propaganda, presión internacional y manipulación institucional para transformar una disputa política y económica, en una supuesta batalla jurídica. La ley empezó a usarse no para impartir justicia, sino para legitimar decisiones intencionadas del poder político-económico.

Durante décadas Guatemala creyó que aquel episodio pertenecía al pasado. El uso de la ley como arma política no desapareció; cambió de forma y se insertó como mecanismo para que las élites económicas -y otros actores como el crimen organizado- salvaguardaran sus intereses. Ya no se necesitaban tanques ni invasiones para neutralizar adversarios. Bastaba con fiscales dispuestos a abrir expedientes, jueces que validaran procedimientos dudosos y una narrativa jurídica capaz de presentar decisiones políticas como si fueran acciones estrictamente legales. El lawfare funciona precisamente así: convierte los tribunales en el escenario de disputas cuyo objetivo es el de proteger privilegios e intereses de quienes controlan el poder económico y político y de políticos que quieren impunidad para blindar sus actos de corrupción.

Setenta años después de Árbenz, Guatemala volvió a ver el mismo mecanismo con otro rostro. Bajo la dirección de Consuelo Porras, el Ministerio Público impulsó una serie de acciones judiciales contra periodistas, fiscales anticorrupción, operadores de justicia y actores políticos que cuestionaban el sistema de poder construido durante la última década. La persecución judicial se convirtió en una estrategia sistemática que buscaba desgastar adversarios, expulsar voces incómodas y enviar un mensaje claro a quienes intentaran desafiar las estructuras de poder existentes. La ley dejó de ser un instrumento de justicia para convertirse en un instrumento de control político.

Ese patrón alcanzó su momento más visible durante el proceso electoral de 2023. Las acciones del Ministerio Público contra el partido Semilla y contra el propio proceso electoral evidenciaron hasta qué punto se estaba intentando alterar la voluntad popular mediante procedimientos judiciales. Cuando no fue posible impedir el resultado de las urnas, se intentó cuestionar la legitimidad del proceso utilizando expedientes penales, órdenes judiciales y resoluciones administrativas. Era una versión contemporánea de un mecanismo que Guatemala ya había conocido: utilizar la ley para deslegitimar decisiones políticas que no convenían a determinados intereses.

Durante los últimos meses se movieron influencias, se activaron redes políticas y se intentó construir la idea de que la continuidad de Consuelo Porras era necesaria para garantizar la estabilidad institucional. Sin embargo, después de años de cuestionamientos nacionales e internacionales, sanciones externas y un desgaste evidente en la credibilidad del Ministerio Público, su nombre finalmente no apareció entre las opciones finales. Lo cual no quiere decir que la gobernanza mafiosa no haya colocado a sustitutos prestos a seguir con las actuales prácticas del MP.

Durante demasiado tiempo Guatemala ha vivido bajo una dinámica en la que las instituciones legales pueden ser utilizadas como instrumentos de poder por grupos que buscan preservar sus privilegios sin oposición. Lo vimos en 1954, cuando la ley se invocó para justificar la eliminación de un proyecto reformista, y lo vimos nuevamente cuando el sistema judicial fue utilizado para intentar alterar un proceso electoral democrático.

La diferencia es que hoy ese mecanismo resulta mucho más visible. La movilización ciudadana, el papel de los pueblos indígenas, la presión de distintos sectores sociales y el escrutinio internacional han hecho más difícil que estas estrategias operen en silencio. El lawfare pierde eficacia cuando la sociedad empieza a reconocerlo y alza la voz para denunciar y exigir a las instituciones que cumplan su función.

Setenta años después de Árbenz, Guatemala vuelve a enfrentarse al mismo dilema: si la ley seguirá siendo utilizada para proteger intereses de la gobernanza mafiosa, o si la sociedad logrará impedir que la justicia vuelva a convertirse en un arma contra la democracia. La clave: la actuación del nuevo o nueva Fiscal General.