Es un momento de gran dramatismo para Guatemala, una nación que parece experimentar la proverbial década en el lapso de los años de otros países. La inusual confluencia de votaciones para tres instituciones legales clave —la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el cargo actual de Porras como fiscal general— se ha convertido este año en una batalla de alto riesgo por el estado de derecho. Las elecciones presidenciales son el próximo año, y las instituciones bien podrían moldear el contorno de ese proceso y del gobierno que le siga, tal como lo hicieron en el último ciclo electoral.

En los últimos cuatro años, Consuelo Porras ha sido vista como la actriz principal en los esfuerzos por frustrar y, de hecho, impedir la administración del presidente Bernardo Arévalo. Sus críticos, a nivel nacional e internacional, alegan que ha abusado de sus poderes procesales, ha frustrado investigaciones de corrupción y, en general, ha servido a los intereses de las élites que se oponen a la elección de Arévalo y a los avances en la independencia judicial y procesal; sus defensores son igualmente fervientes en su apoyo a su firme negativa a ceder ante la oposición interna y la presión internacional.

Parece que algunos de sus aliados en el proceso de selección judicial podrían haberla abandonado. No hace mucho, era la favorita para ganar un escaño en la Corte de Constitucionalidad, un cargo que anhelaba profundamente. Sin embargo, obtuvo cero votos de los miembros de las dos instituciones en las que había confiado para ser seleccionada. Probablemente, sus posibilidades no se vieron favorecidas por un anuncio de las Naciones Unidas durante la semana de elecciones sobre acusaciones de que, como directora de un hogar temporal para niños y su tutora legal, Porras había aprobado personalmente unas 80 adopciones ilegales de niños separados de sus padres durante el conflicto armado.

Su última opción fue un intento de último minuto para un tercer mandato sin precedentes de cuatro años como fiscal general. Esto requiere lograr entrar en una lista corta de seis candidatos designados por una comisión evaluadora (comisión de postulación), para luego ser elegida por el presidente. «En silencio y a través de una mandataria», según un reporte de los medios, presentó su solicitud. Para mantenerla en la silla de fiscal general (y protegida por una generosa inmunidad legal) para un tercer mandato sin precedentes, algunos simpatizantes, incluidos cabilderos pagados, se pusieron a trabajar para convencer al secretario de Estado Rubio y a la administración Trump de que Estados Unidos incline la balanza y persuada al presidente Arévalo de que la elija.

Decir que Arévalo y Porras tienen historia es quedarse muy corto. Como fiscal general en funciones en 2023, Porras hizo todo lo posible para evitar que Arévalo, un ganador sorpresivo y contundente en las elecciones presidenciales de ese año, asumiera el cargo. Ella fue fundamental para despojar a su partido político de su estatus legal al acusarlo de fraude, dejando así a su gobierno huérfano en el Congreso mientras la investigación se prolongaba. Una vez que fue investida —solo gracias a una decisión de la Corte de Constitucionalidad que anuló los esfuerzos por bloquearlo—, ella siguió siendo el único remanente del antiguo régimen, negándose a irse cuando Arévalo solicitó su renuncia en su primera semana en el cargo. Desde entonces, ha intentado procesar a Arévalo en múltiples ocasiones, además de investigar, arrestar y/o buscar la destitución del procurador general y de muchos de sus altos funcionarios, generalmente por motivos relacionados con cuestionamientos a sus acciones. Pero su rango de objetivos es mucho más amplio que eso.

Un informe de Cristosal (una organización de derechos humanos de la que soy miembro de la junta directiva) documentó 100 casos solo en 2024 en los que la oficina de Porras intentó criminalizar y silenciar la defensa de los derechos humanos, la abogacía (incluidos aquellos en el servicio público) y la libertad de expresión. Un consorcio de organizaciones de derechos humanos ha llamado la atención desde entonces sobre la «criminalización de miles de personas y el exilio de más de 100». A lo largo del mandato de Arévalo, ha sido vista ampliamente como el peón de una élite corrupta decidida a no permitir que el control de la fiscalía y el poder judicial se le escape de las manos, como ocurrió durante los mandatos de sus predecesores.

Hasta el último momento había incertidumbre sobre qué sucedería. Parecía muy probable que el nombre de Porras estuviera en la nómina de los seis finalistas que se entregaría a Arévalo. Él ya la había descartado públicamente y dijo en su momento que «sería difícil encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras». Arévalo y Guatemala han sobrevivido a los recortes de ayuda y los aumentos de aranceles del último mandato de Trump principalmente evitando confrontaciones y mostrándose complacientes. Sin embargo, aunque aceptar a Porras parecía una línea que Arévalo no cruzaría, incluso entre sus partidarios surgió la preocupación de que una presión firme de Washington pudiera forzarlo a tragarse esa píldora envenenada.

Esa era la misión de los defensores y cabilderos de Porras, quienes renovaron sus esfuerzos para revertir la narrativa a favor de la asediada fiscal general. Sus esfuerzos por reescribir su historia se remontan a varios años atrás en una larga serie de publicaciones. Alegan que el gobierno de EE. UU., los defensores del estado de derecho, los activistas de derechos humanos y la Unión Europea lo han pintado todo al revés. Porras, según dicen, es la verdadera cruzada anticorrupción, que nada con valentía contra la corriente enfrentándose a una vasta conspiración internacional. ¿Las sanciones emitidas en su contra desde 2021 basadas en evidencia creíble de acciones corruptas? Todo esto es simplemente política sucia orwelliana para difamarla al servicio de la «agenda globalista criminal» de la administración Biden. Ahora instan al equipo de Trump a reconocer su historial como una aliada indispensable, «una figura clave en el éxito de ‘America First'».

Las publicaciones a favor de Porras a veces son enrevesadas y endebles, refiriéndose a fuentes que no respaldan lo que se afirma. Pero son inequívocas en sus afirmaciones sobre su rectitud legal y su enorme papel en la protección de la seguridad de los EE. UU. al aplicar la ley con celo en Guatemala. Para los no iniciados, la avalancha de artículos puede ser efectiva, creando una nube de acusaciones mutuas de corrupción que es casi imposible de desentrañar.

Pero la evidente verdad sobre el historial de Porras ha estado oculta a plena vista.  Los datos de los propios informes anuales de Porras revelan un historial asombroso de abandono o desestimación de casos con poca o ninguna investigación. Durante su mandato, su oficina ha rechazado más de 3.7 millones de denuncias penales. Porras se ha presentado como hipereficiente, tuiteando afirmaciones de eficiencia fiscal muy por encima del 100 por ciento. Su habilidad como fiscal y gestora de imagen es verdaderamente audaz. Contabiliza los casos rechazados o archivados con poca o ninguna investigación como «resueltos», inflando sus cifras hasta poder afirmar ser la fiscal más eficaz en la historia de Guatemala.

¿Cuáles son esos millones de casos que Porras desechó? Según la ley guatemalteca, se dividen en «inadmisibles» (desestimados) o «archivados». Las denuncias desestimadas son una categoría particularmente estrecha: aquellas que legalmente ni siquiera podrían constituir un delito. Si la denuncia es grave, se requiere aprobación judicial. La decisión de rechazar una denuncia debe tomarse dentro de los 20 días, lo que deja en claro que no se lleva a cabo una investigación significativa.

Si quitamos esas «victorias», los números cuentan una historia muy diferente, como lo han documentado dos informes distintos en los últimos 18 meses. Consuelo Porras no solo tuvo mucho menos éxito que sus predecesores a la hora de presentar cargos, sino que también fue históricamente inepta para prevalecer en los tribunales. De los casi 4 millones de casos, desestimó el 93 por ciento sin presentar cargos. Solo alrededor del 1.4 por ciento dio lugar a condenas. Todo esto a pesar de contar con un presupuesto dos veces y medio superior al de su predecesor.

Pero en política la razón suele imponerse a quien hace más ruido ante los públicos más influyentes. Fueron días de tensión, con la embajada involucrada en un pulso por incidir en la designación del magistrado que el Congreso debía nombrar para la Corte de Constitucionalidad. El encargado de negocios, John Barrett, realizó llamadas reiteradas a legisladores guatemaltecos para respaldar la elección de Roberto Molina Barreto. Tras un giro significativo en las votaciones, Molina Barreto fue finalmente designado. La presión de la Embajada de EE.UU. en estos asuntos es prácticamente una tradición, aunque este ciclo podría considerarse contrario a las advertencias de no permitir la «contaminación» por parte de criminales en roles vitales.

Roberto Molina Barreto ha rechazado las acusaciones de que sus fallos hayan favorecido a estructuras del narcotráfico. Su trayectoria ha estado rodeada de controversias, entre ellas su participación en la resolución de la Corte de Constitucionalidad que anuló la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt, así como decisiones recientes que afectaron al partido de Bernardo Arévalo en 2023. Su perfil se ubica claramente en el espectro conservador; sin embargo, no existen indicios concluyentes de que su actuación esté alineada con la fiscal general Consuelo Porras.

Sorprendentemente, tras la designación de Molina Barreto, Washington reconfiguró la dirección de su embajada. John Barrett fue trasladado a Venezuela tras apenas tres meses en el cargo, en medio de un reacomodo diplomático regional, mientras Jorgan Andrews asumió como reemplazo temporal. ¿Qué implica ese relevo? 

En contraste, en cuanto a Consuelo Porras, el panorama no cambió significativamente. A pesar de que la Comisión Postuladora la había premiado con la puntuación más alta entre los aspirantes, al final no fue seleccionada para integrar la nómina final. Los altos funcionarios estadounidenses aparentemente continúan evitando acercarse a ella. A pesar de la circulación en redes sociales de un video burdamente alterado por sectores afines que sugería lo contrario, el Departamento de Estado no dio indicios de querer revertir las sanciones en su contra.

Es posible que en Washington se haya considerado que Porras acumula demasiado desgaste político. Bajo esa lógica, respaldarla no ofrecería mayores beneficios, sobre todo si implica tensionar la relación con un aliado históricamente complaciente en la región. Además, varios de los finalistas podrían garantizar, en distinta medida, la protección de intereses del sector privado sin el costo reputacional que ella arrastra. De hecho, entre los nombres incluidos en la nómina difícilmente puede hablarse de una acumulación significativa de perfiles con independencia plenamente demostrada. En ese contexto, queda por ver qué margen percibirá Bernardo Arévalo para elegir a alguien que realmente le genere confianza.

No obstante, para quienes han observado en la gestión de Consuelo Porras una ruptura particular con la fidelidad a la ley y un uso abusivo de la institución, su exclusión podría interpretarse como un alivio momentáneo. Sin embargo, la lectura del proceso apunta a un defecto más profundo que no fue neutralizado con la votación en su contra.

La pregunta de fondo es una sola: ¿cómo alguien con ese historial logra superar el filtro de las comisiones de postulación? El proceso ha sido criticado por funcionar como un mercado de manipulación de votos. En la práctica, el desempeño profesional tiene un peso limitado, ya que predominan criterios como la antigüedad, con 60 puntos, y los títulos académicos, con 28. El resultado de esta fórmula es que Consuelo Porras obtuvo la calificación más alta, 92 de 100, sin que ello refleje necesariamente el mérito de resultados profesionales.

El esquema de puntuación es absurdamente formalista y está inclinado hacia la antigüedad por encima de la capacidad demostrada. La comisión y los aspirantes gastaron energía discutiendo y debatiendo exhaustivamente si los primeros diez años de experiencia debían recibir el mismo peso que los adicionales. Estos temas palidecen frente a la importancia de medir la calidad y competencia. En conjunto, el sistema parece diseñado para preservar el statu quo, favoreciendo el cumplimiento de requisitos formales por encima de la valoración del mérito sustantivo.

El hecho de que haya sido rechazada en la votación final solo subraya la falla estructural del sistema. Una persona que, según los criterios “objetivos” de lo profesional, académico y proyección humana, obtuvo una de las calificaciones más altas, ni siquiera logra ubicarse entre los finalistas. La pregunta entonces es qué aspecto quedó fuera de la evaluación y no es capturado por la gradación.

De los propios informes anuales del Ministerio Público se desprenden señalamientos sobre una profunda abdicación de la responsabilidad de investigar, sin mencionar la criminalización y sus maniobras para evitar profundizar en casos de corrupción. Si estos elementos fueron los que inclinaron a la mayoría de comisionados a votar en contra, se trataría de razones sustantivas y plenamente relevantes. Pero en ese caso, la interrogante persiste: ¿qué utilidad real tiene un sistema de gradación si no logra reflejar los factores determinantes de la idoneidad?

Las comisiones de evaluación, concebidas inicialmente como un mecanismo de reforma, han terminado reproduciendo más de los mismo. Independientemente de cómo se valore la decisión sobre Consuelo Porras, el proceso que conduce a ella difícilmente puede generar confianza, ni en el presente ni de cara a futuras designaciones.

Una gran responsabilidad recae en el Estado guatemalteco, que no ha logrado desarrollar la capacidad de evaluar de manera sistemática el desempeño del sistema de justicia. Guatemala carece de una institución confiable y autónoma para el análisis de este desempeño, por lo que la evaluación ha quedado en manos de actores privados con intereses específicos. La ausencia de mediciones continuas en los últimos años traslada una presión excesiva a los procesos de selección, que no cuentan con herramientas suficientes para recuperar la credibilidad institucional. Se trata de un rezago que el país y su población no pueden permitirse prolongar.