La historia de Eduardo Masaya no comienza con su captura, pero fue entonces cuando se volvió irrefutable. Hasta enero de 2025, su nombre apenas era conocido fuera de los círculos judiciales y académicos en Guatemala; no era más que un abogado. Pero bastó con una orden de captura —emitida por el Ministerio Público y sus secuaces— para que su rostro se convirtiera en el símbolo de una generación de operadores de justicia perseguidos por atreverse a tocar los nervios sensibles del poder. Se le acusó de falsedad ideológica, un cargo ambiguo que ha funcionado como una caja vacía: puede aplicarse a cualquiera que incomode a los intereses enquistados en las instituciones. Fue arrestado sin juicio, sin pruebas sólidas conocidas, sin garantías de un proceso independiente; así comienza este capítulo.

Masaya no sólo resistió el encierro: se postuló para una plaza en la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y ganó. Este hecho, que podría parecer una mera curiosidad burocrática o un accidente estadístico, resume una contradicción central en la coyuntura política actual del país. Que un hombre privado de su libertad —en prisión preventiva, sin condena firme— sea designado para ocupar un cargo en una de las instituciones más influyentes no es una anomalía: es un síntoma. El CANG no es una asociación profesional cualquiera; tiene voz en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, es decir, está en el corazón mismo del sistema judicial. La elección de Masaya, entonces, no solo representa un acto de apoyo personal, sino una declaración política, un rechazo frontal a la persecución y un recordatorio de que el sistema ha perdido legitimidad incluso entre quienes alguna vez creyeron en él.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con el aval del juez Fredy Orellana, lo vinculó al “Caso Corrupción Semilla”, acusándolo de haber legalizado firmas sin la presencia del promotor del partido político en 2018. Pese a su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, el juez ordenó prisión preventiva, interpretada como una forma de intimidación. Masaya permaneció encarcelado durante casi seis meses en instalaciones militares y en el Preventivo de la zona 18 hasta julio de 2025, cuando la jueza María del Carmen López Zamora, del Juzgado Séptimo de lo Penal, le revocó la medida y le otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, además de restricciones como presentaciones periódicas. Masaya denunció que los traslados nocturnos a una celda común eran un mecanismo para quebrar su voluntad. Según él: “El juez Orellana me negó todos los beneficios procesales a los que tenía derecho… y utilizó los traslados de madrugada como un medio de presión.”

Dos días después de quedar en libertad, fue juramentado como prosecretario del CANG, cargo para el que había sido electo en febrero. Su nombramiento forma parte del período 2025–2027, elegido por abogados, politólogos y sociólogos en una contienda marcada por disputas legales entre planillas y tribunales —y un tráfico infernal—. La Planilla 10 —encabezada por Patricia Gámez, exjueza y excandidata a la fiscal general— se consolidó como una propuesta caracterizada por su discurso de renovación institucional, defensa del Estado de derecho y exigencia de transparencia en la selección de altos cargos judiciales, especialmente en las Comisiones de Postulación del Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.

De acuerdo con las actas de juramentación, fue investido oficialmente y asumió un compromiso público de actuar en defensa de los intereses de los agremiados y del fortalecimiento ético del Colegio. El caso de Masaya plantea un ejercicio inusual de los derechos: fue procesado siendo candidato, resultó electo en ausencia y solo pudo asumir el cargo tras recuperar parcialmente su libertad bajo medidas judiciales. Aunque sus simpatizantes lo aplauden como un legítimo defensor del derecho de asociación y de la independencia profesional, también ha sido cuestionado —por críticos del gremio— desde la óptica de la ética notarial, a la espera del juicio programado para abril de 2026.

Su nombramiento permite a la Junta Directiva ejercer plenamente sus funciones y abre el camino a una evaluación pública de su gestión institucional: sus acciones podrían convertirse en un modelo de integridad profesional si logra impulsar reformas, transparencia y participación gremial sin injerencia política; o bien, derivar en pérdida de confianza si el proceso penal concluye con una condena.

Se trata de una prueba para el sistema jurídico guatemalteco: puede procesar y encarcelar a un profesional electo, pero también puede abrir espacios para la restitución de derechos y la participación interna.