A menudo me pregunto: ¿Cuál es el destino de nuestros impuestos?, una de las instituciones que mejor realiza su trabajo en el Estado es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), es impecable el esfuerzo empeñado en la recaudación de fondos para el Estado, son pocas las personas o empresas que suelen evadir impuestos,  mientras que la mayoría de ciudadanos debemos de forma involuntaria alimentar al sistema que nos limita, restringe y sobre todo no garantiza nuestros derechos básicos.

El inmenso esfuerzo que invertimos en sostener al Estado solo parece servir para que los funcionarios públicos se beneficien, es una total contradicción que a quienes debemos ser beneficiados, en realidad seamos los más afectados, cuánta razón tiene el filósofo Thomas Hobes al definir como; el Leviatán al “Estado”, siendo un monstruo invencible pero que nosotros mismos construimos, lo alimentamos mientras cedemos parte de nuestra libertad y nos destruye lentamente.  

El caso B410 es solo uno de muchos ejemplos que demuestran la cruda realidad de Guatemala, la corrupción. Bastarían varias páginas para mencionar cada uno de los casos vigentes en el país, incluso es posible escribir un libro entero, peor aún, la cifra aumenta si se trata de casos no resueltos.

Ante esta grave situación debemos realizar una autorreflexión. Somos utilizados para sostener a personajes que no merecen percibir un solo centavo del erario público, aun así debemos costear salarios a costa del esfuerzo del pueblo. Irónicamente quienes ocupan puestos clave en el congreso, ministerios, cortes y municipalidades son los menos competentes en aspectos profesionales y muchos menos en cuestiones morales o de ética. 

Teniendo un sistema que recauda tributos a la perfección la ciudadanía padece de servicios básicos deficientes: salud, educación, transporte e inseguridad, no son una gran exigencia cuando el ciudadano cumple con sus obligaciones pero quienes dirigen el Estado no tienen voluntad política, ni mucho menos vocación por servir. En Guate todos los días luchamos por sobrevivir, ¿Cómo puede ser posible eso?

Exigir servicios públicos dignos es una demanda legítima, que corresponde a la cantidad de fondos que percibe el Estado. Es una gran incoherencia que a tantos años de la supuesta fundación de la Republica aún sigamos en busca del desarrollo económico, social y cultural.

El pueblo guatemalteco no merece más promesas, ante tantas necesidades es imperativo recordarles a los funcionarios públicos que su razón de ser es la población. Es hora de construir un sistema de salud robusto, abrir más centros de educación pública en todos los niveles, pero sobre todo, salvaguardar la vida de la ciudadanía. Además de administrar de forma correcta los fondos otorgados, la aprobación del Presupuesto Nacional para el 2026, es una forma en que podremos corroborar cuales son las intenciones de los diputados y diputadas.