Lo políticamente traumáticos que han sido los años desde la expulsión de la CICIG (o antes tal vez, desde la reversión de la condena por genocidio) debieron haber ofrecido suficiente material para gestar lecciones sobre el ejercicio político de búsqueda de reforma institucional en el país. Además de confirmar que no hemos inventariado tal conocimiento, lo de los pasados días en el Congreso deja ya en desnudo una lógica institucional del ejercicio del poder (sobre todo en esos que se animan a llamarse «reformistas» y que encontraron su gran escuela de praxis política en la Guatemala de los 90) que empieza a cuajar en otra oportunidad perdida para nuestra ya abultada colección nacional.

Hablo de una lógica porque existen reflejos repetitivos y reconocibles: están en la concepción de la CICIG, en la búsqueda de justicia (pero cristalización de impunidad sistemática) a través del litigio estratégico y en cortes multilaterales, en la energía desproporcionada que este gobierno asignó a su relación con Washington, en la forma en cómo Arévalo pretendió abordar la incapacidad del Estado en construir infraestructura, en la justificación original del sistema de comisiones de postulación. No son accidentes ni errores aislados, son síntomas de una forma de concebir el ejercicio del poder que, especulo aquí, fue institucionalizada en los años 90s, que este gobierno, sus habilitadores ideológicos, políticos, diplomáticos y sociales, reproducen sin cuestionarla. Quisiera esbozar algunos de esos reflejos (los llamo así precisamente porque no constituyen un programa coherente de reforma, sino respuestas casi automáticas ante el ejercicio del poder) con el propósito de reconocer su esterilidad frente a los objetivos que dicen perseguir, y de empezar a reconocer la necesidad de pensar otras formas de praxis de reforma política.

El primero (y quizá el más estructural) es la admisión de los llamados «sectores» como unidad política básica. Son estos grupos organizados en torno a intereses concretos —el sector sindical, el empresarial, el académico, la sociedad civil, la comunidad internacional— los que constituyen la unidad básica del poder político en Guatemala. Con ellos se delibera, con ellos se negocia, con ellos se gobierna. No se busca que sea con el ciudadano individual dotado de derechos que vota, ni mucho menos hablar de otras unidades, como las estructuras de deliberación comunitaria presentes en comunidades indígenas. No. Es con los sectores representados en las mesas de diálogo, desconectados de una aspiración unitarista de ciudadanía y que ni siquiera tienen mecanismos de rendición de cuentas con sus representados.

La implicación es que las decisiones políticas se convierten en un permanente juego de distribución de intereses entre sectores representados, mecánicamente difíciles de tomar e imposibles de implementar con realismo. Los resultados, entonces, son democráticamente huecos. No existe aquí ni siquiera una aspiración de soberanía popular en el sentido republicano liberal. El resultado predecible es un ambiente estructural de ingobernabilidad, y la reforma se vuelve sistémicamente imposible: cualquier cambio real implica alterar el comportamiento de los mismos actores que controlan las mesas de diálogo.

El segundo reflejo es la pésima costumbre de buscar siempre y en primer lugar validación internacional, principalmente de Washington, para decisiones de política doméstica. ¿Por qué se ha normalizado, por ejemplo, consultar a la embajada de EEUU sobre los antecedentes de candidatos a magistrados de Salas de Apelaciones que resuelven cuestiones tan anodinas como divorcios? Este hábito descansa en una creencia casi dogmática en la omnisciencia del hegemón, compartida, hay que decirlo, por la izquierda y la derecha por igual, que renuncia sin mayor resistencia a pequeños espacios de soberanía que podrían hacer una diferencia real en el goce cotidiano de derechos ciudadanos. No se trata de suscribir la ingenuidad de negar los límites del ejercicio soberano en un contexto de neoimperialismo creciente, sino de señalar la haraganería política de quienes entregan esos espacios sin siquiera intentar construir coaliciones domésticas que los sostengan.

De esto emanan dos consecuencias. Por un lado, al igual que el primer reflejo, constituye un obstáculo directo a la construcción de soberanía popular: las decisiones que no nacen de coaliciones locales no desarrollan raíces, y sin raíces no sobreviven. Por otro, la creciente volatilidad de la política doméstica estadounidense y la imprevisibilidad de sus doctrinas internacionales vuelven este reflejo activamente peligroso, como ilustra la crisis en el Congreso sobre la elección del magistrado a la Corte de Constitucionalidad, que volvió a manifestarse el pasado jueves. No es casualidad, entonces, que los triunfos contra la impunidad bajo esta lógica sean efímeros: sin un fundamento político local que los ancle, no cristalizan en justicia sino en episodios, celebrados en su momento, revertidos apenas unos años después.

Descritos los dos primeros reflejos, vale la pena hacer una declaración explícita de historicidad. El hecho de que estos reflejos sean epocales de los años 90s no es casualidad ni mero accidente intelectual. Esto tiene que ver con las brutales consecuencias de más de treinta años de represión política desde el Estado. Se acribilló el ejercicio político ciudadano, y la oposición beligerante tenía desconfianzas plenamente legítimas sobre la posibilidad de un diálogo genuino. De allí la consecuencia racional: dialogar con «sectores» como unidad de representación y buscar activamente legitimación internacional como garantía de buena fe. El problema entonces no es el origen de estos reflejos, es que sobrevivieron más allá de las condiciones que los justificaron, y se convirtieron en doctrina de la oposición al sistema cuando debieron haber sido soluciones transitorias.

El primer y segundo reflejo fundamentan el tercero, igualmente epocal: la incapacidad de reivindicar el uso de la fuerza y autoridad legítima del Estado. Es plenamente justificado el escepticismo que existe en la población al respecto, puesto que durante doscientos años de vida nacional, esa autoridad se ha decantado consistentemente en violencia política. Sin embargo, los problemas contemporáneos del país encuentran su origen precisamente en la ausencia del ejercicio de prerrogativas estatales básicas, que van desde la capacidad de recaudar tributos progresivamente, hasta el uso de la fuerza para preservar la seguridad pública, hasta la aplicación de leyes para la defensa de los abundantes activos naturales del país.

La respuesta a ese escepticismo legítimo no puede ser la parálisis permanente. El problema histórico no ha sido un Estado demasiado fuerte, sino un Estado cuya fuerza se ejerció para aplastar la disidencia política en lugar de construir un corpus de funcionarios técnicos e independientes capaces de proveer bienes públicos. La distinción importa. Esto debería proveer sustento para responder políticamente a la popularidad del bukelismo, cosa que su oposición sigue sin poder hacer bien. Un cuerpo policial competente, fuerte, pero con mecanismos claros de rendición de cuentas no es el mismo a un ejército que masacró comunidades indígenas. El bukelismo tiene fundamentos democráticos legítimos precisamente porque responde (con sus evidentes vicios) a un problema real que aqueja a la totalidad de nuestras sociedades. Ignorar eso no es virtud política, es otra forma de haraganería de articulación política.

Tomados en conjunto, estos tres reflejos generan una arquitectura de lo público que no es neutral, ni política ni económicamente. Cada punto de veto añadido al sistema, cada comisión, cada mesa de diálogo, cada decisión supeditada a validación internacional es simultáneamente una sustracción a la capacidad del Estado de proveer bienes públicos a sus ciudadanos y un favor a los grupos de interés que se benefician de la falta de reforma. Este sistema tiene beneficiarios identificables.

En su ejercicio del poder desde el ejecutivo, este gobierno, electo con una plataforma que prometía ruptura, terminó reproduciendo esta lógica con una fidelidad que debería inquietarnos más que sus errores puntuales. La pregunta que deja el jueves pasado no es si falló; eso ya quedó claro. Es si alguien tendrá la lucidez de nombrar con precisión el sistema que lo derrotó, y si quedará algo que haga el trabajo del próximo esfuerzo reformista menos imposible. Ojalá este sea el último gobierno que voltea a ver los años 90s cada vez que el pueblo demanda cambios sustanciales.

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