En compras públicas rige una regla no escrita: cuando se cierra una puerta formal, se abre una ventana práctica. En el pasado reciente, cada “apriete” legal activó, casi de inmediato, una válvula de escape política. Cada vez que se endureció por “dentro” la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), se aflojó por “fuera” la ejecución mediante carriles paralelos. Históricamente, cada reforma que introduce candados a las compras públicas es seguida por disposiciones específicas que abren atajos para evadir el endurecimiento de las normas generales. El resultado es una acumulación de parches, no un cambio del sistema. Desde su promulgación original en 1992, esta ley ha sido reformada más de una decena de veces, generalmente en respuesta a escándalos o urgencias políticas. Tras las masivas protestas anticorrupción de 2015 y la caída del gobierno de entonces, se impulsaron cambios orientados a combatir la corrupción y transparentar las compras públicas. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron críticas de que estas reformas habían vuelto engorroso el sistema y que era necesario buscar mecanismos de agilización de las adquisiciones. En resumen, el patrón de comportamiento en materia de compras públicas ha sido un debate persistente entre privilegiar la transparencia y el control versus agilizar las compras y facilitar la gestión estatal. Se discute poco, en cambio, la necesidad de reformar el sistema de adquisiciones públicas como tal; un sistema que va más allá de la LCE y que involucra a una miríada de instituciones y cuerpos normativos distintos.

Este patrón se reconoce también en el diagnóstico del propio debate: sucesión de parches que amplifican problemas en vez de resolver causas de fondo. Como ha señalado “quien escribe”, “las constantes reformas a la ley son prueba inequívoca que a más ‘parches’, más insatisfacción con los resultados y más necesidad de ‘parches’ en el futuro”. La consecuencia es conocida: pese a candados y retoques, persisten opacidad, ineficacia e incluso corrupción; el péndulo mueve la aguja normativa, pero no altera los incentivos que gobiernan la práctica. Y cuando la aguja legal no se mueve lo suficiente, surgen las válvulas de escape: estados de calamidad y urgencia nacional, compras por excepción, ampliación de facultades discrecionales de los responsables últimos de las adquisiciones, fideicomisos y carriles paralelos que, en la práctica, permiten sortear la LCE sin necesidad de reformarla. Esta combinación —apriete legal más atajo práctico— explica por qué se sigue gobernando por excepción y gestionando con atajos, en lugar de reformar el sistema para que funcione bien en condiciones normales.

La política ha administrado el péndulo. Primero, reacciones defensivas cuando el clima lo demanda, intentando recuperar legitimidad con concesiones en transparencia e introducción de estrictos candados; casi siempre para atajar abusos visibles más que para rediseñar el sistema completo. Luego, consensos pragmáticos presentados como “ajustes técnicos” que, en realidad, responden a presiones de grupos con interés que han visto reducido su coto de caza. Después, el impasse: se reconoce la importancia de una reforma integral, pero nadie se atreve a dar el paso decisivo ante la probabilidad de que el resultado final sea negativo para los intereses de cada bando. Más tarde, el retorno del péndulo hacia la discrecionalidad: aprovechando coyunturas como la pandemia y mayorías coyunturales en el Congreso, se promueven reformas como solución para acelerar obra pública y descentralizar la ejecución, hasta que los pesos y contrapesos democráticos actúan y frenan retrocesos percibidos.

Si el hilo conductor es el péndulo y sus válvulas, la salida no está en “apretar más” ni en “aflojar mejor”, sino en cambiar la lógica: pasar del ritual normativo al desempeño con valor por dinero; de candados ex ante a controles ex post que sí sancionen; de compradores asustados a compradores profesionales con carrera; de procesos en papel a sistemas digitalizados; de discrecionalidad a cumplimiento de parámetros verificables; y del cumplimiento formal de requisitos al monitoreo y evaluación de resultados. De lo contrario, se repetirá la inercia ya advertida: “Materia suficiente para una reforma profunda existe de sobra; lo que falta es la voluntad para hacer todo el trabajo político y técnico”. Traducido al lenguaje del péndulo: mientras el costo político de tocar incentivos sea mayor que el de pegar otro parche, habrá más apriete por dentro y más fugas por fuera. Y el ciudadano —que paga la cuenta— seguirá sin obras a tiempo, sin calidad y sin confianza.

El clima político actual, si se repitiera el patrón de la década y se atendiera el propio discurso de integridad del partido gobernante, sugeriría que toca fase de “apriete”. Pero el sistema no se endereza por ese carril, como tampoco por mediante fórmulas de “agilización” que abren válvulas y excepciones. Entre apretar y abrir atajos solo cambia la forma del trámite; el sistema queda igual. Seguir discutiendo la dureza de la tuerca o la amplitud de la válvula es seguir presos del péndulo.